Judicial
Se programó para enero la audiencia que involucra a la exprimera dama Ana Ligia de Saca
El Juzgado 7° de Instrucción de San Salvador, programó para el 7 de enero de 2019 la audiencia preliminar contra 16 personas, acusadas de lavado de dinero y de activos y casos especiales de encubrimiento en el delito de lavado de dinero. Entre los acusados está la exprimera dama Ana Ligia Mixco Sol de Saca, publicistas y ex miembros de la Inteligencia del Estado OIE.
La diligencia estaba programada para el pasado 5 de noviembre pero fue aplazada a raíz de la recusación (separar al juez del caso) de los fiscales contra el juez Miguel Ángel García Arguello, que le cuestionaron que no autorizó el plazo de tres meses de una ampliación de 13 puntos periciales y que según los fiscales “con su actuar pone en peligro su imparcialidad”
No obstante a finales de octubre los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, declararon no ha lugar la recusación de la fiscalía y ordenaron que el juez siguiera conociendo el caso y señalar nueva fecha de audiencia.
A los imputados, la fiscalía los acusa de blanquear unos 22 millones de dólares de la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial, presuntamente para favorecer al expresidente Elías Antonio Saca. Supuestamente estas personas naturales utilizaron sus cuentas bancarias y sus empresas para ocultar el origen ilícito del dinero.
Los procesados son: Ana Ligia Mixco Sol de Saca, Oscar Edgardo Mixco Sol, José Antonio Lemus Zaldívar, Ricardo Ernesto Lemus Zelaya, José Antonio Armando Lemus Zelaya, César Daniel Funes Cruz, Gerardo Antonio Funes Duran, Julio Roberto Zamora, Sonia Guadalupe Morales, María Emma Suazo Canjura, Reina Cecilia de la O, Rubén Ernesto Castro, Ángel José Montoya y Oswaldo Octavio Orantes Marenco.
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Judicial
Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
