Judicial
Terminó el juicio contra los últimos diez delincuentes en el caso «Tecana»
La Fiscalía General de la República (FGR) terminó con sus exposiciones en contra de los 88 imputados presentes, 66 con detención provisional y 22 con medidas alternativas, involucrados en la denominada operación “Tecana”, cuya audiencia preliminar es desarrollada por el Juzgado Especializado de Instrucción “A”
Esta mañana la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a los últimos diez solo por organizaciones terroristas. Estos supuestamente solo se dedicaban a mover droga, armas y dinero para la estructura y eran parte de la jerarquía de la misma.
Antes de finalizar, el ministerio público fiscal pasó a describir minuciosamente cómo estaba conformada la clica. Mencionó que los colaboradores y administradores de bienes, ocupaban el dinero para ejecutar hechos criminales. El fundador de la pandilla es César Antonio Larios, alias “El Greñas”, quien permaneció recluido en el penal de Zacatecoluca, desde 2002 a 2009; una vez que cumplió la pena retoma el mando de la mara en el año de 2010 y 2011; sin embargo, al llegar 2012 se da el fenómeno de la tregua, fue cuando el imputado y los demás terroristas se percatan que no siempre van a vivir del dinero proveniente de la extorsión, por lo que deciden poner a trabajar el dinero en diferentes talleres, comedores, restaurantes, taxis, mototaxis y otros; también adquirían terrenos y otros inmuebles por medio de testaferros.
Para ello se investigó el patrimonio de la pandilla en 2012 “El Greñas” viaja ilegalmente hacia Los Estados Unidos y deja a otros tres al frente de la pandilla, fue cuando decidieron poner a trabajar el dinero proveniente de las extorsiones, ventas de armas y drogas, para “blanquearlo”, ya que El Estado había iniciado una ofensiva para capturar pandilleros. El 11 de noviembre de 2016, la FGR obtuvo la autorización para las escuchas telefónicas y comenzaron a definirse las relaciones entre todos los imputados.
En el caso del abogado, involucrado en la estructura, defendía a los que ya habían sido capturados anteriormente por otros ilícitos penales. Fue cuando él comenzó a jactarse de obtener datos sobre testigos criteriados y mostraba supuestas actas del centro judicial de Santa Ana, lo cual fue desvirtuado, cuando la FGR indagó que esos documentos eran falsos.
Dentro de las pruebas, la Fiscalía ha presentado también fotos de la red de mensajería rápida como WhatsApp, en las cuales aparecen dinero, drogas y las armas que luego eran utilizadas por los terroristas en diferentes hechos. Asimismo, se le hicieron estudios a la flotilla de vehículos y se encontraron rastros de drogas como éxtasis, marihuana y cocaína. Con ello se pretende comprobar la venta de droga que realizaban con cierta frecuencia; además de la territorialidad en donde ellos actuaban.
Asimismo, hubo seguimiento y vigilancia por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) por espacio de casi dos años hasta el día de la captura. En resumen, la FGR solicitó a la administradora de justicia admitir la totalidad de la prueba y que pase a juicio el caso en un juzgado especializado de sentencia especializado. Hubo dos peticiones concretas. La primera fue sobre la acción civil, que sea un juzgado superior el que se pronuncie y, la otra, se trató al respecto de los imputados ausentes, ya fueron citados oportunamente y no se presentaron, ni tampoco hay abogados que les defiendan.
Datos de las indagaciones señalan que, los justiciables fueron aprehendidos el 7 de septiembre del año pasado en un operativo realizado en el casco urbano de Santa Ana y sus alrededores. Dentro del proceso, hay mareros que se involucraron con empresarios y pusieron a trabajar el dinero de las extorsiones en sus negocios. Se informó que un aproximado de $2 millones de dólares fueron lavados como parte de las acciones ilícitas financieras
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
