Judicial
Un hombre con discapacidad se salva de morir a mano de pandilleros al lanzarse de una mototaxi en marcha en San Martín
Los hombres se dedicaban a pedir limosna en el mercado de San Martín mientras siete pandilleros los amenazaron de muerte. Todo terminó en una persecución que logró salvarles la vida.
Un hombre con dicapacidad, que se dedicaba a pedír dinero en el centro de San Martín, tuvo el valor de lanzarse desde una mototaxi en marcha en la que junto a un amigo estabas privados de libertad por pandilleros que los iban a asesinar.
Según el expediente judicial, Cristóbal y Pedro (nombres modificados por seguridad) viajaban todos los días a diferentes puntos del departamento de San Salvador para pedir limosnas a las personas que circulaban por el lugar.
Tratando de convencer a quienes lo ayudaban, Pedro relataba la forma en la que sufrió la lesión que desde hace varios años lo tiene postrado en una silla de ruedas que era empujada por Cristobal.
El 7 de diciembre de 2017, las víctimas acordaron iniciar la jornada de recolección de dinero en el mercado de San Martín, lugar en el que habían estado en varias oportunidades y nunca habían tenido problemas.
Pasadas las 9:00 de la mañana, dos hombres y una mujer con apariencia de pandilleros se dirigieron hacia ellos. Sin mediar palabras tomaron del cuello a Pedro y lo tiraron de la silla de ruedas al suelo para comenzar a golpearlo.
El ayudante del hombre en silla de ruedas trató de escapar pero fue interceptado por otros dos delincuentes quienes luego de varios golpes le exigieron que se levantara la camisa para verificar que no tenía tatuajes. Todo esto ante la mirada atónita de muchos testigos.
Teniendo bajo control a los dos amigos, uno de los criminales sacó un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros de largo con el que los amenazó de muerte. “Nos quitaron el dinero que habíamos obtenido pidiendo en el lugar, eran como $20.00 en monedas”, relató Cristóbal.
El camino hacía la muerte
A los cinco pandilleros se le sumaron otros dos que llegaron en una mototaxi en la que a punta de pistola obligaron a Pedro a subir a Cristobal. Los criminales se subieron a los costados para que sus víctimas no trataran es escapar.
El vehículo comenzó a recorrer a gran velocidad y en medio de la multitud las calles aledañas al mercado. Al mismo tiempo, los delincuentes no dejaban de atemorizar a los dos hombres asegurandoles que se iban a morir ese día.
Una hora después, una pareja de soldados recibieron una alerta sobre dos personas que fueron sacadas a la fuerza de un sector del mercado municipal por lo que decidieron moverse a la zona.
Los efectivos militares localizaron el vehículo lleno de personas sospechosa por lo que le dieron la orden al conductor que se detuviera, algo a lo que este hizo caso omiso desatando una persecución.
El rescate
Al ver que la presencia de elementos de seguridad incrementaba, los pandilleros optaron por tirarse uno a uno del vehículo en marcha, algo que el minúsvalido optó por imitar sin temor a que los delincuentes lo pudieran mantener raptado.
Luego de recorrer varios kilómetros, en el mototaxi solo quedaron el conductor, un pandillero y Cristobal que estaba muy asustado y al parecer se quedó sin reacción ante la situación que vivió.
Los elementos de seguridad identificaron a los delincuentes involucrados como: Abner Wilmer Alfaro López, alias “Chele”, de 40 años, y el conductor de la mototaxi, José Fredy Menjivar Escobar, alias “Negro”, de 19; ambos son perfilados como miembros activos de la pandilla 18.
Durante la audiencia inicial en el Juzgado Primero de Paz de San Martín, Escobar explicó a las autoridades que ese día realizaba un viaje de rutina y que era inocente de los delitos que le atribuyen.
Pese a esto, los dos sujetos fueron enviados a juicio en el juzgado primero de Sentencia de Salvador que conocerá el caso por los delitos de privación de libertad. De momento, está pendiente la fecha en la que se celebrará el proceso.
El Salvador Today
Audiencia especial programada contra Enrique Rais y cinco imputados por estafa y administración fraudulenta
El Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador programó para el martes 16 de septiembre una audiencia especial de reapertura del proceso penal que la Fiscalía General de la República (FGR) impulsa contra Enrique Rais y cinco personas más por los delitos de administración fraudulenta y estafa.
Los hechos afectan al ciudadano canadiense Franco Pacceti y a las sociedades Tradesal y Cindesol Inc. La jueza que conocerá el caso ha citado a víctimas, fiscales y defensores para que comparezcan a la diligencia.
El expediente proviene de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que anuló un sobreseimiento anterior a favor de Rais y los demás imputados. Inicialmente, el extinto Juzgado Décimo Cuarto de Paz había exonerado de manera definitiva a Enrique Rais, su esposa Marie Annette Clairmont de Rais, su hija Michelle Marie Rais de Barake, su sobrino Hugo Ernesto Blanco Rais, así como a Claudia Marina Albergue Martínez y Demetrio Alexander Palacios, tras una solicitud de sobreseimiento de la Fiscalía.
El proceso está relacionado con la estafa a Pacceti y las sociedades Tradesal y Cindesol Inc. Los imputados son acusados de administrar de manera fraudulenta la sociedad Mides, que contaba con 2,000 acciones, de las cuales 1,800 pertenecían a Cintec y luego fueron transferidas a Tradesal Inc. Según la FGR, Enrique Rais y Hugo Blanco Rais habrían desviado utilidades de la sociedad hacia cuentas personales y empresas locales y extranjeras sin relación con Mides.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
