Judicial
“Te lo voy a sacar del vientre, porque ese hijo es de mi esposo”, la amenaza de una mujer a la supuesta amante de su pareja
Jalones de cabello, amenazas de muerte, desaparecerla a través de pandilleros y provocarle un aborto fueron las amenazas que una mujer le hizo a una joven embarazada, quien supuestamente estaba esperando un hijo del esposo.
Catalina (nombre modificado por seguridad), de 19 años de edad, es madre soltera y vive con su hija de tres años en una colonia del norte de San Salvador. Desde que se volvió a embarazar comenzó a tener problemas con Lidia E., de 24 años de edad, quien sospechaba que el hijo que esperaba era de su esposo.
Algo en la mente de Lidia le hacía suponer que el futuro hijo de Catalina era el producto de un engaño de su pareja. Por esa razón, cada oportunidad que tenía aprovechaba para insultarla y agredirla enérgicamente sin importar que estuviera embarazada.
Según el expediente judicial, en febrero de 2018, Lidia persiguió a su víctima hasta una pequeña plaza cercana a su residencia. “Tenía siete meses de embarazo. Tenía la intensión de querer pegarme en el abdomen”, declaró a las autoridades policiales.
Recodaba las palabras exactas de la mujer: “¡Te lo voy a sacar del vientre!, te voy a hacer abortar porque ese hijo que tenés es de mi esposo”. En ese preciso momento se le impulsó y la tomó del cabello. Las personas que estaban advirtieron a los agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), quienes lograron apartar a las dos mujeres.
La víctima confesó que desde el inicio de su embarazo la mujer se portaba de manera violenta con ella. “Me amenazaba con echarme a los bichos de la pandilla 18 ya que estos me iban a desaparecer”, señaló la mujer a las autoridades.
Sin embargo, fue hasta un mes después que la situación se salió de control y los hechos tuvieron que ser llevados ante los tribunales.
La captura
Según el expediente judicial, fue la noche del domingo 18 de marzo de 2018, cuando ambas se encontraron casualmente en una calle de la colonia. “Sos una puta, te metiste con mi marido”, le gritó de manera errática, pero Catalina prefirió seguir caminando junto con su hija hasta perderla de vista.
Pero la mujer seguía insistiendo mientras la perseguía. “¡Ve! Allá va la perra.”, le gritaba. “¡Así te quería encontrar!”, le dijo e inmediatamente se lanzó, la tomó por el cabello y la jaló hacia atrás. Fue todo muy rápido y Catalina sintió que en ese momento cumpliría las amenazas que anteriormente le había hecho, pero como pudo logró escapar y salir corriendo hacia un lugar seguro.
A unos cuantos pasos se encontró con una patrulla policial y le hizo un alto. Afligida le comentó lo que había ocurrido y para ponerla a salvo las autoridades la hicieron subirse al vehículo para buscar a su agresora. No tardaron mucho para encontrar a Lidia, la patrulla se detuvo.
“Bajáte porque te voy a matar. Te voy a montar verga.”, continuó amenazando a Catalina frente a los policías, quienes al escuchar las palabras decidieron arrestarla por el delito de amenazas.
El proceso judicial llegó a la etapa final donde será el juez del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, quien a partir del abanico de pruebas presentadas por la representación fiscal determinará una resolución de la imputada.
Por: Yéssica Hompanera/ El Salvador Times
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
