Judicial
Según la FGR, en dos años, 108 personas han sido procesadas por el asesinato de sus familiares
Según las estadísticas de la Fiscalía General de la República (FGR), entre enero de 2022 y julio de 2024 se ha procesado a 726 personas acusadas por el delito de homicidio, de estas, un 15 % (108) son imputados que han asesinado a alguien de su familia.
Los datos brindados por el ministerio público detallan que en todo el 2022 un total de 31 casos, catalogados por la Fiscalía, como homicidios de intolerancia familiar fueron judicializados; mientras que en el 2023 la cifra de casos subió a 47, siendo agosto el mes en que más procesos judiciales (8) se ejecutaron contra personas que atentaron contra la vida de sus familiares.
Los reportes también dan cuenta que, entre enero y julio de este año, un total de 30 personas han sido procesadas por asesinar a sus padres, hermanos, tíos, primos o parejas. Entre estos, se incluyen 9 casos de padres y madres que han cometido el delito de homicidio en contra de sus propios hijos.
El último caso de padres que han atentado contra la vida de sus hijos fue el judicializado, el pasado 20 de septiembre, por el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, en La Libertad, en contra de Ada Steffany Mata Velis, quien fue enviada a juicio por el homicidio agravado de su hijo recién nacido.
Según las investigaciones, el crimen fue cometido en marzo de este año, en una residencial privada en la jurisdicción de Santa Tecla, donde la imputada trabajaba.
Tres días antes (17 de septiembre) que Mata Velis fuera enviada a juicio, el Juzgado de Paz de San Luis La Herradura, en La Paz, decretó que Esmeralda Elizabeth Pineda se mantenga en prisión mientras avanza la investigación en su contra por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su hijo de 8 meses.
Según la investigación, el 10 de septiembre del 2024, en el distrito de San Luis La Herradura, en el municipio de La Paz Centro, la imputada habría asfixiado al menor de edad hasta quitarle la vida, luego trató de eliminar la evidencia.
Pineda deambulaba por la zona cuando fue interceptada por agentes de la Fuerza Armada, quienes la interrogaron, posteriormente fue entregada a la Policía.
La imputada se mantendrá en prisión mientras el proceso judicial en su contra sigue en la fase de instrucción.
ASESINÓ A MADRE E HIJO
En prisión también se mantendrá Oscar Armando Aguirre Flores, quien es acusado de fraude procesal y del homicidio agravado de su expareja quien se encontraba en embarazada al momento del crimen.
La Fiscalía detalló que el crimen fue cometido en julio pasado. «Tras una discusión, el imputado atacó a la víctima con arma blanca hasta quitarle la vida; luego, Aguirre Flores se deshizo del cuerpo de la víctima y limpió la escena para eliminar toda evidencia», indicó el fiscal del caso.
Tras la audiencia inicial, celebrada el 13 de agosto, el ministerio público logró que el imputado se mantenga en la cárcel mientras el caso pasa a la siguiente etapa.
«Con estos resultados, la Fiscalía afirma su compromiso de combatir la impunidad y lucha contra los casos de violencia contra las mujeres en el país», señaló el fiscal.
35 AÑOS EN LA CÁRCEL POR ASESINAR A SU HIJA
El pasado 6 de mayo, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador decretó una condena de 35 años de prisión para Ester Leonor Pineda de Orellana, quien fue declarada culpable del homicidio agravado en perjuicio de su hija de 9 años.
Según las investigaciones y pruebas presentadas en el juicio por la Fiscalía, la menor era víctima de constantes maltratos los cuales terminaron en asesinato el 10 de enero de 2023, en el distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
Tras cometer el crimen, la imputada huyó, pero fue capturada horas más tarde.
IMPUTADO QUE PROVOCÓ ABORTO DE SU HIJO PASARÁ 24 AÑOS PRESO
Marco Antonio Linares Menjívar fue sentenciado a 24 años de cárcel por intentar asesinar a una mujer embarazada y provocar la pérdida de su hijo.
«El imputado fue el responsable de haber golpeado a su pareja, una mujer embarazada (con ocho meses de gestación) y producto de la golpiza, le produjo un aborto», explicó la fiscal del caso.
El crimen fue cometido el 15 de enero del 2022, al interior de un apartamento ubicado en el Barrio San Esteban, en San Salvador.
La pena de 24 años en prisión fue impuesta por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer de San Salvador, el 4 de enero, el imputado fue acusado por los delitos de aborto sin consentimiento y feminicidio agravado en grado de tentativa.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
