Judicial
Señalan a policías de colocar droga a un joven mecánico que se encontraba recuperándose en su casa tras un accidente de tránsito
“¡No me han encontrado nada, mamá!”, esas fueron las palabras que un joven le gritó a su madre cuando lo llevaron detenido por supuestamente portar droga dentro de sus bolsillos cuando caminaba por el pasaje de su colonia en Mejicanos, San Salvador. Toda su familia aseguró que los agentes le colocaron la sustancia ilícita.
Un momento tranquilo se convirtió en el inicio de una pesadilla para la familia de André H., un joven mecánico de 21 años de edad, quien se encontraba recuperándose de un accidente de motocicleta. Todo empezó luego de que un grupo de policías y soldados llegaron a su casa a una supuesta requisa en su vivienda bajo el plan “Casa Segura”.
Según el expediente judicial, esto ocurrió a las 5:00 de la tarde del 29 de julio de 2018. El joven se encontraba en su cuarto reposando de un accidente que tuvo un día antes en su motocicleta, por lo cual el jefe del taller y los médicos le habían indicado reposar por un tiempo mientras se recuperaba de un fractura en la pierna derecha.
Esa tarde estaba acompañado de su madre y de otros familiares que vivían en la casa, quienes escucharon que alguien tocaba la puerta. La señora se dirigió hacia la entrada y abrió sin dudarlo. Se trataba de varios policías y tres soldados, quienes estaban parados al frente. Inmediatamente, le explicaron que estaban realizando un operativo de “Casa Segura” con orden de allanamiento para verificar que no había ningún ilícito.
Ella, sin saber más detalles de este procedimiento, los hizo pasar y los agentes comenzaron a ver el lugar hasta llegar al cuarto de André, quien se encontraba dentro. De un momento a otro, le ordenaron que saliera de la habitación, mientras que el policía se quedó dentro. Según el expediente judicial, unos minutos más tarde este salió con una bolsa pequeña que contenía marihuana.
El joven, sorprendido del hallazgo, dijo en reiteradas ocasiones que la droga no era suya y que era inocente de los delitos que le señalaban. “Me sacaron de la casa. A mi familia le dijeron que me iban a fichar, pero que iba a quedar detenido. Ellos no me encontraron nada”, declaró André en la audiencia inicial en el Juzgado Segundo de Paz de Mejicanos, donde explicó que los agentes conversaban sobre cuánta droga colocarle para poder llevarlo detenido.
Cuando su madre observó que lo llevaban preso se fue tras de él. Los gritos de ambos se escucharon en todo el pasaje lo que hizo que el hecho fuera percibido por los vecinos.
Como otro insumo a su defensa, le comentó al titular del juzgado que lo subieron al carro patrulla y lo llevaron a zonas de Apopa y a otros lugares extraños que desconocía. “Me dejaron esposado (en un lugar) y luego me pasaron recogiendo. Me llevaron mi teléfono porque no quise desbloquearlo porque tenía cosas privadas”, declaró.
Contradicciones
Uno de los testigos de esa noche asegura que los soldados y los agentes entraron a la casa sin ninguna justificación o documento que amparara dicho procedimiento. “Ni se identificó (el policía) con ningún nombre. Explicó que igual entraría en la casa”, relató.
Esa tarde sus parientes se mostraron afligidos y decidieron llamar al 911 para denunciar lo que estaba sucediendo y buscar una salida, pero uno de los soldados le dijo que siempre se lo llevarían detenido porque “ellos eran la ley dentro de la casa”. Mientras tanto, al otro lado del teléfono, la operadora le explicó que debían de estar atentos a alguna agresión por parte de sus captores.
Toda esta versión contradice a la que la autoridad brindó en el acto de la relación de los hechos, ya que ellos explicaron que la captura del joven fue al final del pasaje de la colonia cuando observaron a un sujeto que caminaba de manera sospechosa.
«Se mostró nervioso por lo que dan comandos de alto y procedieron a realizarle un registro preventivo y se le encuentra en la bolsa delantera derecha del pantalón una bolsa plástica con material vegetal y por sospechar que lo encontrado podría ser droga proceden a trasladarlo”, consigna el expediente judicial.
Luego del procedimiento, la División de Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (DAN-PNC) realizó los estudios de la sustancia y determinaron que era marihuana y que su peso era de 84.8 gramos, el equivalente a fabricar 170 cigarrillos.
El caso llegó hasta la última etapa del proceso judicial y a partir de las pruebas presentadas pretenden demostrar la inocencia y culpabilidad de cada uno frente al juez del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador en los próximos días.
Por: El Salvador Times.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
