Judicial
Se vestían como policías para montar retenes falsos y despojar de las pertenencias de valor a sus víctimas
A los detenidos les decomisaron un vehículo, armas de juguetes y un revólver real.
Un albañil, un publicista y un pintor se encuentran a la espera que se celebre el juicio en su contra luego de ser encontrados vestidos con ropa similar a la de policías y protagonizar una persecución en la colonia Popotlán 4 del municipio de Apopa.
Jorge M., el albañil de 44 años de edad; Carlos R., publicista de 26; y René B., un pintor de 21, se reunieron una noche para montar un punto de asalto en un predio oscuro en el que apagaron las luces del carro en el que se transportaban para esperar a sus víctimas.
La noche del 21 de marzo de 2018, los delincuentes habían preparado la ropa oscura y sus armas de fuego para tratar de obtener el mejor botín sin contar con que a los pocos minutos aparecería un carro patrulla que provocó que el grupo entrara en alerta.
Cuando la patrulla se estaba por estacionar, los imputados corrieron al interior del vehículo al que Carlos apretó el acelerador mientras sus compinches lo alentaban para escapar de la ley.
Los agentes comenzaron a exigirles por una bocina que se detuvieran, orden que fue desatendida por los sujetos a quienes persiguieron por varios minutos hasta lograr interceptarlos para revisar lo que ocultaban.
La revisión y las excusas
Según el requerimiento fiscal, los tres hombres que fueron intervenidos estaban vestidos con ropa que simulaba uniformes policiales. El primero en ser revisado fue Jorge quien portaba un revolver que cargaba en un cinturón, cuando se le cuestionó sobre la documentación del arma señaló que no tenía registrada el arma.
René fue el segundo en la fila, vestía con un pantalón y camisa azul oscura, botas militares y en su cintura se había colgado un pistola que resultó ser de juguete. Por último Carlos quien era el único que no vestía como sus dos compañeros.
Dentro del vehículo se encontró un maletín, un pantalón policial, un par de botas militares, guantes negros, tres gorros navarone, una lámpara metálica y un cono vehícular anaranjado. Posterior a la requisa, los tres amigos fueron llevados a las bartolinas a la espera del inicio de su proceso judicial.
Jorge solicitó al tribunal de Instrucción que se interpusiera medidas sustitutivas para no permanecer en la cárcel, petición que fue concedida mientras que sus otros compañeros siguen en prisión. Los tres fueron acusados de los delitos de tenencia y uso indebido de trajes oficiales, portación ilegal de fuego y organizaciones terroristas.
Se presume que los hombres se vestían como policías para simular falsos retenes en las carreteras y robar a sus víctimas. Un oficial de la zona explicó que hay indicios que los uniformes son auténticos, ya que tienen el código que les asigna la PNC.
“Andábamos robando, nada más; simplemente nos los compramos ahí en el centro, en el Sagrado Corazón», confesó uno de los detenidos al ser cuestionado sobre la procedencia de la vestimenta. Otro detenido aseguró que no sabía que portar uniformes policiales es delito.
El 18 de diciembre donde se espera que los imputados se presentan la vista pública para que el juez del tribunal Primero de Sentencia de San Salvador de una resolución a partir de las pruebas presentadas por las partes.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
