Judicial
Sentencian a almacenes Prado a pagar fianza de más $1 un millón por cobros indebidos a clientes
Tras admitir y analizar la denuncia por posibles cobros indebidos en perjuicio de los consumidores, el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a Almacenes Prado (GMG Servicios El Salvador, S.A. de C.V.), rendir una fianza por la suma de 1,028,569.84 de dólares.
En noviembre de 2019, el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, denunció ante el Tribunal que una auditoría practicada a una cartera de 42,276 créditos otorgados en el período comprendido entre el 21 de noviembre de 2017 y 22 de abril de 2018, determinó que este proveedor habría cobrado indebidamente más de un millón de dólares a sus clientes.
Dicha investigación verificó si los intereses y recargos efectuados por GMG Servicios se apegaron a lo establecido en la Ley de Protección al Consumidor (LPC) y la Ley Contra la Usura (LCU), pero encontró, entre otros, hallazgos susceptibles de constituir infracciones contra ambas leyes.
De acuerdo con lo encontrado por las autoridades en la auditoría, se determinó que la empresa cobró de intereses superiores a la Tasa Máxima Legal permitida, en un total de 20,618 créditos, por un monto de 725,470.96 dólares.
Además, se encontró que la empresa cobró comisiones contrarias a la ley, en un total de 13,628 créditos, por un monto de 292,685.19 dólares.
La tercera anomalía encontrada por las autoridades fue la utilización de un método de cálculo de intereses contrario a la LPC, en un total de 487 créditos, por un monto de 10,413.69 dólares;
De igual forma, se encontraron introducción de cláusulas abusivas en los contratos de los consumidores; obstaculización a las labores de la Defensoría del Consumidor; y no remisión de la información de su actividad crediticia al Banco Central de Reserva (BCR).
Las conductas atribuidas a GMG Servicios podrían encajar en múltiples incumplimientos e infracciones, en concreto con las establecidas en los artículos: 17, literales b), d), f) e i); 12 y 18, literales c), en relación con el Art. 44, literal e) de la LPC; Arts. 12-A y 19, literal a) en relación con el 44, literal d) de la LPC; Art. 7, literal h) en relación con el 44, literal f) de la LPC, así como las establecidas en los artículos 6 y 12 de la Ley Contra la Usura.
Al respecto, será el Tribunal Sancionador la instancia que determine las posibles infracciones contra la ley, imponga las sanciones correspondientes y, en su caso, ordene a GMG Servicios El Salvador, S.A. de C.V., devolver lo cobrado indebidamente a los consumidores, que en total asciende a la suma de 1,028,569.84 de dólares.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
