Judicial
Señalan a policías de colocar droga a un joven mecánico que se encontraba recuperándose en su casa tras un accidente de tránsito
“¡No me han encontrado nada, mamá!”, esas fueron las palabras que un joven le gritó a su madre cuando lo llevaron detenido por supuestamente portar droga dentro de sus bolsillos cuando caminaba por el pasaje de su colonia en Mejicanos, San Salvador. Toda su familia aseguró que los agentes le colocaron la sustancia ilícita.
Un momento tranquilo se convirtió en el inicio de una pesadilla para la familia de André H., un joven mecánico de 21 años de edad, quien se encontraba recuperándose de un accidente de motocicleta. Todo empezó luego de que un grupo de policías y soldados llegaron a su casa a una supuesta requisa en su vivienda bajo el plan “Casa Segura”.
Según el expediente judicial, esto ocurrió a las 5:00 de la tarde del 29 de julio de 2018. El joven se encontraba en su cuarto reposando de un accidente que tuvo un día antes en su motocicleta, por lo cual el jefe del taller y los médicos le habían indicado reposar por un tiempo mientras se recuperaba de un fractura en la pierna derecha.
Esa tarde estaba acompañado de su madre y de otros familiares que vivían en la casa, quienes escucharon que alguien tocaba la puerta. La señora se dirigió hacia la entrada y abrió sin dudarlo. Se trataba de varios policías y tres soldados, quienes estaban parados al frente. Inmediatamente, le explicaron que estaban realizando un operativo de “Casa Segura” con orden de allanamiento para verificar que no había ningún ilícito.
Ella, sin saber más detalles de este procedimiento, los hizo pasar y los agentes comenzaron a ver el lugar hasta llegar al cuarto de André, quien se encontraba dentro. De un momento a otro, le ordenaron que saliera de la habitación, mientras que el policía se quedó dentro. Según el expediente judicial, unos minutos más tarde este salió con una bolsa pequeña que contenía marihuana.
El joven, sorprendido del hallazgo, dijo en reiteradas ocasiones que la droga no era suya y que era inocente de los delitos que le señalaban. “Me sacaron de la casa. A mi familia le dijeron que me iban a fichar, pero que iba a quedar detenido. Ellos no me encontraron nada”, declaró André en la audiencia inicial en el Juzgado Segundo de Paz de Mejicanos, donde explicó que los agentes conversaban sobre cuánta droga colocarle para poder llevarlo detenido.
Cuando su madre observó que lo llevaban preso se fue tras de él. Los gritos de ambos se escucharon en todo el pasaje lo que hizo que el hecho fuera percibido por los vecinos.
Como otro insumo a su defensa, le comentó al titular del juzgado que lo subieron al carro patrulla y lo llevaron a zonas de Apopa y a otros lugares extraños que desconocía. “Me dejaron esposado (en un lugar) y luego me pasaron recogiendo. Me llevaron mi teléfono porque no quise desbloquearlo porque tenía cosas privadas”, declaró.
Contradicciones
Uno de los testigos de esa noche asegura que los soldados y los agentes entraron a la casa sin ninguna justificación o documento que amparara dicho procedimiento. “Ni se identificó (el policía) con ningún nombre. Explicó que igual entraría en la casa”, relató.
Esa tarde sus parientes se mostraron afligidos y decidieron llamar al 911 para denunciar lo que estaba sucediendo y buscar una salida, pero uno de los soldados le dijo que siempre se lo llevarían detenido porque “ellos eran la ley dentro de la casa”. Mientras tanto, al otro lado del teléfono, la operadora le explicó que debían de estar atentos a alguna agresión por parte de sus captores.
Toda esta versión contradice a la que la autoridad brindó en el acto de la relación de los hechos, ya que ellos explicaron que la captura del joven fue al final del pasaje de la colonia cuando observaron a un sujeto que caminaba de manera sospechosa.
«Se mostró nervioso por lo que dan comandos de alto y procedieron a realizarle un registro preventivo y se le encuentra en la bolsa delantera derecha del pantalón una bolsa plástica con material vegetal y por sospechar que lo encontrado podría ser droga proceden a trasladarlo”, consigna el expediente judicial.
Luego del procedimiento, la División de Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (DAN-PNC) realizó los estudios de la sustancia y determinaron que era marihuana y que su peso era de 84.8 gramos, el equivalente a fabricar 170 cigarrillos.
El caso llegó hasta la última etapa del proceso judicial y a partir de las pruebas presentadas pretenden demostrar la inocencia y culpabilidad de cada uno frente al juez del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador en los próximos días.
Por: El Salvador Times.
Judicial
El Salvador impone condenas históricas: más de 10 pandilleros sentenciados a 100 años o más de prisión
En el marco de la política de combate frontal a las estructuras criminales, autoridades salvadoreñas han logrado en el último año la condena ejemplar de al menos diez pandilleros y criminales a penas que superan los 100 años de prisión. Los delitos incluyen homicidios, feminicidios, extorsión, privación de libertad y tráfico ilícito, según informes del sistema judicial y la Fiscalía General de la República.
Entre los casos más destacados en los primeros cuatro meses de 2025 se encuentran tres miembros de la pandilla MS-13: Gerardo Josué García, condenado a 1,071 años; Exequiel Anastasio Maradiaga Flores, con una pena de 600 años; y José Aníbal Moreira Bernal, sentenciado a 524 años. Los tres delinquieron entre 2014 y 2018 en la zona oriental del país, siendo encontrados culpables de 28 homicidios agravados, un feminicidio, 50 conspiraciones para cometer asesinatos, 38 extorsiones y otros cargos relacionados con crimen organizado.
Otros casos recientes incluyen a Pablo Edgar López y David Antonio Martínez, condenados a 155 y 120 años respectivamente, por su participación en varios homicidios y delitos cometidos en conjunto con otros miembros de la MS-13.
También se reporta la condena de Cristian Giovanni Miranda Muller, sentenciado a 100 años de cárcel por el asesinato de su excompañera de vida y su hija en Tonacatepeque, en mayo de 2021. Ronald Antonio Hernández Gómez, cómplice en el crimen, recibió 60 años de prisión.
En Ahuachapán, Jonathan Alexander Armas Patriz fue condenado a 110 años tras ser hallado culpable de feminicidio agravado, homicidio agravado y aborto sin consentimiento. El sujeto asesinó a su expareja embarazada y a un menor.
Por su parte, Jonathan Barrera Ruano, alias «Sangriento», líder de una red criminal, recibió 218 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos el asesinato de Ruth Nohemy A. S. y su hijo de seis meses en Ciudad Delgado en noviembre de 2020. En esa misma estructura delictiva participaba Luis Alonso Zelada Ramírez, alias «Silent», quien fue sentenciado a 236 años.
En octubre del año pasado, Marvin Alberto Maldonado Arias fue condenado a 100 años por el asesinato de cuatro mujeres entre 2014 y 2017 en San José Villanueva. Dos de las víctimas fueron ejecutadas por sospechas de ser informantes, y las otras dos por haber presenciado el homicidio de un agente policial.
Finalmente, seis integrantes de la pandilla 18 fueron condenados el año pasado a penas de entre 75 y 100 años de prisión por su responsabilidad en tres homicidios y una desaparición forzada ocurridos en Ciudad Delgado entre 2021 y 2022.
Estas condenas forman parte de la ofensiva penal y judicial contra las estructuras criminales, impulsada por el Gobierno bajo el régimen de excepción. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces, con el objetivo de consolidar un país libre de violencia.
El Juzgado Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a 17 años de cárcel a Josué Eduardo Platero Mina, acusado de asesinar a su pareja, José Antonio Hernández Paz, en medio de una discusión por supuestas infidelidades.
El crimen ocurrió a inicios de enero de 2024 en el cantón El Matazano, distrito de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad. Platero Mina, quien tenía 20 años al momento de los hechos, atacó a la víctima con golpes y un arma blanca, según determinó la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las autoridades señalaron que la noche del 31 de diciembre de 2023, Platero Mina llegó a la vivienda de Hernández Paz alrededor de las 11:00 p. m., pero se retiró sin previo aviso. Luego, Hernández Paz le comunicó que llegaría a su casa más tarde. Testigos afirmaron que ambos discutieron en al menos dos ocasiones antes del homicidio.
Según la FGR, Platero Mina golpeó e hirió con arma blanca a Hernández Paz y posteriormente arrojó su cuerpo cerca de la quebrada conocida como cuesta Los Conacastes, en el mismo cantón. El cadáver fue localizado el 2 de enero por un ciudadano que recolectaba leña en la zona.
Tras ser identificado como principal sospechoso, Platero Mina fue detenido por el delito de resistencia, mientras las investigaciones continuaban. Durante un registro en su vivienda, las autoridades encontraron en una fosa séptica el teléfono, la cartera y los documentos personales de la víctima, además del arma utilizada en el crimen.
Con base en estas evidencias, la Fiscalía formalizó la acusación por homicidio simple. El tribunal validó los elementos presentados y emitió la condena contra el imputado.
Judicial
Motorista que condujo en sentido contrario y amenazó con un corvo es condenado a trabajo comunitario
Hugo Antonio Flores Rivas, motorista de la ruta 106, fue condenado a un año de prisión por el delito de conducción peligrosa de vehículos automotores, luego de ser captado en video manejando en sentido contrario sobre una carretera en el departamento de La Libertad Oeste.
El hecho ocurrió el pasado 27 de abril en la vía que conduce hacia Quezaltepeque. En las imágenes que circularon en redes sociales, se observa a Flores Rivas conduciendo de forma temeraria. Al notar que estaba siendo grabado, el imputado sacó un arma blanca tipo corvo y amenazó al ciudadano que lo filmaba.
Tras la difusión del video, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal ante el tribunal correspondiente. Durante la audiencia preliminar, el procesado aceptó los hechos y se sometió a un procedimiento abreviado, lo que permitió al juez imponer una pena alternativa.
En lugar de cumplir el año de cárcel, la pena fue sustituida por trabajo de utilidad pública, medida contemplada en la legislación salvadoreña para ciertos delitos y bajo condiciones específicas. Las autoridades no precisaron en qué consistirán las labores comunitarias que deberá realizar el condenado.
