Judicial
Juzgado sobresee definitivamente a ocho agentes policiales acusados de tráfico de objetos prohibidos
El Juzgado 7° de Instrucción de San Salvador, sobreseyó definitivamente por los delitos de tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios, incumplimiento de deberes y agrupaciones ilícitas a ocho agentes de la Policía Nacional Civil, y cuatro personas más por considerar que el principal elemento de prueba que tenía este proceso era el testigo con régimen de protección clave “Dante” el cual mostró una clara contradicción en su declaración.
En su resolución el juez consideró que lo expuesto por el testigo clave con régimen de protección “Dante” se desprende una clara contradicción, este testigo ubica a agentes en tiempo y espacio dentro de las bartolinas de la Unidad de Servicios Extraordinarios de la Delegación Centro de San Salvador, cuando estos estaban de licencia, es decir no se encontraban dentro de las instalaciones del centro de detención en referencia los días a los que hace alusión el testigo en comento.
“Siendo evidente el testigo con régimen de protección clave “Dante”, es el principal órgano de prueba con el que cuenta este proceso, respecto a la participación de los imputados y cuando se analiza su entrevista rendida en sede fiscal a la cual se ha hecho referencia, recae en la sospecha que la misma puede no ser imparcial, en vista que no obstante el mismo testigo refiera haber participado junto a otras personas en la introducción de objetos prohibidos a las bartolinas, recibe un beneficio a cambio de declarar contra las otras personas a quienes conocía y reconoce por el hecho de haber convivido un tiempo considerable con estos, inclusive sale e ingresa nuevamente a las bartolinas por diferentes delitos, por lo tanto esto nos lleva a concluir que la credibilidad del testigo se ve disminuida, debido a las inconsistencia antes mencionadas y analizadas, aunado a ello no son corroboradas por elementos exógenos” señala la resolución
En virtud de lo anterior considera este juzgador que la conducta de los procesados Vladimir Rodríguez, Oscar Figueroa, Osmel Hernández, Francisco Pérez, Oscar Escalante, Jorge Molina, Manuel Fuentes, Luis Reyes, Juan Huezo, Gerardo Belloso, Gerson Rocha e Irvin Gracias, no se adecuan a los delitos atribuidos por existir una serie de contradicciones en la entrevista del testigo criteriado denominado clave “Dante”, que hacen que el mismo carezca de valor por no existir elementos que corroboren su relato
La Fiscalía acusó a siete agentes policiales, un inspector jefe y cuatro pandilleros que presuntamente se coordinaban entre sí para introducir celulares y otros objetos a las bartolinas, la captura se realizó el 31 de agosto de 2017.
De acuerdo a la investigación de las autoridades los agentes policiales estaban destacados al interior de la Unidad de Servicios Extraordinarios de la Policía Nacional Civil (PNC) ubicada en la Calle Concepción de San Salvador, lugar donde se encuentran las bartolinas de la Delegación Centro, presuntamente se coordinaban con los reclusos para ingresar celulares, chips y droga a las bartolinas a cambio pagos que oscilaban entre 300 a 500 dólares.
Un total de 428 miembros de estructuras criminales han sido condenados a penas que en algunos casos superan los 800 años de cárcel, como resultado de investigaciones conjuntas entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Las sentencias fueron emitidas por los Tribunales Contra el Crimen Organizado entre el 28 de abril y el 25 de julio.
Las autoridades detallaron que las pruebas presentadas lograron demostrar la participación de estos individuos en delitos como homicidio, extorsión, desaparición de personas, violaciones y otros crímenes cometidos en distintos puntos del país.
Uno de los casos más relevantes es el de Herbert Luis Sánchez Cruz, alias Cuchara, quien fue condenado a 807 años de prisión por 20 homicidios cometidos como parte de la clica Saylor Locos Salvatruchos de la MS-13. Otros pandilleros de la misma estructura recibieron penas similares: Gerber López Mejía (Aliens), 727 años; y Melquisidec Jiménez Zavala (Yaspers), 663 años, por crímenes cometidos entre 2017 y 2019 en San Miguel.
En total, 66 pandilleros de esa estructura fueron sentenciados. A ellos se suman otros 23 terroristas que operaban en San Miguel, La Unión y La Libertad, incluyendo a Douglas Isaac Urías Hernández, condenado a 230 años de prisión.
En el occidente del país, 56 pandilleros más fueron condenados a penas de hasta 180 años por delitos cometidos en municipios como Tamanique, Chiltiupán y Teotepeque. La mayor sentencia fue para Henry Giovanni Lobos Pérez.
Finalmente, 15 mareros que delinquían en Usulután, Morazán y La Unión también recibieron penas de hasta 155 años. Entre ellos figura Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias Satánico, señalado por múltiples homicidios cometidos entre 2015 y 2018.
Las autoridades sostienen que estos resultados son parte del combate frontal al crimen organizado en el marco del régimen de excepción y las estrategias de seguridad impulsadas en el país.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
