Judicial
Segunda reconstrucción de la desaparición de la agente Carla Ayala deja más dudas para el juez que lleva el caso
El juez a cargo del caso de la desaparición de la agente Carla Ayala aseguró que luego de la segunda reconstrucción de los hechos se siguen teniendo muchas dudas.
La declaración realizada por los dos testigos que fueron admitidos en el proceso a inicios del mes de mayo permitió la segunda fase de la reconstrucción.
Según lo señalado por el juez, Roberto Arévalo Ortuño, se ha definido que “los agentes en el punto del Árbol de la Paz, pero por qué no capturaron al agente Castillo”, se cuestionó.
“Este hecho permitió un nuevo escenario y quedan muchas preguntas”, aseveró el juzgador quien estuvo presente en la escena.
La segunda recreación finalizó ya entrada la madrugada y se realizó con el objetivo de depurar testigos para el proceso judicial en contra de erxagentes del GRP.
Otro de los hechos que se detectó y confirmó en este procedimiento fue que la patrulla en la que ocurrieron los hechos y que se ha detectado que llegó hasta Usulután.
A cinco meses de haber sucedido los hechos las autoridades siguen sin localizar el cuerpo de la agente ni dar con el paradero del agente a quien se le atribuyen los hechos, Juan Josúe Castillo.
La reconstrucción
Dos nuevos testigos admitidos el pasado 2 de mayo por el Juzgado Sexto Instrucción de San Salvador fueron trasladado, la noche de este martes, hacia las instalaciones en donde funcionaba la unidad del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), para ejecutar la segunda fase de reconstrucción de caso de desaparición de la agente policial Carla Ayala.
El proceso fue desarrollado en la residencial San Fernando, situada sobre la calle antigua a Huizúcar, donde se presentaron miembros de la unidad Antipandillas de la Fiscalía General de la República (FGR) y el juez a cargo del caso, Roberto Arévalo.
Además, estuvieron presentes los abogados defensores de los exagentes que han resultado señalados de haber participado en la desaparición de la agente que estaba destacada en la Unidad de Disciplinaria de Apopa.
El ex GRP, Antonio Pineda, explicó a los fiscales e investigadores policiales lo que vio cuando Juan Josué Castillo dejó el vehículo policial en que se llevó a la agente Ayala, el principal sospechoso y quien ha huido de la justicia.
Ayala fue vista por última vez el 29 de diciembre del año pasado, luego de que asistiera a una fiesta navideña organizada por los agentes del GRP, misma a la que fue invitada.
El tramo que estará cerrado es el carril que conduce desde la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, hacia el Estadio Cuscatlán, en el bulevar Los Próceres y el carril del Grupo de Reacción Policial en la residencial San Fernando hacia el Árbol de la Paz.
El pasado 5 de mayo las autoridades habían programado esta misma actividad desarrollada este martes, pero tuvo que ser suspendida debido al partido de fútbol entre el Firpo y el Águila, mismo que se llevó a cabo en el estadio Cuscatlán, situado por la zona.
Los resultados de la primera reconstrucción del caso
El pasado 26 de marzo, las autoridades iniciaron con la primera reconstrucción de los hechos. En ese momento, el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, señaló un recorrido que habría realizado la agente, mismo que fue descifrado a través de su teléfono celular.
La bitácora del aparato móvil de Ayala señaló que ella salió por la autopista a Comalapa y se detuvo a la altura de Olocuilta. Posteriormente, continuó su rumbo a la carretera El Litoral hasta llegar al cantón Cruzadilla de San Juan, en Jiquilisco, Usulután.
Por: El Salvador Times.
La Fiscalía General de la República logró que la Cámara Ambiental de Santa Tecla admitiera la totalidad de las pruebas presentadas en contra del exdiputado del FMLN Guillermo Francisco Mata Bennet y sus dos hijos, procesados por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar el incremento de su patrimonio por un monto de $271,314.75 dólares.
A Mata Bennet, que fungió como diputado en los periodos 2012-2015 y 2015-2018, se le señalan inconsistencias por un monto de $13,270.00 dólares.
A Guillermo Eduardo Mata Mayorga, se le señalan $251,685.80 dólares.
A Jorge Alberto Mata Mayorga, se le reclaman $6,358.85 dólares. En total, son 15 irregularidades en depósitos bancarios, pago de préstamos hipotecarios, pago de tarjetas de crédito, compra de vehículos, entre otros, que no pudieron justificar.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 30 años de prisión a Sifredo Norberto Martínez Corquín, quien es acusado por el delito de secuestro agravado.
En diciembre del 2010, el imputado junto a otros pandilleros de la 18, privaron de libertad a la víctima que residía en Valle Verde, distrito de Apopa, y la mantuvieron secuestrada por varios días hasta que le quitaron la vida.
«El día 3 de diciembre de 2010, la víctima clave Fernanda, fue secuestrada en la colonia Valle Verde 3, del municipio de Apoya, por sujetos pertenecientes a la pandilla 18 que operaban en el sector, entre este grupo de pandilleros se encontraba el señor Sifredo Norberto Martínez Corquín, alias el Negro, quien colaboró en el traslado desde una casa a la otra donde estuvo privada de libertad la víctima, quien el día 4 de diciembre de 2010, lastimosamente fue asesinada y enterada por dichos pandilleros en la zona», indicó el fiscal del caso.
La fuente detalló que el cuerpo de la víctima fue localizado en el sector conocido como la Arenera, Apopa.
«El cadáver de clave Fernanda fue encontrado en el sector de la Arenera mutilado y enterrado casi un año después, en el 2011», señaló el fiscal.
Agregó «en virtud de ello, el Tribunal Quinto contra el crimen organizado juez 1 de San Salvador, consideró la prueba testimonial, documental y pericial declarando al imputado responsable penalmente, condenandolo a 30 años de prisión, por el delito de secuestro agravado».
Este pandillero también es procesado por otros delitos.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 50 años de cárcel para José Eriberto Calidonio, por haber asesinado a una persona en el distrito de Apopa, jurisdicción de San Salvador Oeste.
Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) han determinado que este criminal fue «contactado por el esposo de la víctima para que cometiera el crimen a cambio de dinero».
Calidonio, también apodado Bob Esponja, fue procesado por el delito de homicidio agravado, el cual está regulado en los artículos 128 y 129 del Código Penal. Este crimen sucedió el 18 de marzo de 2016.
«Ese hecho da inicio a partir de la planificación que fue realizada por el esposo de la víctima quien se pone en contacto con dos personas a quienes le ofrece dinero para que ejecuten a la esposa», explicó en su momento la fiscal del caso.
Uno de los criminales contratados es alias Bob Esponja; la víctima fue contactada por los delincuentes a eso de las 4:00 de la tarde y cerca de las 8:00 de la noche fue asesinada con un arma de fuego, según establecieron las autoridades.
