Judicial
Sentencian a almacenes Prado a pagar fianza de más $1 un millón por cobros indebidos a clientes
Tras admitir y analizar la denuncia por posibles cobros indebidos en perjuicio de los consumidores, el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a Almacenes Prado (GMG Servicios El Salvador, S.A. de C.V.), rendir una fianza por la suma de 1,028,569.84 de dólares.
En noviembre de 2019, el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, denunció ante el Tribunal que una auditoría practicada a una cartera de 42,276 créditos otorgados en el período comprendido entre el 21 de noviembre de 2017 y 22 de abril de 2018, determinó que este proveedor habría cobrado indebidamente más de un millón de dólares a sus clientes.
Dicha investigación verificó si los intereses y recargos efectuados por GMG Servicios se apegaron a lo establecido en la Ley de Protección al Consumidor (LPC) y la Ley Contra la Usura (LCU), pero encontró, entre otros, hallazgos susceptibles de constituir infracciones contra ambas leyes.
De acuerdo con lo encontrado por las autoridades en la auditoría, se determinó que la empresa cobró de intereses superiores a la Tasa Máxima Legal permitida, en un total de 20,618 créditos, por un monto de 725,470.96 dólares.
Además, se encontró que la empresa cobró comisiones contrarias a la ley, en un total de 13,628 créditos, por un monto de 292,685.19 dólares.
La tercera anomalía encontrada por las autoridades fue la utilización de un método de cálculo de intereses contrario a la LPC, en un total de 487 créditos, por un monto de 10,413.69 dólares;
De igual forma, se encontraron introducción de cláusulas abusivas en los contratos de los consumidores; obstaculización a las labores de la Defensoría del Consumidor; y no remisión de la información de su actividad crediticia al Banco Central de Reserva (BCR).
Las conductas atribuidas a GMG Servicios podrían encajar en múltiples incumplimientos e infracciones, en concreto con las establecidas en los artículos: 17, literales b), d), f) e i); 12 y 18, literales c), en relación con el Art. 44, literal e) de la LPC; Arts. 12-A y 19, literal a) en relación con el 44, literal d) de la LPC; Art. 7, literal h) en relación con el 44, literal f) de la LPC, así como las establecidas en los artículos 6 y 12 de la Ley Contra la Usura.
Al respecto, será el Tribunal Sancionador la instancia que determine las posibles infracciones contra la ley, imponga las sanciones correspondientes y, en su caso, ordene a GMG Servicios El Salvador, S.A. de C.V., devolver lo cobrado indebidamente a los consumidores, que en total asciende a la suma de 1,028,569.84 de dólares.
Judicial
Motorista que condujo en sentido contrario y amenazó con un corvo es condenado a trabajo comunitario
Hugo Antonio Flores Rivas, motorista de la ruta 106, fue condenado a un año de prisión por el delito de conducción peligrosa de vehículos automotores, luego de ser captado en video manejando en sentido contrario sobre una carretera en el departamento de La Libertad Oeste.
El hecho ocurrió el pasado 27 de abril en la vía que conduce hacia Quezaltepeque. En las imágenes que circularon en redes sociales, se observa a Flores Rivas conduciendo de forma temeraria. Al notar que estaba siendo grabado, el imputado sacó un arma blanca tipo corvo y amenazó al ciudadano que lo filmaba.
Tras la difusión del video, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal ante el tribunal correspondiente. Durante la audiencia preliminar, el procesado aceptó los hechos y se sometió a un procedimiento abreviado, lo que permitió al juez imponer una pena alternativa.
En lugar de cumplir el año de cárcel, la pena fue sustituida por trabajo de utilidad pública, medida contemplada en la legislación salvadoreña para ciertos delitos y bajo condiciones específicas. Las autoridades no precisaron en qué consistirán las labores comunitarias que deberá realizar el condenado.
El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a Nefthaly Adonay Muñoz Pérez y Fredy Antonio Hidalgo Azucena a 20 años de cárcel por el delito de extorsión agravada contra un comerciante en el departamento de Cuscatlán.
Según informó la Fiscalía General de la República, los imputados amenazaban de muerte a la víctima para obligarla a entregar dinero de forma mensual, además de mercadería que comercializaba. “La coacción en la entrega de dinero y productos, así como la falta de utilidades en su negocio, obligaron a la víctima a cerrar su única fuente de ingresos”, explicó el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Santa Cruz Michapa entre diciembre de 2022 y 2023. Las investigaciones establecieron que ambos sujetos exigían pagos regulares como parte de su actividad delictiva.
Esta es la segunda condena por extorsión que enfrentan los acusados. En febrero de este mismo año, ya habían sido sentenciados a 15 años de prisión por extorsionar a otra víctima.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron al tribunal declarar culpables a los dos acusados.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
