Judicial
Un hombre con discapacidad se salva de morir a mano de pandilleros al lanzarse de una mototaxi en marcha en San Martín
Los hombres se dedicaban a pedir limosna en el mercado de San Martín mientras siete pandilleros los amenazaron de muerte. Todo terminó en una persecución que logró salvarles la vida.
Un hombre con dicapacidad, que se dedicaba a pedír dinero en el centro de San Martín, tuvo el valor de lanzarse desde una mototaxi en marcha en la que junto a un amigo estabas privados de libertad por pandilleros que los iban a asesinar.
Según el expediente judicial, Cristóbal y Pedro (nombres modificados por seguridad) viajaban todos los días a diferentes puntos del departamento de San Salvador para pedir limosnas a las personas que circulaban por el lugar.
Tratando de convencer a quienes lo ayudaban, Pedro relataba la forma en la que sufrió la lesión que desde hace varios años lo tiene postrado en una silla de ruedas que era empujada por Cristobal.
El 7 de diciembre de 2017, las víctimas acordaron iniciar la jornada de recolección de dinero en el mercado de San Martín, lugar en el que habían estado en varias oportunidades y nunca habían tenido problemas.
Pasadas las 9:00 de la mañana, dos hombres y una mujer con apariencia de pandilleros se dirigieron hacia ellos. Sin mediar palabras tomaron del cuello a Pedro y lo tiraron de la silla de ruedas al suelo para comenzar a golpearlo.
El ayudante del hombre en silla de ruedas trató de escapar pero fue interceptado por otros dos delincuentes quienes luego de varios golpes le exigieron que se levantara la camisa para verificar que no tenía tatuajes. Todo esto ante la mirada atónita de muchos testigos.
Teniendo bajo control a los dos amigos, uno de los criminales sacó un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros de largo con el que los amenazó de muerte. “Nos quitaron el dinero que habíamos obtenido pidiendo en el lugar, eran como $20.00 en monedas”, relató Cristóbal.
El camino hacía la muerte
A los cinco pandilleros se le sumaron otros dos que llegaron en una mototaxi en la que a punta de pistola obligaron a Pedro a subir a Cristobal. Los criminales se subieron a los costados para que sus víctimas no trataran es escapar.
El vehículo comenzó a recorrer a gran velocidad y en medio de la multitud las calles aledañas al mercado. Al mismo tiempo, los delincuentes no dejaban de atemorizar a los dos hombres asegurandoles que se iban a morir ese día.
Una hora después, una pareja de soldados recibieron una alerta sobre dos personas que fueron sacadas a la fuerza de un sector del mercado municipal por lo que decidieron moverse a la zona.
Los efectivos militares localizaron el vehículo lleno de personas sospechosa por lo que le dieron la orden al conductor que se detuviera, algo a lo que este hizo caso omiso desatando una persecución.
El rescate
Al ver que la presencia de elementos de seguridad incrementaba, los pandilleros optaron por tirarse uno a uno del vehículo en marcha, algo que el minúsvalido optó por imitar sin temor a que los delincuentes lo pudieran mantener raptado.
Luego de recorrer varios kilómetros, en el mototaxi solo quedaron el conductor, un pandillero y Cristobal que estaba muy asustado y al parecer se quedó sin reacción ante la situación que vivió.
Los elementos de seguridad identificaron a los delincuentes involucrados como: Abner Wilmer Alfaro López, alias “Chele”, de 40 años, y el conductor de la mototaxi, José Fredy Menjivar Escobar, alias “Negro”, de 19; ambos son perfilados como miembros activos de la pandilla 18.
Durante la audiencia inicial en el Juzgado Primero de Paz de San Martín, Escobar explicó a las autoridades que ese día realizaba un viaje de rutina y que era inocente de los delitos que le atribuyen.
Pese a esto, los dos sujetos fueron enviados a juicio en el juzgado primero de Sentencia de Salvador que conocerá el caso por los delitos de privación de libertad. De momento, está pendiente la fecha en la que se celebrará el proceso.
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención provisional contra Ariel Ignacio Ortega González, de 27 años, acusado del delito de tráfico ilícito, en perjuicio de la salud pública.Local events calendar
Según la relación circunstanciada de los hechos, el imputado fue detenido el 2 de mayo de 2025, cuando agentes de Policía Nacional Civil (PNC) realizaban patrullajes preventivos en la calle Buenos Aires y la avenida Cuscatancingo, en la colonia El Bosque de San Salvador.
En ese momento, observaron que un vehículo particular se estacionó de forma brusca, lo que generó sospechas de que el conductor podría estar bajo los efectos del alcohol.
Al interceptarlo y realizarle una requisa, los agentes encontraron en el vehículo una porción mediana y siete porciones pequeñas de polvo blanco, además de una balanza digital.
La prueba de campo confirmó que la sustancia era cocaína, con un peso de 14.979 gramos y 1.944 gramos, respectivamente.
Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existen suficientes elementos indiciarios sobre la existencia del delito y la posible participación del imputado, requisito mínimo para que el caso avance a la etapa de instrucción.
Una auditoría financiera contable presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) reveló irregularidades en la gestión de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, específicamente en la contratación de una empresa para recuperar impuestos en mora, la cual recibió pagos superiores a lo efectivamente recuperado.
Según explicó ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador una auditora de la Corte de Cuentas de la República (CCR), el contrato fue otorgado sin un estudio técnico previo que justificara el porcentaje de comisión acordado por la recuperación de mora tributaria.
La empresa beneficiada, representada legalmente por el abogado Ricardo Arturo Roque Baires —quien actualmente guarda prisión por este caso—, recibió un porcentaje de comisión 9.97% más alto que otras firmas contratadas en administraciones anteriores. Mientras que en gobiernos municipales previos se pagaba una comisión del 15% sobre lo recuperado, en este caso la alcaldía terminó pagando más por el contrato que por lo efectivamente recaudado.
De acuerdo con los datos expuestos en el juicio, la comuna de Soyapango firmó un contrato de recuperación de mora por un monto de $1,247,000. Sin embargo, durante el periodo contractual solo se recuperaron $867,499.96 en impuestos, mientras que a la empresa se le cancelaron $187,530.12, fondos que salieron de dos cuentas municipales firmadas por Montano y la extesorera Ruth Raquel Aguilar de Montano, actualmente prófuga.
La perito calificó como excesivo el pago realizado a la empresa de Roque Baires, quien ya había realizado trabajos similares para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y Albapetróleos, cobrando comisiones del 13% y 15%, respectivamente.
Para sustentar su informe, la experta auditora revisó documentos proporcionados por la Superintendencia del Sistema Financiero, así como información decomisada por las autoridades y otra suministrada por la misma alcaldía de Soyapango.
El caso forma parte de los procesos judiciales que enfrenta la exalcaldesa Montano por presuntos actos de corrupción durante su administración.
Judicial
El Salvador impone condenas históricas: más de 10 pandilleros sentenciados a 100 años o más de prisión
En el marco de la política de combate frontal a las estructuras criminales, autoridades salvadoreñas han logrado en el último año la condena ejemplar de al menos diez pandilleros y criminales a penas que superan los 100 años de prisión. Los delitos incluyen homicidios, feminicidios, extorsión, privación de libertad y tráfico ilícito, según informes del sistema judicial y la Fiscalía General de la República.
Entre los casos más destacados en los primeros cuatro meses de 2025 se encuentran tres miembros de la pandilla MS-13: Gerardo Josué García, condenado a 1,071 años; Exequiel Anastasio Maradiaga Flores, con una pena de 600 años; y José Aníbal Moreira Bernal, sentenciado a 524 años. Los tres delinquieron entre 2014 y 2018 en la zona oriental del país, siendo encontrados culpables de 28 homicidios agravados, un feminicidio, 50 conspiraciones para cometer asesinatos, 38 extorsiones y otros cargos relacionados con crimen organizado.
Otros casos recientes incluyen a Pablo Edgar López y David Antonio Martínez, condenados a 155 y 120 años respectivamente, por su participación en varios homicidios y delitos cometidos en conjunto con otros miembros de la MS-13.
También se reporta la condena de Cristian Giovanni Miranda Muller, sentenciado a 100 años de cárcel por el asesinato de su excompañera de vida y su hija en Tonacatepeque, en mayo de 2021. Ronald Antonio Hernández Gómez, cómplice en el crimen, recibió 60 años de prisión.
En Ahuachapán, Jonathan Alexander Armas Patriz fue condenado a 110 años tras ser hallado culpable de feminicidio agravado, homicidio agravado y aborto sin consentimiento. El sujeto asesinó a su expareja embarazada y a un menor.
Por su parte, Jonathan Barrera Ruano, alias «Sangriento», líder de una red criminal, recibió 218 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos el asesinato de Ruth Nohemy A. S. y su hijo de seis meses en Ciudad Delgado en noviembre de 2020. En esa misma estructura delictiva participaba Luis Alonso Zelada Ramírez, alias «Silent», quien fue sentenciado a 236 años.
En octubre del año pasado, Marvin Alberto Maldonado Arias fue condenado a 100 años por el asesinato de cuatro mujeres entre 2014 y 2017 en San José Villanueva. Dos de las víctimas fueron ejecutadas por sospechas de ser informantes, y las otras dos por haber presenciado el homicidio de un agente policial.
Finalmente, seis integrantes de la pandilla 18 fueron condenados el año pasado a penas de entre 75 y 100 años de prisión por su responsabilidad en tres homicidios y una desaparición forzada ocurridos en Ciudad Delgado entre 2021 y 2022.
Estas condenas forman parte de la ofensiva penal y judicial contra las estructuras criminales, impulsada por el Gobierno bajo el régimen de excepción. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces, con el objetivo de consolidar un país libre de violencia.
