Judicial
Juzgado sobresee definitivamente a ocho agentes policiales acusados de tráfico de objetos prohibidos
El Juzgado 7° de Instrucción de San Salvador, sobreseyó definitivamente por los delitos de tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios, incumplimiento de deberes y agrupaciones ilícitas a ocho agentes de la Policía Nacional Civil, y cuatro personas más por considerar que el principal elemento de prueba que tenía este proceso era el testigo con régimen de protección clave “Dante” el cual mostró una clara contradicción en su declaración.
En su resolución el juez consideró que lo expuesto por el testigo clave con régimen de protección “Dante” se desprende una clara contradicción, este testigo ubica a agentes en tiempo y espacio dentro de las bartolinas de la Unidad de Servicios Extraordinarios de la Delegación Centro de San Salvador, cuando estos estaban de licencia, es decir no se encontraban dentro de las instalaciones del centro de detención en referencia los días a los que hace alusión el testigo en comento.
“Siendo evidente el testigo con régimen de protección clave “Dante”, es el principal órgano de prueba con el que cuenta este proceso, respecto a la participación de los imputados y cuando se analiza su entrevista rendida en sede fiscal a la cual se ha hecho referencia, recae en la sospecha que la misma puede no ser imparcial, en vista que no obstante el mismo testigo refiera haber participado junto a otras personas en la introducción de objetos prohibidos a las bartolinas, recibe un beneficio a cambio de declarar contra las otras personas a quienes conocía y reconoce por el hecho de haber convivido un tiempo considerable con estos, inclusive sale e ingresa nuevamente a las bartolinas por diferentes delitos, por lo tanto esto nos lleva a concluir que la credibilidad del testigo se ve disminuida, debido a las inconsistencia antes mencionadas y analizadas, aunado a ello no son corroboradas por elementos exógenos” señala la resolución
En virtud de lo anterior considera este juzgador que la conducta de los procesados Vladimir Rodríguez, Oscar Figueroa, Osmel Hernández, Francisco Pérez, Oscar Escalante, Jorge Molina, Manuel Fuentes, Luis Reyes, Juan Huezo, Gerardo Belloso, Gerson Rocha e Irvin Gracias, no se adecuan a los delitos atribuidos por existir una serie de contradicciones en la entrevista del testigo criteriado denominado clave “Dante”, que hacen que el mismo carezca de valor por no existir elementos que corroboren su relato
La Fiscalía acusó a siete agentes policiales, un inspector jefe y cuatro pandilleros que presuntamente se coordinaban entre sí para introducir celulares y otros objetos a las bartolinas, la captura se realizó el 31 de agosto de 2017.
De acuerdo a la investigación de las autoridades los agentes policiales estaban destacados al interior de la Unidad de Servicios Extraordinarios de la Policía Nacional Civil (PNC) ubicada en la Calle Concepción de San Salvador, lugar donde se encuentran las bartolinas de la Delegación Centro, presuntamente se coordinaban con los reclusos para ingresar celulares, chips y droga a las bartolinas a cambio pagos que oscilaban entre 300 a 500 dólares.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
Baltazar Rivera fue sentenciado a 12 años de prisión por haber agredido sexualmente a una niña desde que tenía cinco años. Los abusos se cometieron durante 2016 al 2020 en Sacacoyo, La Libertad Oeste, así lo dictó el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Rivera habitaba en el mismo terreno dónde vivía la víctima y cuando ella salía al sanitario, él la tomaba por la fuerza y la abusaba sexualmente. En otras ocasiones, la obligaba a entrar a su casa para agredirla.
El fiscal del caso informó que Rivera tenía medidas sustitutivas a la detención por orden judicial, sin embargo, durante el juicio fueron revocadas por el referido Tribunal, el cual ordenó su detención al condenarlo por el delito de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
