Judicial
Se vestían como policías para montar retenes falsos y despojar de las pertenencias de valor a sus víctimas
A los detenidos les decomisaron un vehículo, armas de juguetes y un revólver real.
Un albañil, un publicista y un pintor se encuentran a la espera que se celebre el juicio en su contra luego de ser encontrados vestidos con ropa similar a la de policías y protagonizar una persecución en la colonia Popotlán 4 del municipio de Apopa.
Jorge M., el albañil de 44 años de edad; Carlos R., publicista de 26; y René B., un pintor de 21, se reunieron una noche para montar un punto de asalto en un predio oscuro en el que apagaron las luces del carro en el que se transportaban para esperar a sus víctimas.
La noche del 21 de marzo de 2018, los delincuentes habían preparado la ropa oscura y sus armas de fuego para tratar de obtener el mejor botín sin contar con que a los pocos minutos aparecería un carro patrulla que provocó que el grupo entrara en alerta.
Cuando la patrulla se estaba por estacionar, los imputados corrieron al interior del vehículo al que Carlos apretó el acelerador mientras sus compinches lo alentaban para escapar de la ley.
Los agentes comenzaron a exigirles por una bocina que se detuvieran, orden que fue desatendida por los sujetos a quienes persiguieron por varios minutos hasta lograr interceptarlos para revisar lo que ocultaban.
La revisión y las excusas
Según el requerimiento fiscal, los tres hombres que fueron intervenidos estaban vestidos con ropa que simulaba uniformes policiales. El primero en ser revisado fue Jorge quien portaba un revolver que cargaba en un cinturón, cuando se le cuestionó sobre la documentación del arma señaló que no tenía registrada el arma.
René fue el segundo en la fila, vestía con un pantalón y camisa azul oscura, botas militares y en su cintura se había colgado un pistola que resultó ser de juguete. Por último Carlos quien era el único que no vestía como sus dos compañeros.
Dentro del vehículo se encontró un maletín, un pantalón policial, un par de botas militares, guantes negros, tres gorros navarone, una lámpara metálica y un cono vehícular anaranjado. Posterior a la requisa, los tres amigos fueron llevados a las bartolinas a la espera del inicio de su proceso judicial.
Jorge solicitó al tribunal de Instrucción que se interpusiera medidas sustitutivas para no permanecer en la cárcel, petición que fue concedida mientras que sus otros compañeros siguen en prisión. Los tres fueron acusados de los delitos de tenencia y uso indebido de trajes oficiales, portación ilegal de fuego y organizaciones terroristas.
Se presume que los hombres se vestían como policías para simular falsos retenes en las carreteras y robar a sus víctimas. Un oficial de la zona explicó que hay indicios que los uniformes son auténticos, ya que tienen el código que les asigna la PNC.
“Andábamos robando, nada más; simplemente nos los compramos ahí en el centro, en el Sagrado Corazón», confesó uno de los detenidos al ser cuestionado sobre la procedencia de la vestimenta. Otro detenido aseguró que no sabía que portar uniformes policiales es delito.
El 18 de diciembre donde se espera que los imputados se presentan la vista pública para que el juez del tribunal Primero de Sentencia de San Salvador de una resolución a partir de las pruebas presentadas por las partes.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que nueve pandilleros de la MS-13 recibieran penas de hasta 90 años de prisión por delitos cometidos en diferentes zonas de los distritos de Huizúcar y Zaragoza, en el departamento de La Libertad.
El ministerio público informó que los pandilleros Juan Manuel Chávez Aguilar y Danilo Amílcar Araujo Estrada, fueron condenados a 90 años de cárcel, mientras que Alexander Armando Granados Vásquez y William Alfredo Hernández Martínez recibieron penas de 60 años de prisión.
La FGR procesó a los pandilleros por asesinatos cometidos contra un trabajador y de un comerciante. Además, los acusó de la privación de libertad y el homicidio agravado de dos hermanos.
En su cuenta en X la institución recordó que los dos hermanos se dirigían hacia su trabajo cuando los pandilleros, utilizando armas de fuego, le salieron al encuentro para llevárselos a la fuerza hacia un lugar desolado en donde les quitaron la vida.
El informe oficial indica además que otros pandilleros recibieron penas carcelarias que van desde los 30 a los 20 años de prisión. Todos pertenecen a las clicas Teclas Locos Salvatruchos, San Antonio Locos Salvatruchos y Nejapas Locos Salvatruchos de la MS-13.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Por otra parte, la Fiscalía informó que Alexander Joel Torres Moreno, alias el Sangriento (prófugo) y Rigoberto Vladimir Velásquez Amaya, fueron condenados a 40 años de prisión por el homicidio agravado de dos hermanos.
El crimen ocurrió el 11 de junio de 2014 en el sector conocido como La Quebrada, de la colonia Santa María, del distrito de La Unión. Según la acusación fiscal, Velásquez Amaya se comunicó con una de las víctimas y le pidió que llegara al lugar para hablar, pero era una trampa para asesinarlos.
La FGR logró además, que José Mariano Martínez Calderón sea condenado a 40 años de prisión por los delitos de violación en menor o incapaz continuada y extorsión agravada.
