Judicial
Segunda reconstrucción de la desaparición de la agente Carla Ayala deja más dudas para el juez que lleva el caso
El juez a cargo del caso de la desaparición de la agente Carla Ayala aseguró que luego de la segunda reconstrucción de los hechos se siguen teniendo muchas dudas.
La declaración realizada por los dos testigos que fueron admitidos en el proceso a inicios del mes de mayo permitió la segunda fase de la reconstrucción.
Según lo señalado por el juez, Roberto Arévalo Ortuño, se ha definido que “los agentes en el punto del Árbol de la Paz, pero por qué no capturaron al agente Castillo”, se cuestionó.
“Este hecho permitió un nuevo escenario y quedan muchas preguntas”, aseveró el juzgador quien estuvo presente en la escena.
La segunda recreación finalizó ya entrada la madrugada y se realizó con el objetivo de depurar testigos para el proceso judicial en contra de erxagentes del GRP.
Otro de los hechos que se detectó y confirmó en este procedimiento fue que la patrulla en la que ocurrieron los hechos y que se ha detectado que llegó hasta Usulután.
A cinco meses de haber sucedido los hechos las autoridades siguen sin localizar el cuerpo de la agente ni dar con el paradero del agente a quien se le atribuyen los hechos, Juan Josúe Castillo.
La reconstrucción
Dos nuevos testigos admitidos el pasado 2 de mayo por el Juzgado Sexto Instrucción de San Salvador fueron trasladado, la noche de este martes, hacia las instalaciones en donde funcionaba la unidad del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), para ejecutar la segunda fase de reconstrucción de caso de desaparición de la agente policial Carla Ayala.
El proceso fue desarrollado en la residencial San Fernando, situada sobre la calle antigua a Huizúcar, donde se presentaron miembros de la unidad Antipandillas de la Fiscalía General de la República (FGR) y el juez a cargo del caso, Roberto Arévalo.
Además, estuvieron presentes los abogados defensores de los exagentes que han resultado señalados de haber participado en la desaparición de la agente que estaba destacada en la Unidad de Disciplinaria de Apopa.
El ex GRP, Antonio Pineda, explicó a los fiscales e investigadores policiales lo que vio cuando Juan Josué Castillo dejó el vehículo policial en que se llevó a la agente Ayala, el principal sospechoso y quien ha huido de la justicia.
Ayala fue vista por última vez el 29 de diciembre del año pasado, luego de que asistiera a una fiesta navideña organizada por los agentes del GRP, misma a la que fue invitada.
El tramo que estará cerrado es el carril que conduce desde la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, hacia el Estadio Cuscatlán, en el bulevar Los Próceres y el carril del Grupo de Reacción Policial en la residencial San Fernando hacia el Árbol de la Paz.
El pasado 5 de mayo las autoridades habían programado esta misma actividad desarrollada este martes, pero tuvo que ser suspendida debido al partido de fútbol entre el Firpo y el Águila, mismo que se llevó a cabo en el estadio Cuscatlán, situado por la zona.
Los resultados de la primera reconstrucción del caso
El pasado 26 de marzo, las autoridades iniciaron con la primera reconstrucción de los hechos. En ese momento, el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, señaló un recorrido que habría realizado la agente, mismo que fue descifrado a través de su teléfono celular.
La bitácora del aparato móvil de Ayala señaló que ella salió por la autopista a Comalapa y se detuvo a la altura de Olocuilta. Posteriormente, continuó su rumbo a la carretera El Litoral hasta llegar al cantón Cruzadilla de San Juan, en Jiquilisco, Usulután.
Por: El Salvador Times.
Una auditoría financiera contable presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) reveló irregularidades en la gestión de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, específicamente en la contratación de una empresa para recuperar impuestos en mora, la cual recibió pagos superiores a lo efectivamente recuperado.
Según explicó ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador una auditora de la Corte de Cuentas de la República (CCR), el contrato fue otorgado sin un estudio técnico previo que justificara el porcentaje de comisión acordado por la recuperación de mora tributaria.
La empresa beneficiada, representada legalmente por el abogado Ricardo Arturo Roque Baires —quien actualmente guarda prisión por este caso—, recibió un porcentaje de comisión 9.97% más alto que otras firmas contratadas en administraciones anteriores. Mientras que en gobiernos municipales previos se pagaba una comisión del 15% sobre lo recuperado, en este caso la alcaldía terminó pagando más por el contrato que por lo efectivamente recaudado.
De acuerdo con los datos expuestos en el juicio, la comuna de Soyapango firmó un contrato de recuperación de mora por un monto de $1,247,000. Sin embargo, durante el periodo contractual solo se recuperaron $867,499.96 en impuestos, mientras que a la empresa se le cancelaron $187,530.12, fondos que salieron de dos cuentas municipales firmadas por Montano y la extesorera Ruth Raquel Aguilar de Montano, actualmente prófuga.
La perito calificó como excesivo el pago realizado a la empresa de Roque Baires, quien ya había realizado trabajos similares para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y Albapetróleos, cobrando comisiones del 13% y 15%, respectivamente.
Para sustentar su informe, la experta auditora revisó documentos proporcionados por la Superintendencia del Sistema Financiero, así como información decomisada por las autoridades y otra suministrada por la misma alcaldía de Soyapango.
El caso forma parte de los procesos judiciales que enfrenta la exalcaldesa Montano por presuntos actos de corrupción durante su administración.
Judicial
El Salvador impone condenas históricas: más de 10 pandilleros sentenciados a 100 años o más de prisión
En el marco de la política de combate frontal a las estructuras criminales, autoridades salvadoreñas han logrado en el último año la condena ejemplar de al menos diez pandilleros y criminales a penas que superan los 100 años de prisión. Los delitos incluyen homicidios, feminicidios, extorsión, privación de libertad y tráfico ilícito, según informes del sistema judicial y la Fiscalía General de la República.
Entre los casos más destacados en los primeros cuatro meses de 2025 se encuentran tres miembros de la pandilla MS-13: Gerardo Josué García, condenado a 1,071 años; Exequiel Anastasio Maradiaga Flores, con una pena de 600 años; y José Aníbal Moreira Bernal, sentenciado a 524 años. Los tres delinquieron entre 2014 y 2018 en la zona oriental del país, siendo encontrados culpables de 28 homicidios agravados, un feminicidio, 50 conspiraciones para cometer asesinatos, 38 extorsiones y otros cargos relacionados con crimen organizado.
Otros casos recientes incluyen a Pablo Edgar López y David Antonio Martínez, condenados a 155 y 120 años respectivamente, por su participación en varios homicidios y delitos cometidos en conjunto con otros miembros de la MS-13.
También se reporta la condena de Cristian Giovanni Miranda Muller, sentenciado a 100 años de cárcel por el asesinato de su excompañera de vida y su hija en Tonacatepeque, en mayo de 2021. Ronald Antonio Hernández Gómez, cómplice en el crimen, recibió 60 años de prisión.
En Ahuachapán, Jonathan Alexander Armas Patriz fue condenado a 110 años tras ser hallado culpable de feminicidio agravado, homicidio agravado y aborto sin consentimiento. El sujeto asesinó a su expareja embarazada y a un menor.
Por su parte, Jonathan Barrera Ruano, alias «Sangriento», líder de una red criminal, recibió 218 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos el asesinato de Ruth Nohemy A. S. y su hijo de seis meses en Ciudad Delgado en noviembre de 2020. En esa misma estructura delictiva participaba Luis Alonso Zelada Ramírez, alias «Silent», quien fue sentenciado a 236 años.
En octubre del año pasado, Marvin Alberto Maldonado Arias fue condenado a 100 años por el asesinato de cuatro mujeres entre 2014 y 2017 en San José Villanueva. Dos de las víctimas fueron ejecutadas por sospechas de ser informantes, y las otras dos por haber presenciado el homicidio de un agente policial.
Finalmente, seis integrantes de la pandilla 18 fueron condenados el año pasado a penas de entre 75 y 100 años de prisión por su responsabilidad en tres homicidios y una desaparición forzada ocurridos en Ciudad Delgado entre 2021 y 2022.
Estas condenas forman parte de la ofensiva penal y judicial contra las estructuras criminales, impulsada por el Gobierno bajo el régimen de excepción. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces, con el objetivo de consolidar un país libre de violencia.
El Juzgado Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a 17 años de cárcel a Josué Eduardo Platero Mina, acusado de asesinar a su pareja, José Antonio Hernández Paz, en medio de una discusión por supuestas infidelidades.
El crimen ocurrió a inicios de enero de 2024 en el cantón El Matazano, distrito de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad. Platero Mina, quien tenía 20 años al momento de los hechos, atacó a la víctima con golpes y un arma blanca, según determinó la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las autoridades señalaron que la noche del 31 de diciembre de 2023, Platero Mina llegó a la vivienda de Hernández Paz alrededor de las 11:00 p. m., pero se retiró sin previo aviso. Luego, Hernández Paz le comunicó que llegaría a su casa más tarde. Testigos afirmaron que ambos discutieron en al menos dos ocasiones antes del homicidio.
Según la FGR, Platero Mina golpeó e hirió con arma blanca a Hernández Paz y posteriormente arrojó su cuerpo cerca de la quebrada conocida como cuesta Los Conacastes, en el mismo cantón. El cadáver fue localizado el 2 de enero por un ciudadano que recolectaba leña en la zona.
Tras ser identificado como principal sospechoso, Platero Mina fue detenido por el delito de resistencia, mientras las investigaciones continuaban. Durante un registro en su vivienda, las autoridades encontraron en una fosa séptica el teléfono, la cartera y los documentos personales de la víctima, además del arma utilizada en el crimen.
Con base en estas evidencias, la Fiscalía formalizó la acusación por homicidio simple. El tribunal validó los elementos presentados y emitió la condena contra el imputado.
