Judicial
JUSTICIA: Condenan a siete infames asesinos de San Juan Opico
Condenan a siete pandilleros a penas que oscilan entre cuatro y 100 años de prisión por agrupaciones ilícitas y cinco homicidios
El Juzgado Especializado de Sentencia “A” de San Salvador condenó a siete pandilleros a penas que oscilan entre los cuatro y 100 de prisión, por los delitos de agrupaciones ilícitas y cinco homicidios agravados, cometidos en el municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad.
Los condenados a cuatro años de prisión son los pandilleros Luis Ernesto Peña y José Alejandro Cruz, por el delito de agrupaciones ilícitas; asimismo, fue condenado 10 años de prisión Óscar Saúl López, por agrupaciones ilícitas.
Además, fueron condenados a 34 años de prisión Edwin Alexander Landaverde y Cesar Antonio Juárez, por un homicidio agravado y agrupaciones ilícitas, también, fue condenado a 64 años de prisión Aníbal Martínez Aguilar, por dos homicidios agrados y agrupaciones ilícitas; finalmente,fue condenado a 100 años de prisión Óscar Ovidio Ramírez, por tres casos de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
En la audiencia se comprobó que los ahora condenados pertenecían a una pandilla que operaba en San Juan Opico, La Libertad, donde se encargaban de infundir el terror ante los pobladores, intimidándolos mediante el miedo para no ser denunciado.
Finalmente, en el fallo el juzgador se refirió al homicidio de los hermanos Leonel y Marcos Clavel, hecho ocurrido el 21 de septiembre del 2015, donde los ahora condenados vestidos de policías fueron a sacarlos de sus casas, para matarlos, según el testigo este hecho se planeó porque las víctimas tenían diferentes preferencias sexuales.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
