La Fiscalía General de la República (FGR) terminó con sus exposiciones en contra de los 88 imputados presentes, 66 con detención provisional y 22 con medidas alternativas, involucrados en la denominada operación “Tecana”, cuya audiencia preliminar es desarrollada por el Juzgado Especializado de Instrucción “A”

Esta mañana la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a los últimos diez  solo por organizaciones terroristas. Estos supuestamente solo se dedicaban a mover droga, armas y dinero para la estructura y eran parte de la jerarquía de la misma.

Antes de finalizar, el ministerio público fiscal pasó a describir minuciosamente cómo estaba conformada la clica. Mencionó que los colaboradores y administradores de bienes, ocupaban el dinero para ejecutar hechos criminales. El fundador de la pandilla es César Antonio Larios, alias “El Greñas”, quien permaneció recluido en el penal de Zacatecoluca, desde 2002 a 2009; una vez que cumplió la pena retoma el mando de la mara en el año de 2010 y 2011; sin embargo, al llegar 2012 se da el fenómeno de la tregua, fue cuando el imputado y los demás terroristas se percatan que no siempre van a vivir del dinero proveniente de la extorsión, por lo que deciden poner a trabajar el dinero en diferentes talleres, comedores, restaurantes, taxis, mototaxis y otros; también adquirían terrenos y otros inmuebles por medio de testaferros.

Para ello se investigó el patrimonio de la pandilla en 2012 “El Greñas” viaja ilegalmente hacia Los Estados Unidos y deja a otros tres al frente de la pandilla, fue cuando decidieron poner a trabajar el dinero proveniente de las extorsiones, ventas de armas y drogas, para “blanquearlo”, ya que El Estado había iniciado una ofensiva para capturar pandilleros. El 11 de noviembre de 2016, la FGR obtuvo la autorización para las escuchas telefónicas y comenzaron a definirse las relaciones entre todos los imputados.

En el caso del abogado, involucrado en la estructura, defendía a los que ya habían sido capturados anteriormente por otros ilícitos penales. Fue cuando él comenzó a jactarse de obtener datos sobre testigos criteriados y mostraba supuestas actas del centro judicial de Santa Ana, lo cual fue desvirtuado, cuando la FGR indagó que esos documentos eran falsos.

Dentro de las pruebas, la Fiscalía ha presentado también fotos de la red de mensajería rápida como WhatsApp, en las cuales aparecen dinero, drogas y las armas que luego eran utilizadas por los terroristas en diferentes hechos. Asimismo, se le hicieron estudios a la flotilla de vehículos y se encontraron rastros de drogas como éxtasis, marihuana y cocaína. Con ello se pretende comprobar la venta de droga que realizaban con cierta frecuencia; además de la territorialidad en donde ellos actuaban.

Asimismo, hubo seguimiento y vigilancia por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) por espacio de casi dos años hasta el día de la captura. En resumen, la FGR solicitó a la administradora de justicia admitir la totalidad de la prueba y que pase a juicio el caso en un juzgado especializado de sentencia especializado. Hubo dos peticiones concretas. La primera fue sobre la acción civil, que sea un juzgado superior el que se pronuncie y, la otra, se trató al respecto de los imputados ausentes, ya fueron citados oportunamente y no se presentaron, ni tampoco hay abogados que les defiendan.

Datos de las indagaciones señalan que, los justiciables fueron aprehendidos el 7 de septiembre del año pasado en un operativo realizado en el casco urbano de Santa Ana y sus alrededores. Dentro del proceso, hay mareros que se involucraron con empresarios y pusieron a trabajar el dinero de las extorsiones en sus negocios. Se informó que un aproximado de $2 millones de dólares fueron lavados como parte de las acciones ilícitas financieras