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La ANEP no fue tomada en cuenta en la Mesa de Reactivación Económica
El gobierno del presidente Nayib Bukele no solo no convocó a la gremial empresarial más grande del país, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), para conformar la Mesa de Reactivación Económica, sino que rechazó su participación en las reuniones donde se definirá el mecanismo para reactivar la economía por ahora estancada a raíz de la emergencia nacional por la pandemia del covid-19.
El secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, señaló que “con representantes de la ANEP no nos vamos a sentar; nos vamos a sentar con los empresarios que quieran sumarle al país, no con los que estén haciendo agendas ni campañas políticas y ocupando esas gremiales para plataformas personales”.
Delegados del Ejecutivo se reunieron ayer con comerciantes por cuenta propia para definir la agenda que empezará a correr a partir de este lunes con la mesa de trabajo, que además estará conformada por alcaldes de varias ciudades del país.
Por parte del gobierno asistieron Ernesto Castro, la comisionada Carolina Recinos, y el ministro de Salud, Francisco Alabi; mientras que los alcaldes estuvieron representados por los areneros Ernesto Muyshondt de San Salvador, Juan Pablo Álvarez de Soyapango, Adán Perdomo de Ilopango, Alberto Estupinián de Santiago Texacuangos y Medardo Hernández Lara de San Vicente.
La parte gubernamental planteó la necesidad de guardar una cuarentena estricta durante 15 días para luego ir reabriendo las actividades económicas, que debería contener una serie de medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus.
Castro afirmó que la Mesa será instalada además de los comerciantes, empresarios y alcaldes, con representantes de la sociedad civil, empresarios y epidemiólogos para ir creando los protocolos necesarios para regir la apertura de las empresas en cada municipio.
El funcionario planteó que se abrirá la participación de empresarios para que integren la mesa de trabajo y enfatizó que serán empresarios «que quieran sumar» a los esfuerzos por resguardar la salud y la vida de los salvadoreños.
Por otra parte, Recinos señaló que el Gobierno tiene una propuesta de retorno contemplada en tres fases, y que contiene protocolos «que van desde la salida del trabajador desde su casa, como transportarse, el distanciamiento dentro del trabajo”.
“Hay gente que cree que nosotros queremos asustar o que solo queremos pasar en discusiones; pero si para defender la vida de las personas hay que discutir, nosotros lo hacemos, debemos de ser fuertes”, manifestó.
Asimismo, Alabí enfatizó que las medidas generales que serán aplicadas para realizar este retorno laboral son el confinamiento; es decir, la cuarentena domiciliar, el distanciamiento social y el protocolo de prevención.
«Si se reabre sin las medidas establecidas, habrá un repunte de casos de covid-19. Es más costoso hacer dos cierres, que hacer uno solo y reabrir cuando se disminuye la transmisión de la enfermedad», añadió.
Un trabajador de la construcción quedó soterrado la mañana de este día tras un alud de tierra ocurrido en una obra privada que se ejecuta en el sector del by pass de Osicala, departamento de Morazán.
El incidente movilizó a personal de la Oficina Distrital, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y a otros trabajadores del proyecto, quienes realizaron labores inmediatas de rescate para liberar al afectado.
Luego de ser auxiliado, el trabajador fue identificado como Fidel y trasladado al Hospital Nacional de San Francisco Gotera, donde recibe atención médica. De acuerdo con testimonios de personas presentes en el lugar, el lesionado se encontraba estable al momento de su traslado.
Las autoridades mantienen las verificaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho y reiteraron el llamado a reforzar las medidas de seguridad laboral en obras de construcción.
Principal
Fiscalía procesa a siete personas por estafa y uso de documentos falsos en perjuicio de institución financiera
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un operativo durante la madrugada que permitió la captura de siete personas acusadas de cometer delitos financieros en perjuicio de una institución financiera ubicada en la zona oriental del país.
Según el requerimiento fiscal, los imputados habrían operado mediante una estructura delictiva organizada que actuaba en diferentes fases. En la primera etapa, recolectaban documentos de identidad y elaboraban documentación falsa que posteriormente era presentada ante la entidad financiera. En una segunda fase, reclutaban personas para que facilitaran sus datos personales y colaboraran en la obtención de los créditos.
Posteriormente, los procesados se presentaban ante la institución simulando ser solicitantes legítimos de productos financieros, logrando así la aprobación de los financiamientos. Con esta modalidad, la Fiscalía establece que los imputados obtuvieron 19 créditos por un monto individual de $5,000, generando un perjuicio económico aproximado de $95,000.
De acuerdo con la investigación, parte del dinero era entregado a las personas que colaboraban con el esquema fraudulento, ya sea mediante el pago de una porción del crédito o con compensaciones económicas de hasta $100 por el uso de sus documentos personales.
Imputados y delitos atribuidos
Los detenidos son:
José Amílcar Flores
María Lorena Fuentes
Kenia Leticia Sánchez Fuentes
Carlos Alexis Sánchez Arevalo
Jessica Elizabeth Chicas Gutiérrez
Marvin Alexis Fuentes Flores
José Luis Ramos Díaz
La Fiscalía les atribuye los delitos de:
Falsedad ideológica
Uso y tenencia de documentos falsos
Estafa
Las capturas se realizaron en distintos sectores de los departamentos de San Miguel y La Unión, donde además se incautaron teléfonos celulares, documentos y otros elementos probatorios que serán incorporados al proceso penal.
Los imputados serán presentados ante los tribunales correspondientes en las próximas horas, donde la Fiscalía solicitará las medidas que conforme a derecho correspondan, mientras continúan las investigaciones para determinar si existen más personas involucradas en el caso.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó hoy que han logrado la incautación de 375 kilos de cocaína, valorados comercialmente en un aproximado de $9.4 millones.
«La embarcación fue intervenida en la bocana del Río Jiboa, límite entre San Vicente y La Paz, donde fueron capturados dos sujetos: Ubaldo Reyes Juarez, salvadoreño y Rony Eduardo Morales Fajardo, guatemalteco», informó el ministro.
En esta misión participó la Sección Táctica Operativa de Reacción Marítima (STORM), que eficazmente logró neutralizar el avance del cargamento y su ruta criminal.
Durante el procedimiento también fueron incautados dos celulares y un GPS. La lancha provenía de Nicaragua y su destino era Guatemala, dijo Villatoro.
