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«La Marina Nacional ha frenado el tráfico de drogas»: Ministro Merino Monroy
La Marina Nacional ha frenado el tráfico de drogas y ha golpeado la narcoactividad con grandes cargamentos de cocaína incautadas, solo en los últimos 90 días han ejecutado siete decomisos por más de $230 millones y las intervenciones de los equipos de la Fuerza de Tarea Naval Tridente (FTNT) fueron entre 400 y 1,004 a 630 millas náuticas de la costa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó este lunes que «El Salvador ya no es un país apto para el narcotraficante» y que se mantiene con un nivel alto de intervención en alta mar.
Según el funcionario, «el adiestramiento de nuestros elementos, junto con la inversión en la modernización de la Marina Nacional, ha sido clave para que hoy podamos operar con mayor eficacia y precisión».
Para el ministro, la extraterritorialidad y los convenios internacionales facultan a la Marina Nacional desplazarse de manera legal a grandes distancias para combatir la narcoactividad y el crimen transnacional.
El Salvador tiene soberanía y jurisdicción sobre el mar hasta una distancia de 200 millas contadas desde la línea de más baja marea según el Derecho Internacional.
Pero la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y la Constitución de los Océanos, conocida como Convención sobre Derechos del Mar, señalan las aguas internacionales no están incluidas dentro de la zona económica exclusiva y no son controladas por ningún Estado, además, hay libertad para navegar y realizar cualquier actividad.
A partir de esas facultades, la Marina Nacional se ha desplazado a grandes distancias (hasta 1,004 millas náuticas o 1,859 kilómetros) y ha ganado notoriedad por las operaciones que está realizando, antes, esas acciones las hacían la armada canadiense y marina estadounidense, sostuvo el ministro de Defensa.
«Cuando se pensó el Plan Control Territorial, una de las cosas que siempre se tuvo en mente fue que El Salvador no se convirtiera en un lugar apto para el narcotráfico y lo hemos logrado, porque sacar a narcotraficantes a esa distancia, en verdad nadie más lo hace», expresó Merino Monroy.
Para el titular de Defensa, el adiestramiento y toda la inversión que el Gobierno ha hecho en equipamiento y tecnología de punta ha permitido obtener los buenos resultados en la lucha contra el narcotráfico.
Dijo incluso que las 43.4 toneladas en todo tipo de droga decomisadas en la gestión del Presidente Bukele y valuadas en $1,000 millones, ya sobrepasa lo incautado por gobiernos anteriores
Respecto al último procedimiento que la Marina Nacional realizó el pasado 15 de agosto, dijo que los detenidos y la droga están en custodia y vienen hacia la costa.
Además de las dos embarcaciones con los 1,200 kilos de cocaína valuados en $30 millones, incautaron 12 carabinas AR-15, 20 fusiles AK-47, una ametralladora M60, un fusil de francotirador Barrett y 50 cargadores con municiones.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
