Judicial
Juzgado sobresee definitivamente a ocho agentes policiales acusados de tráfico de objetos prohibidos
El Juzgado 7° de Instrucción de San Salvador, sobreseyó definitivamente por los delitos de tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios, incumplimiento de deberes y agrupaciones ilícitas a ocho agentes de la Policía Nacional Civil, y cuatro personas más por considerar que el principal elemento de prueba que tenía este proceso era el testigo con régimen de protección clave “Dante” el cual mostró una clara contradicción en su declaración.
En su resolución el juez consideró que lo expuesto por el testigo clave con régimen de protección “Dante” se desprende una clara contradicción, este testigo ubica a agentes en tiempo y espacio dentro de las bartolinas de la Unidad de Servicios Extraordinarios de la Delegación Centro de San Salvador, cuando estos estaban de licencia, es decir no se encontraban dentro de las instalaciones del centro de detención en referencia los días a los que hace alusión el testigo en comento.
“Siendo evidente el testigo con régimen de protección clave “Dante”, es el principal órgano de prueba con el que cuenta este proceso, respecto a la participación de los imputados y cuando se analiza su entrevista rendida en sede fiscal a la cual se ha hecho referencia, recae en la sospecha que la misma puede no ser imparcial, en vista que no obstante el mismo testigo refiera haber participado junto a otras personas en la introducción de objetos prohibidos a las bartolinas, recibe un beneficio a cambio de declarar contra las otras personas a quienes conocía y reconoce por el hecho de haber convivido un tiempo considerable con estos, inclusive sale e ingresa nuevamente a las bartolinas por diferentes delitos, por lo tanto esto nos lleva a concluir que la credibilidad del testigo se ve disminuida, debido a las inconsistencia antes mencionadas y analizadas, aunado a ello no son corroboradas por elementos exógenos” señala la resolución
En virtud de lo anterior considera este juzgador que la conducta de los procesados Vladimir Rodríguez, Oscar Figueroa, Osmel Hernández, Francisco Pérez, Oscar Escalante, Jorge Molina, Manuel Fuentes, Luis Reyes, Juan Huezo, Gerardo Belloso, Gerson Rocha e Irvin Gracias, no se adecuan a los delitos atribuidos por existir una serie de contradicciones en la entrevista del testigo criteriado denominado clave “Dante”, que hacen que el mismo carezca de valor por no existir elementos que corroboren su relato
La Fiscalía acusó a siete agentes policiales, un inspector jefe y cuatro pandilleros que presuntamente se coordinaban entre sí para introducir celulares y otros objetos a las bartolinas, la captura se realizó el 31 de agosto de 2017.
De acuerdo a la investigación de las autoridades los agentes policiales estaban destacados al interior de la Unidad de Servicios Extraordinarios de la Policía Nacional Civil (PNC) ubicada en la Calle Concepción de San Salvador, lugar donde se encuentran las bartolinas de la Delegación Centro, presuntamente se coordinaban con los reclusos para ingresar celulares, chips y droga a las bartolinas a cambio pagos que oscilaban entre 300 a 500 dólares.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
