Judicial
Según la FGR, en dos años, 108 personas han sido procesadas por el asesinato de sus familiares
Según las estadísticas de la Fiscalía General de la República (FGR), entre enero de 2022 y julio de 2024 se ha procesado a 726 personas acusadas por el delito de homicidio, de estas, un 15 % (108) son imputados que han asesinado a alguien de su familia.
Los datos brindados por el ministerio público detallan que en todo el 2022 un total de 31 casos, catalogados por la Fiscalía, como homicidios de intolerancia familiar fueron judicializados; mientras que en el 2023 la cifra de casos subió a 47, siendo agosto el mes en que más procesos judiciales (8) se ejecutaron contra personas que atentaron contra la vida de sus familiares.
Los reportes también dan cuenta que, entre enero y julio de este año, un total de 30 personas han sido procesadas por asesinar a sus padres, hermanos, tíos, primos o parejas. Entre estos, se incluyen 9 casos de padres y madres que han cometido el delito de homicidio en contra de sus propios hijos.
El último caso de padres que han atentado contra la vida de sus hijos fue el judicializado, el pasado 20 de septiembre, por el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, en La Libertad, en contra de Ada Steffany Mata Velis, quien fue enviada a juicio por el homicidio agravado de su hijo recién nacido.
Según las investigaciones, el crimen fue cometido en marzo de este año, en una residencial privada en la jurisdicción de Santa Tecla, donde la imputada trabajaba.
Tres días antes (17 de septiembre) que Mata Velis fuera enviada a juicio, el Juzgado de Paz de San Luis La Herradura, en La Paz, decretó que Esmeralda Elizabeth Pineda se mantenga en prisión mientras avanza la investigación en su contra por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su hijo de 8 meses.
Según la investigación, el 10 de septiembre del 2024, en el distrito de San Luis La Herradura, en el municipio de La Paz Centro, la imputada habría asfixiado al menor de edad hasta quitarle la vida, luego trató de eliminar la evidencia.
Pineda deambulaba por la zona cuando fue interceptada por agentes de la Fuerza Armada, quienes la interrogaron, posteriormente fue entregada a la Policía.
La imputada se mantendrá en prisión mientras el proceso judicial en su contra sigue en la fase de instrucción.
ASESINÓ A MADRE E HIJO
En prisión también se mantendrá Oscar Armando Aguirre Flores, quien es acusado de fraude procesal y del homicidio agravado de su expareja quien se encontraba en embarazada al momento del crimen.
La Fiscalía detalló que el crimen fue cometido en julio pasado. «Tras una discusión, el imputado atacó a la víctima con arma blanca hasta quitarle la vida; luego, Aguirre Flores se deshizo del cuerpo de la víctima y limpió la escena para eliminar toda evidencia», indicó el fiscal del caso.
Tras la audiencia inicial, celebrada el 13 de agosto, el ministerio público logró que el imputado se mantenga en la cárcel mientras el caso pasa a la siguiente etapa.
«Con estos resultados, la Fiscalía afirma su compromiso de combatir la impunidad y lucha contra los casos de violencia contra las mujeres en el país», señaló el fiscal.
35 AÑOS EN LA CÁRCEL POR ASESINAR A SU HIJA
El pasado 6 de mayo, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador decretó una condena de 35 años de prisión para Ester Leonor Pineda de Orellana, quien fue declarada culpable del homicidio agravado en perjuicio de su hija de 9 años.
Según las investigaciones y pruebas presentadas en el juicio por la Fiscalía, la menor era víctima de constantes maltratos los cuales terminaron en asesinato el 10 de enero de 2023, en el distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
Tras cometer el crimen, la imputada huyó, pero fue capturada horas más tarde.
IMPUTADO QUE PROVOCÓ ABORTO DE SU HIJO PASARÁ 24 AÑOS PRESO
Marco Antonio Linares Menjívar fue sentenciado a 24 años de cárcel por intentar asesinar a una mujer embarazada y provocar la pérdida de su hijo.
«El imputado fue el responsable de haber golpeado a su pareja, una mujer embarazada (con ocho meses de gestación) y producto de la golpiza, le produjo un aborto», explicó la fiscal del caso.
El crimen fue cometido el 15 de enero del 2022, al interior de un apartamento ubicado en el Barrio San Esteban, en San Salvador.
La pena de 24 años en prisión fue impuesta por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer de San Salvador, el 4 de enero, el imputado fue acusado por los delitos de aborto sin consentimiento y feminicidio agravado en grado de tentativa.
El Juzgado Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a 17 años de cárcel a Josué Eduardo Platero Mina, acusado de asesinar a su pareja, José Antonio Hernández Paz, en medio de una discusión por supuestas infidelidades.
El crimen ocurrió a inicios de enero de 2024 en el cantón El Matazano, distrito de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad. Platero Mina, quien tenía 20 años al momento de los hechos, atacó a la víctima con golpes y un arma blanca, según determinó la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las autoridades señalaron que la noche del 31 de diciembre de 2023, Platero Mina llegó a la vivienda de Hernández Paz alrededor de las 11:00 p. m., pero se retiró sin previo aviso. Luego, Hernández Paz le comunicó que llegaría a su casa más tarde. Testigos afirmaron que ambos discutieron en al menos dos ocasiones antes del homicidio.
Según la FGR, Platero Mina golpeó e hirió con arma blanca a Hernández Paz y posteriormente arrojó su cuerpo cerca de la quebrada conocida como cuesta Los Conacastes, en el mismo cantón. El cadáver fue localizado el 2 de enero por un ciudadano que recolectaba leña en la zona.
Tras ser identificado como principal sospechoso, Platero Mina fue detenido por el delito de resistencia, mientras las investigaciones continuaban. Durante un registro en su vivienda, las autoridades encontraron en una fosa séptica el teléfono, la cartera y los documentos personales de la víctima, además del arma utilizada en el crimen.
Con base en estas evidencias, la Fiscalía formalizó la acusación por homicidio simple. El tribunal validó los elementos presentados y emitió la condena contra el imputado.
Judicial
Motorista que condujo en sentido contrario y amenazó con un corvo es condenado a trabajo comunitario
Hugo Antonio Flores Rivas, motorista de la ruta 106, fue condenado a un año de prisión por el delito de conducción peligrosa de vehículos automotores, luego de ser captado en video manejando en sentido contrario sobre una carretera en el departamento de La Libertad Oeste.
El hecho ocurrió el pasado 27 de abril en la vía que conduce hacia Quezaltepeque. En las imágenes que circularon en redes sociales, se observa a Flores Rivas conduciendo de forma temeraria. Al notar que estaba siendo grabado, el imputado sacó un arma blanca tipo corvo y amenazó al ciudadano que lo filmaba.
Tras la difusión del video, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal ante el tribunal correspondiente. Durante la audiencia preliminar, el procesado aceptó los hechos y se sometió a un procedimiento abreviado, lo que permitió al juez imponer una pena alternativa.
En lugar de cumplir el año de cárcel, la pena fue sustituida por trabajo de utilidad pública, medida contemplada en la legislación salvadoreña para ciertos delitos y bajo condiciones específicas. Las autoridades no precisaron en qué consistirán las labores comunitarias que deberá realizar el condenado.
El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a Nefthaly Adonay Muñoz Pérez y Fredy Antonio Hidalgo Azucena a 20 años de cárcel por el delito de extorsión agravada contra un comerciante en el departamento de Cuscatlán.
Según informó la Fiscalía General de la República, los imputados amenazaban de muerte a la víctima para obligarla a entregar dinero de forma mensual, además de mercadería que comercializaba. “La coacción en la entrega de dinero y productos, así como la falta de utilidades en su negocio, obligaron a la víctima a cerrar su única fuente de ingresos”, explicó el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Santa Cruz Michapa entre diciembre de 2022 y 2023. Las investigaciones establecieron que ambos sujetos exigían pagos regulares como parte de su actividad delictiva.
Esta es la segunda condena por extorsión que enfrentan los acusados. En febrero de este mismo año, ya habían sido sentenciados a 15 años de prisión por extorsionar a otra víctima.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron al tribunal declarar culpables a los dos acusados.
