Judicial
Se programó para enero la audiencia que involucra a la exprimera dama Ana Ligia de Saca
El Juzgado 7° de Instrucción de San Salvador, programó para el 7 de enero de 2019 la audiencia preliminar contra 16 personas, acusadas de lavado de dinero y de activos y casos especiales de encubrimiento en el delito de lavado de dinero. Entre los acusados está la exprimera dama Ana Ligia Mixco Sol de Saca, publicistas y ex miembros de la Inteligencia del Estado OIE.
La diligencia estaba programada para el pasado 5 de noviembre pero fue aplazada a raíz de la recusación (separar al juez del caso) de los fiscales contra el juez Miguel Ángel García Arguello, que le cuestionaron que no autorizó el plazo de tres meses de una ampliación de 13 puntos periciales y que según los fiscales “con su actuar pone en peligro su imparcialidad”
No obstante a finales de octubre los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, declararon no ha lugar la recusación de la fiscalía y ordenaron que el juez siguiera conociendo el caso y señalar nueva fecha de audiencia.
A los imputados, la fiscalía los acusa de blanquear unos 22 millones de dólares de la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial, presuntamente para favorecer al expresidente Elías Antonio Saca. Supuestamente estas personas naturales utilizaron sus cuentas bancarias y sus empresas para ocultar el origen ilícito del dinero.
Los procesados son: Ana Ligia Mixco Sol de Saca, Oscar Edgardo Mixco Sol, José Antonio Lemus Zaldívar, Ricardo Ernesto Lemus Zelaya, José Antonio Armando Lemus Zelaya, César Daniel Funes Cruz, Gerardo Antonio Funes Duran, Julio Roberto Zamora, Sonia Guadalupe Morales, María Emma Suazo Canjura, Reina Cecilia de la O, Rubén Ernesto Castro, Ángel José Montoya y Oswaldo Octavio Orantes Marenco.
A 42 años y ocho meses de cárcel fue condenado José Alfredo Rodríguez Avilés por haber violado a una niña de nueve años en Santa Ana.
La víctima vivía con el hermano menor, la madre y Rodríguez Avilés, quien comenzó a agredirla sexualmente coaccionando a la menor para poder realizarle tocamientos y otras agresiones. Los hechos ocurrieron desde el año 2004 hasta 2006.
Al poco tiempo inició a abusarla sexualmente y pese a que la niña denunció estas acciones con su madre, no le creyó, informó la Fiscalía.
Fue en 2008 cuando las autoridades fueron alertadas por esta situación y sustrajeron a la menor de la vivienda.
El violador fue denunciado, pero huyó del país. «Fue hasta el año 2021 que fue localizado por la INTERPOL y posteriormente entregado a las autoridades salvadoreñas», explicó el ministerio público.
Elías Elíseo González Escobar, reo ausente, fue condenado a 16 años de prisión por haber extorsionado a un comerciante de Dulce Nombre de María en Chalatenango Centro.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, González y otros hombres identificados como pandilleros de la MS extorsionaron al comerciante desde junio hasta agosto del 2018.
«En ese lapso de tiempo los delincuentes le exigieron en nombre de la pandilla varias cantidades de dinero de manera mensual, asimismo, lo amenazaron manifestándole que si no cumplía con el pago lo matarían junto a su familia», informó el ministerio público.
La víctima denunció el caso y luego, por medio de entregas controladas de dinero, González y el resto de pandilleros fueron capturados.
La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Chalatenango.
Centros Judiciales El Salvador informó que Claudia Margarita Juárez, integrante de la clica Viroleños Locos Salvatruchos de la MS-13, fue condenada a 245 años de prisión por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
La sentencia fue impuesta por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. Según el reporte, Juárez cobraba extorsiones a empresarios del transporte público del distrito de Zacatecoluca, en La Paz Este.
Asimismo, Manuel Antonio Martínez Mena, alias “Yegua”, también miembro de la misma estructura, recibió una condena de 240 años de cárcel por extorsión agravada.
De acuerdo con CJES, el tribunal acreditó 24 casos de extorsión cometidos entre 2018 y 2019, en los que las víctimas entregaron dinero bajo amenazas.
