Judicial
Señalan a policías de colocar droga a un joven mecánico que se encontraba recuperándose en su casa tras un accidente de tránsito
“¡No me han encontrado nada, mamá!”, esas fueron las palabras que un joven le gritó a su madre cuando lo llevaron detenido por supuestamente portar droga dentro de sus bolsillos cuando caminaba por el pasaje de su colonia en Mejicanos, San Salvador. Toda su familia aseguró que los agentes le colocaron la sustancia ilícita.
Un momento tranquilo se convirtió en el inicio de una pesadilla para la familia de André H., un joven mecánico de 21 años de edad, quien se encontraba recuperándose de un accidente de motocicleta. Todo empezó luego de que un grupo de policías y soldados llegaron a su casa a una supuesta requisa en su vivienda bajo el plan “Casa Segura”.
Según el expediente judicial, esto ocurrió a las 5:00 de la tarde del 29 de julio de 2018. El joven se encontraba en su cuarto reposando de un accidente que tuvo un día antes en su motocicleta, por lo cual el jefe del taller y los médicos le habían indicado reposar por un tiempo mientras se recuperaba de un fractura en la pierna derecha.
Esa tarde estaba acompañado de su madre y de otros familiares que vivían en la casa, quienes escucharon que alguien tocaba la puerta. La señora se dirigió hacia la entrada y abrió sin dudarlo. Se trataba de varios policías y tres soldados, quienes estaban parados al frente. Inmediatamente, le explicaron que estaban realizando un operativo de “Casa Segura” con orden de allanamiento para verificar que no había ningún ilícito.
Ella, sin saber más detalles de este procedimiento, los hizo pasar y los agentes comenzaron a ver el lugar hasta llegar al cuarto de André, quien se encontraba dentro. De un momento a otro, le ordenaron que saliera de la habitación, mientras que el policía se quedó dentro. Según el expediente judicial, unos minutos más tarde este salió con una bolsa pequeña que contenía marihuana.
El joven, sorprendido del hallazgo, dijo en reiteradas ocasiones que la droga no era suya y que era inocente de los delitos que le señalaban. “Me sacaron de la casa. A mi familia le dijeron que me iban a fichar, pero que iba a quedar detenido. Ellos no me encontraron nada”, declaró André en la audiencia inicial en el Juzgado Segundo de Paz de Mejicanos, donde explicó que los agentes conversaban sobre cuánta droga colocarle para poder llevarlo detenido.
Cuando su madre observó que lo llevaban preso se fue tras de él. Los gritos de ambos se escucharon en todo el pasaje lo que hizo que el hecho fuera percibido por los vecinos.
Como otro insumo a su defensa, le comentó al titular del juzgado que lo subieron al carro patrulla y lo llevaron a zonas de Apopa y a otros lugares extraños que desconocía. “Me dejaron esposado (en un lugar) y luego me pasaron recogiendo. Me llevaron mi teléfono porque no quise desbloquearlo porque tenía cosas privadas”, declaró.
Contradicciones
Uno de los testigos de esa noche asegura que los soldados y los agentes entraron a la casa sin ninguna justificación o documento que amparara dicho procedimiento. “Ni se identificó (el policía) con ningún nombre. Explicó que igual entraría en la casa”, relató.
Esa tarde sus parientes se mostraron afligidos y decidieron llamar al 911 para denunciar lo que estaba sucediendo y buscar una salida, pero uno de los soldados le dijo que siempre se lo llevarían detenido porque “ellos eran la ley dentro de la casa”. Mientras tanto, al otro lado del teléfono, la operadora le explicó que debían de estar atentos a alguna agresión por parte de sus captores.
Toda esta versión contradice a la que la autoridad brindó en el acto de la relación de los hechos, ya que ellos explicaron que la captura del joven fue al final del pasaje de la colonia cuando observaron a un sujeto que caminaba de manera sospechosa.
«Se mostró nervioso por lo que dan comandos de alto y procedieron a realizarle un registro preventivo y se le encuentra en la bolsa delantera derecha del pantalón una bolsa plástica con material vegetal y por sospechar que lo encontrado podría ser droga proceden a trasladarlo”, consigna el expediente judicial.
Luego del procedimiento, la División de Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (DAN-PNC) realizó los estudios de la sustancia y determinaron que era marihuana y que su peso era de 84.8 gramos, el equivalente a fabricar 170 cigarrillos.
El caso llegó hasta la última etapa del proceso judicial y a partir de las pruebas presentadas pretenden demostrar la inocencia y culpabilidad de cada uno frente al juez del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador en los próximos días.
Por: El Salvador Times.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
