Judicial
Segunda reconstrucción de la desaparición de la agente Carla Ayala deja más dudas para el juez que lleva el caso
El juez a cargo del caso de la desaparición de la agente Carla Ayala aseguró que luego de la segunda reconstrucción de los hechos se siguen teniendo muchas dudas.
La declaración realizada por los dos testigos que fueron admitidos en el proceso a inicios del mes de mayo permitió la segunda fase de la reconstrucción.
Según lo señalado por el juez, Roberto Arévalo Ortuño, se ha definido que “los agentes en el punto del Árbol de la Paz, pero por qué no capturaron al agente Castillo”, se cuestionó.
“Este hecho permitió un nuevo escenario y quedan muchas preguntas”, aseveró el juzgador quien estuvo presente en la escena.
La segunda recreación finalizó ya entrada la madrugada y se realizó con el objetivo de depurar testigos para el proceso judicial en contra de erxagentes del GRP.
Otro de los hechos que se detectó y confirmó en este procedimiento fue que la patrulla en la que ocurrieron los hechos y que se ha detectado que llegó hasta Usulután.
A cinco meses de haber sucedido los hechos las autoridades siguen sin localizar el cuerpo de la agente ni dar con el paradero del agente a quien se le atribuyen los hechos, Juan Josúe Castillo.
La reconstrucción
Dos nuevos testigos admitidos el pasado 2 de mayo por el Juzgado Sexto Instrucción de San Salvador fueron trasladado, la noche de este martes, hacia las instalaciones en donde funcionaba la unidad del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), para ejecutar la segunda fase de reconstrucción de caso de desaparición de la agente policial Carla Ayala.
El proceso fue desarrollado en la residencial San Fernando, situada sobre la calle antigua a Huizúcar, donde se presentaron miembros de la unidad Antipandillas de la Fiscalía General de la República (FGR) y el juez a cargo del caso, Roberto Arévalo.
Además, estuvieron presentes los abogados defensores de los exagentes que han resultado señalados de haber participado en la desaparición de la agente que estaba destacada en la Unidad de Disciplinaria de Apopa.
El ex GRP, Antonio Pineda, explicó a los fiscales e investigadores policiales lo que vio cuando Juan Josué Castillo dejó el vehículo policial en que se llevó a la agente Ayala, el principal sospechoso y quien ha huido de la justicia.
Ayala fue vista por última vez el 29 de diciembre del año pasado, luego de que asistiera a una fiesta navideña organizada por los agentes del GRP, misma a la que fue invitada.
El tramo que estará cerrado es el carril que conduce desde la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, hacia el Estadio Cuscatlán, en el bulevar Los Próceres y el carril del Grupo de Reacción Policial en la residencial San Fernando hacia el Árbol de la Paz.
El pasado 5 de mayo las autoridades habían programado esta misma actividad desarrollada este martes, pero tuvo que ser suspendida debido al partido de fútbol entre el Firpo y el Águila, mismo que se llevó a cabo en el estadio Cuscatlán, situado por la zona.
Los resultados de la primera reconstrucción del caso
El pasado 26 de marzo, las autoridades iniciaron con la primera reconstrucción de los hechos. En ese momento, el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, señaló un recorrido que habría realizado la agente, mismo que fue descifrado a través de su teléfono celular.
La bitácora del aparato móvil de Ayala señaló que ella salió por la autopista a Comalapa y se detuvo a la altura de Olocuilta. Posteriormente, continuó su rumbo a la carretera El Litoral hasta llegar al cantón Cruzadilla de San Juan, en Jiquilisco, Usulután.
Por: El Salvador Times.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
