Judicial
Juzgado sobresee definitivamente a ocho agentes policiales acusados de tráfico de objetos prohibidos
El Juzgado 7° de Instrucción de San Salvador, sobreseyó definitivamente por los delitos de tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios, incumplimiento de deberes y agrupaciones ilícitas a ocho agentes de la Policía Nacional Civil, y cuatro personas más por considerar que el principal elemento de prueba que tenía este proceso era el testigo con régimen de protección clave “Dante” el cual mostró una clara contradicción en su declaración.
En su resolución el juez consideró que lo expuesto por el testigo clave con régimen de protección “Dante” se desprende una clara contradicción, este testigo ubica a agentes en tiempo y espacio dentro de las bartolinas de la Unidad de Servicios Extraordinarios de la Delegación Centro de San Salvador, cuando estos estaban de licencia, es decir no se encontraban dentro de las instalaciones del centro de detención en referencia los días a los que hace alusión el testigo en comento.
“Siendo evidente el testigo con régimen de protección clave “Dante”, es el principal órgano de prueba con el que cuenta este proceso, respecto a la participación de los imputados y cuando se analiza su entrevista rendida en sede fiscal a la cual se ha hecho referencia, recae en la sospecha que la misma puede no ser imparcial, en vista que no obstante el mismo testigo refiera haber participado junto a otras personas en la introducción de objetos prohibidos a las bartolinas, recibe un beneficio a cambio de declarar contra las otras personas a quienes conocía y reconoce por el hecho de haber convivido un tiempo considerable con estos, inclusive sale e ingresa nuevamente a las bartolinas por diferentes delitos, por lo tanto esto nos lleva a concluir que la credibilidad del testigo se ve disminuida, debido a las inconsistencia antes mencionadas y analizadas, aunado a ello no son corroboradas por elementos exógenos” señala la resolución
En virtud de lo anterior considera este juzgador que la conducta de los procesados Vladimir Rodríguez, Oscar Figueroa, Osmel Hernández, Francisco Pérez, Oscar Escalante, Jorge Molina, Manuel Fuentes, Luis Reyes, Juan Huezo, Gerardo Belloso, Gerson Rocha e Irvin Gracias, no se adecuan a los delitos atribuidos por existir una serie de contradicciones en la entrevista del testigo criteriado denominado clave “Dante”, que hacen que el mismo carezca de valor por no existir elementos que corroboren su relato
La Fiscalía acusó a siete agentes policiales, un inspector jefe y cuatro pandilleros que presuntamente se coordinaban entre sí para introducir celulares y otros objetos a las bartolinas, la captura se realizó el 31 de agosto de 2017.
De acuerdo a la investigación de las autoridades los agentes policiales estaban destacados al interior de la Unidad de Servicios Extraordinarios de la Policía Nacional Civil (PNC) ubicada en la Calle Concepción de San Salvador, lugar donde se encuentran las bartolinas de la Delegación Centro, presuntamente se coordinaban con los reclusos para ingresar celulares, chips y droga a las bartolinas a cambio pagos que oscilaban entre 300 a 500 dólares.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
