Judicial
Se programó para enero la audiencia que involucra a la exprimera dama Ana Ligia de Saca
El Juzgado 7° de Instrucción de San Salvador, programó para el 7 de enero de 2019 la audiencia preliminar contra 16 personas, acusadas de lavado de dinero y de activos y casos especiales de encubrimiento en el delito de lavado de dinero. Entre los acusados está la exprimera dama Ana Ligia Mixco Sol de Saca, publicistas y ex miembros de la Inteligencia del Estado OIE.
La diligencia estaba programada para el pasado 5 de noviembre pero fue aplazada a raíz de la recusación (separar al juez del caso) de los fiscales contra el juez Miguel Ángel García Arguello, que le cuestionaron que no autorizó el plazo de tres meses de una ampliación de 13 puntos periciales y que según los fiscales “con su actuar pone en peligro su imparcialidad”
No obstante a finales de octubre los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, declararon no ha lugar la recusación de la fiscalía y ordenaron que el juez siguiera conociendo el caso y señalar nueva fecha de audiencia.
A los imputados, la fiscalía los acusa de blanquear unos 22 millones de dólares de la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial, presuntamente para favorecer al expresidente Elías Antonio Saca. Supuestamente estas personas naturales utilizaron sus cuentas bancarias y sus empresas para ocultar el origen ilícito del dinero.
Los procesados son: Ana Ligia Mixco Sol de Saca, Oscar Edgardo Mixco Sol, José Antonio Lemus Zaldívar, Ricardo Ernesto Lemus Zelaya, José Antonio Armando Lemus Zelaya, César Daniel Funes Cruz, Gerardo Antonio Funes Duran, Julio Roberto Zamora, Sonia Guadalupe Morales, María Emma Suazo Canjura, Reina Cecilia de la O, Rubén Ernesto Castro, Ángel José Montoya y Oswaldo Octavio Orantes Marenco.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
