Judicial
Sala de lo Constitucional ordena a Hacienda el pago inmediato del Fodes a las alcaldías
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un recurso de amparo y ha ordenado al Ministerio de Hacienda que pague inmediatamente el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes) a las alcaldías.
El Ejecutivo, a través del ramo de Hacienda, mantenía una deuda de los fondos municipales desde el mes de junio de 2020.
El amparo que ha sido aceptado fue promovido por el alcalde de Santiago Texacuangos, Alberto Estupinián, quien expuso los problemas financieros de la comuna ante el impago del recurso.
En la admisión del recurso la Sala ordena que Hacienda “deberá llevar a cabo de manera inmediata las gestiones administrativas y financieras oportunas orientadas a depositar los fondos necesarios para que el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (Isdem) pueda realizar las transferencias de las cuotas del Fodes a todos los municipios del país”.
Los magistrados contemplaron que para que Hacienda no se vuelva a atrasar con el pago se debe incluir las transferencias del Fodes en el calendario de erogaciones que ya tiene definido la Dirección General de Tesorería.
Se debe “consignar en el aludido calendario las fechas asignadas para las transferencias de fondos respectivas, dicho calendario deberá comunicarse al Isdem” e “informado mensualmente a esta Sala mientras dure la tramitación de este proceso”.
También se ordena al presidente del Isdem, Ernesto Muyshondt, que también es alcalde de San Salvador, presentar en un plazo de tres días hábiles cómo se ha gestionado el Fodes en 2020.
El Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, había indicado en repetidas ocasiones que el impago del Fodes se debe a que el país ha tenido que hacer frente a la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus y a sus consecuencias económicas.
Los ediles y los diputados de la Asamblea Legislativa han criticado ese argumento diciendo que se trataba de razones políticas por las próximas elecciones y para ahogar financieramente a las alcaldías y que no pudieran hacer obras; de esta manera, la comunidad se molestaría con los alcaldes y no votaría por ellos en las elecciones del 28 de febrero.
«Sala de lo Constitucional falla para que el Ministerio de Hacienda deposite de inmediato los fondos FODES, que durante meses ha retenido de manera ilegal y por fines electoreros para perjudicar a las Alcaldías del país», tuiteó Muyshondt al conocer la resolución.
Este martes se instaló en el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María el juicio contra tres ex altos mandos militares salvadoreños, acusados del asesinato de cuatro periodistas holandeses durante una emboscada ocurrida el 17 de marzo de 1982, en plena guerra civil.
Se trata del primer juicio con jurado en el país por crímenes de guerra, y marca un hito en los esfuerzos de justicia transicional en El Salvador.
Los imputados son José Guillermo García, exministro de la Defensa (91 años); Francisco Morán, exdirector de la extinta Policía de Hacienda (93); y Mario Adalberto Reyes Mena, excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería en Chalatenango (85). Según las investigaciones, los tres habrían tenido participación directa o conocimiento previo del ataque perpetrado en el caserío La Lomona, jurisdicción de Santa Rita.
Las víctimas —Koos Jacobus Andries Koster, Jan Cornelius Kuiper Joop, Hans Lodewijk Ter Laag y Hohannes Jan Wilemsen— trabajaban para la televisora holandesa Ikon TV. El día de su asesinato se dirigían hacia un campamento guerrillero del FMLN, con el propósito de realizar un reportaje sobre el conflicto armado salvadoreño. Fueron emboscados y ejecutados mientras eran guiados por miembros del movimiento insurgente.
El caso fue reabierto en 2018, luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, que había protegido durante décadas a responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.
La Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, en su informe de 1993, concluyó que el crimen fue resultado de «una emboscada planificada» por el coronel Reyes Mena, con el conocimiento de otros mandos militares.
Durante la apertura del juicio, se leyeron declaraciones de familiares de las víctimas. Saskia ter Laag, hermana de Hans Lodewijk, expresó su esperanza de que, más de cuatro décadas después, finalmente se conozca la verdad:
“Para mí y para mis seres queridos, lo más importante es obtener la respuesta a la pregunta: ¿Por qué motivo tuvieron que ser ejecutados?”, dijo.
El juicio es observado de cerca tanto por organizaciones nacionales como internacionales, que consideran este proceso un paso decisivo para romper la impunidad que ha rodeado los crímenes de la guerra civil salvadoreña.
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Judicial
Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
