Judicial
Se vestían como policías para montar retenes falsos y despojar de las pertenencias de valor a sus víctimas
A los detenidos les decomisaron un vehículo, armas de juguetes y un revólver real.
Un albañil, un publicista y un pintor se encuentran a la espera que se celebre el juicio en su contra luego de ser encontrados vestidos con ropa similar a la de policías y protagonizar una persecución en la colonia Popotlán 4 del municipio de Apopa.
Jorge M., el albañil de 44 años de edad; Carlos R., publicista de 26; y René B., un pintor de 21, se reunieron una noche para montar un punto de asalto en un predio oscuro en el que apagaron las luces del carro en el que se transportaban para esperar a sus víctimas.
La noche del 21 de marzo de 2018, los delincuentes habían preparado la ropa oscura y sus armas de fuego para tratar de obtener el mejor botín sin contar con que a los pocos minutos aparecería un carro patrulla que provocó que el grupo entrara en alerta.
Cuando la patrulla se estaba por estacionar, los imputados corrieron al interior del vehículo al que Carlos apretó el acelerador mientras sus compinches lo alentaban para escapar de la ley.
Los agentes comenzaron a exigirles por una bocina que se detuvieran, orden que fue desatendida por los sujetos a quienes persiguieron por varios minutos hasta lograr interceptarlos para revisar lo que ocultaban.
La revisión y las excusas
Según el requerimiento fiscal, los tres hombres que fueron intervenidos estaban vestidos con ropa que simulaba uniformes policiales. El primero en ser revisado fue Jorge quien portaba un revolver que cargaba en un cinturón, cuando se le cuestionó sobre la documentación del arma señaló que no tenía registrada el arma.
René fue el segundo en la fila, vestía con un pantalón y camisa azul oscura, botas militares y en su cintura se había colgado un pistola que resultó ser de juguete. Por último Carlos quien era el único que no vestía como sus dos compañeros.
Dentro del vehículo se encontró un maletín, un pantalón policial, un par de botas militares, guantes negros, tres gorros navarone, una lámpara metálica y un cono vehícular anaranjado. Posterior a la requisa, los tres amigos fueron llevados a las bartolinas a la espera del inicio de su proceso judicial.
Jorge solicitó al tribunal de Instrucción que se interpusiera medidas sustitutivas para no permanecer en la cárcel, petición que fue concedida mientras que sus otros compañeros siguen en prisión. Los tres fueron acusados de los delitos de tenencia y uso indebido de trajes oficiales, portación ilegal de fuego y organizaciones terroristas.
Se presume que los hombres se vestían como policías para simular falsos retenes en las carreteras y robar a sus víctimas. Un oficial de la zona explicó que hay indicios que los uniformes son auténticos, ya que tienen el código que les asigna la PNC.
“Andábamos robando, nada más; simplemente nos los compramos ahí en el centro, en el Sagrado Corazón», confesó uno de los detenidos al ser cuestionado sobre la procedencia de la vestimenta. Otro detenido aseguró que no sabía que portar uniformes policiales es delito.
El 18 de diciembre donde se espera que los imputados se presentan la vista pública para que el juez del tribunal Primero de Sentencia de San Salvador de una resolución a partir de las pruebas presentadas por las partes.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
