Judicial
Señalan a policías de colocar droga a un joven mecánico que se encontraba recuperándose en su casa tras un accidente de tránsito
“¡No me han encontrado nada, mamá!”, esas fueron las palabras que un joven le gritó a su madre cuando lo llevaron detenido por supuestamente portar droga dentro de sus bolsillos cuando caminaba por el pasaje de su colonia en Mejicanos, San Salvador. Toda su familia aseguró que los agentes le colocaron la sustancia ilícita.
Un momento tranquilo se convirtió en el inicio de una pesadilla para la familia de André H., un joven mecánico de 21 años de edad, quien se encontraba recuperándose de un accidente de motocicleta. Todo empezó luego de que un grupo de policías y soldados llegaron a su casa a una supuesta requisa en su vivienda bajo el plan “Casa Segura”.
Según el expediente judicial, esto ocurrió a las 5:00 de la tarde del 29 de julio de 2018. El joven se encontraba en su cuarto reposando de un accidente que tuvo un día antes en su motocicleta, por lo cual el jefe del taller y los médicos le habían indicado reposar por un tiempo mientras se recuperaba de un fractura en la pierna derecha.
Esa tarde estaba acompañado de su madre y de otros familiares que vivían en la casa, quienes escucharon que alguien tocaba la puerta. La señora se dirigió hacia la entrada y abrió sin dudarlo. Se trataba de varios policías y tres soldados, quienes estaban parados al frente. Inmediatamente, le explicaron que estaban realizando un operativo de “Casa Segura” con orden de allanamiento para verificar que no había ningún ilícito.
Ella, sin saber más detalles de este procedimiento, los hizo pasar y los agentes comenzaron a ver el lugar hasta llegar al cuarto de André, quien se encontraba dentro. De un momento a otro, le ordenaron que saliera de la habitación, mientras que el policía se quedó dentro. Según el expediente judicial, unos minutos más tarde este salió con una bolsa pequeña que contenía marihuana.
El joven, sorprendido del hallazgo, dijo en reiteradas ocasiones que la droga no era suya y que era inocente de los delitos que le señalaban. “Me sacaron de la casa. A mi familia le dijeron que me iban a fichar, pero que iba a quedar detenido. Ellos no me encontraron nada”, declaró André en la audiencia inicial en el Juzgado Segundo de Paz de Mejicanos, donde explicó que los agentes conversaban sobre cuánta droga colocarle para poder llevarlo detenido.
Cuando su madre observó que lo llevaban preso se fue tras de él. Los gritos de ambos se escucharon en todo el pasaje lo que hizo que el hecho fuera percibido por los vecinos.
Como otro insumo a su defensa, le comentó al titular del juzgado que lo subieron al carro patrulla y lo llevaron a zonas de Apopa y a otros lugares extraños que desconocía. “Me dejaron esposado (en un lugar) y luego me pasaron recogiendo. Me llevaron mi teléfono porque no quise desbloquearlo porque tenía cosas privadas”, declaró.
Contradicciones
Uno de los testigos de esa noche asegura que los soldados y los agentes entraron a la casa sin ninguna justificación o documento que amparara dicho procedimiento. “Ni se identificó (el policía) con ningún nombre. Explicó que igual entraría en la casa”, relató.
Esa tarde sus parientes se mostraron afligidos y decidieron llamar al 911 para denunciar lo que estaba sucediendo y buscar una salida, pero uno de los soldados le dijo que siempre se lo llevarían detenido porque “ellos eran la ley dentro de la casa”. Mientras tanto, al otro lado del teléfono, la operadora le explicó que debían de estar atentos a alguna agresión por parte de sus captores.
Toda esta versión contradice a la que la autoridad brindó en el acto de la relación de los hechos, ya que ellos explicaron que la captura del joven fue al final del pasaje de la colonia cuando observaron a un sujeto que caminaba de manera sospechosa.
«Se mostró nervioso por lo que dan comandos de alto y procedieron a realizarle un registro preventivo y se le encuentra en la bolsa delantera derecha del pantalón una bolsa plástica con material vegetal y por sospechar que lo encontrado podría ser droga proceden a trasladarlo”, consigna el expediente judicial.
Luego del procedimiento, la División de Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (DAN-PNC) realizó los estudios de la sustancia y determinaron que era marihuana y que su peso era de 84.8 gramos, el equivalente a fabricar 170 cigarrillos.
El caso llegó hasta la última etapa del proceso judicial y a partir de las pruebas presentadas pretenden demostrar la inocencia y culpabilidad de cada uno frente al juez del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador en los próximos días.
Por: El Salvador Times.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
