Judicial
Segunda reconstrucción de la desaparición de la agente Carla Ayala deja más dudas para el juez que lleva el caso
El juez a cargo del caso de la desaparición de la agente Carla Ayala aseguró que luego de la segunda reconstrucción de los hechos se siguen teniendo muchas dudas.
La declaración realizada por los dos testigos que fueron admitidos en el proceso a inicios del mes de mayo permitió la segunda fase de la reconstrucción.
Según lo señalado por el juez, Roberto Arévalo Ortuño, se ha definido que “los agentes en el punto del Árbol de la Paz, pero por qué no capturaron al agente Castillo”, se cuestionó.
“Este hecho permitió un nuevo escenario y quedan muchas preguntas”, aseveró el juzgador quien estuvo presente en la escena.
La segunda recreación finalizó ya entrada la madrugada y se realizó con el objetivo de depurar testigos para el proceso judicial en contra de erxagentes del GRP.
Otro de los hechos que se detectó y confirmó en este procedimiento fue que la patrulla en la que ocurrieron los hechos y que se ha detectado que llegó hasta Usulután.
A cinco meses de haber sucedido los hechos las autoridades siguen sin localizar el cuerpo de la agente ni dar con el paradero del agente a quien se le atribuyen los hechos, Juan Josúe Castillo.
La reconstrucción
Dos nuevos testigos admitidos el pasado 2 de mayo por el Juzgado Sexto Instrucción de San Salvador fueron trasladado, la noche de este martes, hacia las instalaciones en donde funcionaba la unidad del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), para ejecutar la segunda fase de reconstrucción de caso de desaparición de la agente policial Carla Ayala.
El proceso fue desarrollado en la residencial San Fernando, situada sobre la calle antigua a Huizúcar, donde se presentaron miembros de la unidad Antipandillas de la Fiscalía General de la República (FGR) y el juez a cargo del caso, Roberto Arévalo.
Además, estuvieron presentes los abogados defensores de los exagentes que han resultado señalados de haber participado en la desaparición de la agente que estaba destacada en la Unidad de Disciplinaria de Apopa.
El ex GRP, Antonio Pineda, explicó a los fiscales e investigadores policiales lo que vio cuando Juan Josué Castillo dejó el vehículo policial en que se llevó a la agente Ayala, el principal sospechoso y quien ha huido de la justicia.
Ayala fue vista por última vez el 29 de diciembre del año pasado, luego de que asistiera a una fiesta navideña organizada por los agentes del GRP, misma a la que fue invitada.
El tramo que estará cerrado es el carril que conduce desde la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, hacia el Estadio Cuscatlán, en el bulevar Los Próceres y el carril del Grupo de Reacción Policial en la residencial San Fernando hacia el Árbol de la Paz.
El pasado 5 de mayo las autoridades habían programado esta misma actividad desarrollada este martes, pero tuvo que ser suspendida debido al partido de fútbol entre el Firpo y el Águila, mismo que se llevó a cabo en el estadio Cuscatlán, situado por la zona.
Los resultados de la primera reconstrucción del caso
El pasado 26 de marzo, las autoridades iniciaron con la primera reconstrucción de los hechos. En ese momento, el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, señaló un recorrido que habría realizado la agente, mismo que fue descifrado a través de su teléfono celular.
La bitácora del aparato móvil de Ayala señaló que ella salió por la autopista a Comalapa y se detuvo a la altura de Olocuilta. Posteriormente, continuó su rumbo a la carretera El Litoral hasta llegar al cantón Cruzadilla de San Juan, en Jiquilisco, Usulután.
Por: El Salvador Times.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
