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«La Marina Nacional ha frenado el tráfico de drogas»: Ministro Merino Monroy
La Marina Nacional ha frenado el tráfico de drogas y ha golpeado la narcoactividad con grandes cargamentos de cocaína incautadas, solo en los últimos 90 días han ejecutado siete decomisos por más de $230 millones y las intervenciones de los equipos de la Fuerza de Tarea Naval Tridente (FTNT) fueron entre 400 y 1,004 a 630 millas náuticas de la costa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó este lunes que «El Salvador ya no es un país apto para el narcotraficante» y que se mantiene con un nivel alto de intervención en alta mar.
Según el funcionario, «el adiestramiento de nuestros elementos, junto con la inversión en la modernización de la Marina Nacional, ha sido clave para que hoy podamos operar con mayor eficacia y precisión».
Para el ministro, la extraterritorialidad y los convenios internacionales facultan a la Marina Nacional desplazarse de manera legal a grandes distancias para combatir la narcoactividad y el crimen transnacional.
El Salvador tiene soberanía y jurisdicción sobre el mar hasta una distancia de 200 millas contadas desde la línea de más baja marea según el Derecho Internacional.
Pero la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y la Constitución de los Océanos, conocida como Convención sobre Derechos del Mar, señalan las aguas internacionales no están incluidas dentro de la zona económica exclusiva y no son controladas por ningún Estado, además, hay libertad para navegar y realizar cualquier actividad.
A partir de esas facultades, la Marina Nacional se ha desplazado a grandes distancias (hasta 1,004 millas náuticas o 1,859 kilómetros) y ha ganado notoriedad por las operaciones que está realizando, antes, esas acciones las hacían la armada canadiense y marina estadounidense, sostuvo el ministro de Defensa.
«Cuando se pensó el Plan Control Territorial, una de las cosas que siempre se tuvo en mente fue que El Salvador no se convirtiera en un lugar apto para el narcotráfico y lo hemos logrado, porque sacar a narcotraficantes a esa distancia, en verdad nadie más lo hace», expresó Merino Monroy.
Para el titular de Defensa, el adiestramiento y toda la inversión que el Gobierno ha hecho en equipamiento y tecnología de punta ha permitido obtener los buenos resultados en la lucha contra el narcotráfico.
Dijo incluso que las 43.4 toneladas en todo tipo de droga decomisadas en la gestión del Presidente Bukele y valuadas en $1,000 millones, ya sobrepasa lo incautado por gobiernos anteriores
Respecto al último procedimiento que la Marina Nacional realizó el pasado 15 de agosto, dijo que los detenidos y la droga están en custodia y vienen hacia la costa.
Además de las dos embarcaciones con los 1,200 kilos de cocaína valuados en $30 millones, incautaron 12 carabinas AR-15, 20 fusiles AK-47, una ametralladora M60, un fusil de francotirador Barrett y 50 cargadores con municiones.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
