Judicial
Vendedor de frescos asesinado de 12 balazos estaba a punto de retomar sus estudios de bachillerato
Doce disparos fueron suficientes para que le quitaran la vida a un joven vendedor de refrescos cuando comenzaba su jornada laboral sobre la carretera de Oro, en Soyapango. Otro hombre salió lesionado, logró sobrevivir y ahora irá a los tribunales para enjuiciarlos.
Edgar Mauricio Romero tenía 19 años de edad cuando fue asesinado por dos pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) cuando apenas llevaba un par de horas laborando en una intersección de la carretera. Por falta de un trabajo formal había iniciado un negocio de refrescos y a pesar de los peligros que enfrentaba en la zona, corría el riesgo y solía meterse a los pasajes para llevar algo de dinero a su casa.
La angustiada madre, cuando llegó a la escena del crimen, contó a las autoridades que él tenía pensado regresar a estudiar su primer año de bachillerato y aclaró que no estaba involucrado en pandillas.
Todo ocurrió el 10 de marzo de 2016 a las 12:46 del mediodía. Decidió hacer una parada frente al restaurante “Oasis de Oro”. Fueron unos cuantos segundos para descansar cuando de pronto un vehículo blanco se aproximó estrepitosamente hacia él.
Dentro del vehículo venía Jonny E., de 27 años de edad, miembro activo de la MS. Ese día iba acompañado de otro hombre que hasta el momento no ha logrado ser identificado. Uno de los dos sujetos se bajó del carro, empuñó su arma y soltó varias balas. Inmediatamente el joven cayó al suelo con 12 balas en su cuerpo.
Un hombre que estaba en el lugar y que conocía a Edgar corrió a comunicarle lo sucedido a la mamá, quien al saber lo que había pasado llegó a la escena donde vio a su hijo desangrado junto con los productos. Aún estaba con vida y ella lo lloró abajo del sol del mediodía.
Con el crimen cometido los verdugos huyeron hasta la comunidad Valle Las Delicias, en San Martín, donde se resguardaron de las autoridades con la certeza de no ser encontrados.
Mientras tanto a unos cuantos kilómetros de su guarida, confiados en que su plan había salido como esperaban, personas que transitaban en la zona auxiliaron a Edgar, quien aún se debatía entre la vida y la muerte. Fue traslado al hospital nacional de San Bartolo, donde fue ingresado en cuidados intensivos pero a las 7:00 de la noche los doctores informaron que había fallecido por la gravedad de las lesiones.
Un operativo se desplegó por toda la zona hasta dar con la captura de Jonny, sin embargo, el otro de sus compinches no fue capturado. Sus huellas dactilares estaban en el vehículo que fue abandonado en uno de los pasajes de la colonia.
Las investigaciones no han logrado determinar el verdadero móvil, pero podría estar relacionado con el consumo de drogas por parte de la víctima, ya que según el informe toxicológico del Instituto de Medicina Legal (IML) se encontró partículas de cocaína y marihuana en su sangre.
Un lesionado ahora testigo
José y Edgar nunca se conocieron pero la balacera de ese día hizo que sus vidas se entrelazaran. Mientras Edgar estaba dando sus últimas boqueadas de aire, José fue atendido por los médicos debido a que una bala le perforó su pantorrilla.
Señaló a las autoridades que cuando escuchó los disparos se tiró al suelo e inmediatamente sintió algo caliente y fue ahí cuando se dio cuenta que estaba sangrando de manera excesiva. Él también fue llevado por personas que lo ayudaron a llegar al centro de salud.
Ahora él es único sobreviviente y uno de los testigos clave del hecho.
Se espera que en los próximos meses se desarrolle la audiencia en el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador en contra del imputado quien es acusado de homicidio agravado e intento de homicidio contra las víctimas del caso.
Por: El Salvador Times.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
