Judicial
Segunda reconstrucción de la desaparición de la agente Carla Ayala deja más dudas para el juez que lleva el caso
El juez a cargo del caso de la desaparición de la agente Carla Ayala aseguró que luego de la segunda reconstrucción de los hechos se siguen teniendo muchas dudas.
La declaración realizada por los dos testigos que fueron admitidos en el proceso a inicios del mes de mayo permitió la segunda fase de la reconstrucción.
Según lo señalado por el juez, Roberto Arévalo Ortuño, se ha definido que “los agentes en el punto del Árbol de la Paz, pero por qué no capturaron al agente Castillo”, se cuestionó.
“Este hecho permitió un nuevo escenario y quedan muchas preguntas”, aseveró el juzgador quien estuvo presente en la escena.
La segunda recreación finalizó ya entrada la madrugada y se realizó con el objetivo de depurar testigos para el proceso judicial en contra de erxagentes del GRP.
Otro de los hechos que se detectó y confirmó en este procedimiento fue que la patrulla en la que ocurrieron los hechos y que se ha detectado que llegó hasta Usulután.
A cinco meses de haber sucedido los hechos las autoridades siguen sin localizar el cuerpo de la agente ni dar con el paradero del agente a quien se le atribuyen los hechos, Juan Josúe Castillo.
La reconstrucción
Dos nuevos testigos admitidos el pasado 2 de mayo por el Juzgado Sexto Instrucción de San Salvador fueron trasladado, la noche de este martes, hacia las instalaciones en donde funcionaba la unidad del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), para ejecutar la segunda fase de reconstrucción de caso de desaparición de la agente policial Carla Ayala.
El proceso fue desarrollado en la residencial San Fernando, situada sobre la calle antigua a Huizúcar, donde se presentaron miembros de la unidad Antipandillas de la Fiscalía General de la República (FGR) y el juez a cargo del caso, Roberto Arévalo.
Además, estuvieron presentes los abogados defensores de los exagentes que han resultado señalados de haber participado en la desaparición de la agente que estaba destacada en la Unidad de Disciplinaria de Apopa.
El ex GRP, Antonio Pineda, explicó a los fiscales e investigadores policiales lo que vio cuando Juan Josué Castillo dejó el vehículo policial en que se llevó a la agente Ayala, el principal sospechoso y quien ha huido de la justicia.
Ayala fue vista por última vez el 29 de diciembre del año pasado, luego de que asistiera a una fiesta navideña organizada por los agentes del GRP, misma a la que fue invitada.
El tramo que estará cerrado es el carril que conduce desde la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, hacia el Estadio Cuscatlán, en el bulevar Los Próceres y el carril del Grupo de Reacción Policial en la residencial San Fernando hacia el Árbol de la Paz.
El pasado 5 de mayo las autoridades habían programado esta misma actividad desarrollada este martes, pero tuvo que ser suspendida debido al partido de fútbol entre el Firpo y el Águila, mismo que se llevó a cabo en el estadio Cuscatlán, situado por la zona.
Los resultados de la primera reconstrucción del caso
El pasado 26 de marzo, las autoridades iniciaron con la primera reconstrucción de los hechos. En ese momento, el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, señaló un recorrido que habría realizado la agente, mismo que fue descifrado a través de su teléfono celular.
La bitácora del aparato móvil de Ayala señaló que ella salió por la autopista a Comalapa y se detuvo a la altura de Olocuilta. Posteriormente, continuó su rumbo a la carretera El Litoral hasta llegar al cantón Cruzadilla de San Juan, en Jiquilisco, Usulután.
Por: El Salvador Times.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
