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«La Marina Nacional ha frenado el tráfico de drogas»: Ministro Merino Monroy
La Marina Nacional ha frenado el tráfico de drogas y ha golpeado la narcoactividad con grandes cargamentos de cocaína incautadas, solo en los últimos 90 días han ejecutado siete decomisos por más de $230 millones y las intervenciones de los equipos de la Fuerza de Tarea Naval Tridente (FTNT) fueron entre 400 y 1,004 a 630 millas náuticas de la costa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó este lunes que «El Salvador ya no es un país apto para el narcotraficante» y que se mantiene con un nivel alto de intervención en alta mar.
Según el funcionario, «el adiestramiento de nuestros elementos, junto con la inversión en la modernización de la Marina Nacional, ha sido clave para que hoy podamos operar con mayor eficacia y precisión».
Para el ministro, la extraterritorialidad y los convenios internacionales facultan a la Marina Nacional desplazarse de manera legal a grandes distancias para combatir la narcoactividad y el crimen transnacional.
El Salvador tiene soberanía y jurisdicción sobre el mar hasta una distancia de 200 millas contadas desde la línea de más baja marea según el Derecho Internacional.
Pero la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y la Constitución de los Océanos, conocida como Convención sobre Derechos del Mar, señalan las aguas internacionales no están incluidas dentro de la zona económica exclusiva y no son controladas por ningún Estado, además, hay libertad para navegar y realizar cualquier actividad.
A partir de esas facultades, la Marina Nacional se ha desplazado a grandes distancias (hasta 1,004 millas náuticas o 1,859 kilómetros) y ha ganado notoriedad por las operaciones que está realizando, antes, esas acciones las hacían la armada canadiense y marina estadounidense, sostuvo el ministro de Defensa.
«Cuando se pensó el Plan Control Territorial, una de las cosas que siempre se tuvo en mente fue que El Salvador no se convirtiera en un lugar apto para el narcotráfico y lo hemos logrado, porque sacar a narcotraficantes a esa distancia, en verdad nadie más lo hace», expresó Merino Monroy.
Para el titular de Defensa, el adiestramiento y toda la inversión que el Gobierno ha hecho en equipamiento y tecnología de punta ha permitido obtener los buenos resultados en la lucha contra el narcotráfico.
Dijo incluso que las 43.4 toneladas en todo tipo de droga decomisadas en la gestión del Presidente Bukele y valuadas en $1,000 millones, ya sobrepasa lo incautado por gobiernos anteriores
Respecto al último procedimiento que la Marina Nacional realizó el pasado 15 de agosto, dijo que los detenidos y la droga están en custodia y vienen hacia la costa.
Además de las dos embarcaciones con los 1,200 kilos de cocaína valuados en $30 millones, incautaron 12 carabinas AR-15, 20 fusiles AK-47, una ametralladora M60, un fusil de francotirador Barrett y 50 cargadores con municiones.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
