Judicial
Se vestían como policías para montar retenes falsos y despojar de las pertenencias de valor a sus víctimas
A los detenidos les decomisaron un vehículo, armas de juguetes y un revólver real.
Un albañil, un publicista y un pintor se encuentran a la espera que se celebre el juicio en su contra luego de ser encontrados vestidos con ropa similar a la de policías y protagonizar una persecución en la colonia Popotlán 4 del municipio de Apopa.
Jorge M., el albañil de 44 años de edad; Carlos R., publicista de 26; y René B., un pintor de 21, se reunieron una noche para montar un punto de asalto en un predio oscuro en el que apagaron las luces del carro en el que se transportaban para esperar a sus víctimas.
La noche del 21 de marzo de 2018, los delincuentes habían preparado la ropa oscura y sus armas de fuego para tratar de obtener el mejor botín sin contar con que a los pocos minutos aparecería un carro patrulla que provocó que el grupo entrara en alerta.
Cuando la patrulla se estaba por estacionar, los imputados corrieron al interior del vehículo al que Carlos apretó el acelerador mientras sus compinches lo alentaban para escapar de la ley.
Los agentes comenzaron a exigirles por una bocina que se detuvieran, orden que fue desatendida por los sujetos a quienes persiguieron por varios minutos hasta lograr interceptarlos para revisar lo que ocultaban.
La revisión y las excusas
Según el requerimiento fiscal, los tres hombres que fueron intervenidos estaban vestidos con ropa que simulaba uniformes policiales. El primero en ser revisado fue Jorge quien portaba un revolver que cargaba en un cinturón, cuando se le cuestionó sobre la documentación del arma señaló que no tenía registrada el arma.
René fue el segundo en la fila, vestía con un pantalón y camisa azul oscura, botas militares y en su cintura se había colgado un pistola que resultó ser de juguete. Por último Carlos quien era el único que no vestía como sus dos compañeros.
Dentro del vehículo se encontró un maletín, un pantalón policial, un par de botas militares, guantes negros, tres gorros navarone, una lámpara metálica y un cono vehícular anaranjado. Posterior a la requisa, los tres amigos fueron llevados a las bartolinas a la espera del inicio de su proceso judicial.
Jorge solicitó al tribunal de Instrucción que se interpusiera medidas sustitutivas para no permanecer en la cárcel, petición que fue concedida mientras que sus otros compañeros siguen en prisión. Los tres fueron acusados de los delitos de tenencia y uso indebido de trajes oficiales, portación ilegal de fuego y organizaciones terroristas.
Se presume que los hombres se vestían como policías para simular falsos retenes en las carreteras y robar a sus víctimas. Un oficial de la zona explicó que hay indicios que los uniformes son auténticos, ya que tienen el código que les asigna la PNC.
“Andábamos robando, nada más; simplemente nos los compramos ahí en el centro, en el Sagrado Corazón», confesó uno de los detenidos al ser cuestionado sobre la procedencia de la vestimenta. Otro detenido aseguró que no sabía que portar uniformes policiales es delito.
El 18 de diciembre donde se espera que los imputados se presentan la vista pública para que el juez del tribunal Primero de Sentencia de San Salvador de una resolución a partir de las pruebas presentadas por las partes.
Internacionales
Guatemala extradita a El Salvador al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes por hurto agravado
La Policía Nacional de Guatemala, con apoyo de INTERPOL, entregó a las autoridades salvadoreñas al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, requerido por el delito de hurto agravado.
La extradición se realizó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, emitida el 5 de marzo, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Gaitán Paredes había estado recluido en la cárcel Mariscal Zavala y, una vez resuelta su situación legal en Guatemala, fue trasladado a través de la frontera de Valle Nuevo, donde fue recibido por agentes de INTERPOL de El Salvador.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.
De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.
Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.
Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.
Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.
El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
