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Judicial

Sala de lo Constitucional ordena a Hacienda el pago inmediato del Fodes a las alcaldías

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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un recurso de amparo y ha ordenado al Ministerio de Hacienda que pague inmediatamente el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes) a las alcaldías.

El Ejecutivo, a través del ramo de Hacienda, mantenía una deuda de los fondos municipales desde el mes de junio de 2020.

El amparo que ha sido aceptado fue promovido por el alcalde de Santiago Texacuangos, Alberto Estupinián, quien expuso los problemas financieros de la comuna ante el impago del recurso.

En la admisión del recurso la Sala ordena que Hacienda “deberá llevar a cabo de manera inmediata las gestiones administrativas y financieras oportunas orientadas a depositar los fondos necesarios para que el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (Isdem) pueda realizar las transferencias de las cuotas del Fodes a todos los municipios del país”.

Los magistrados contemplaron que para que Hacienda no se vuelva a atrasar con el pago se debe incluir las transferencias del Fodes en el calendario de erogaciones que ya tiene definido la Dirección General de Tesorería.

Se debe “consignar en el aludido calendario las fechas asignadas para las transferencias de fondos respectivas, dicho calendario deberá comunicarse al Isdem” e “informado mensualmente a esta Sala mientras dure la tramitación de este proceso”.

También se ordena al presidente del Isdem, Ernesto Muyshondt, que también es alcalde de San Salvador, presentar en un plazo de tres días hábiles cómo se ha gestionado el Fodes en 2020.

El Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, había indicado en repetidas ocasiones que el impago del Fodes se debe a que el país ha tenido que hacer frente a la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus y a sus consecuencias económicas.

Los ediles y los diputados de la Asamblea Legislativa han criticado ese argumento diciendo que se trataba de razones políticas por las próximas elecciones y para ahogar financieramente a las alcaldías y que no pudieran hacer obras; de esta manera, la comunidad se molestaría con los alcaldes y no votaría por ellos en las elecciones del 28 de febrero.

«Sala de lo Constitucional falla para que el Ministerio de Hacienda deposite de inmediato los fondos FODES, que durante meses ha retenido de manera ilegal y por fines electoreros para perjudicar a las Alcaldías del país», tuiteó Muyshondt al conocer la resolución.

Judicial

Demandarán a Manuel Flores por $250,000

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El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.

«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.

El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.

La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.

Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.

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Judicial

Tribunal condena a dos personas por vender una propiedad que no les pertenecía

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El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.

Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.

En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.

De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.

Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.

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Fiscalía reporta 1,090 condenas por violación y agresión sexual a menores en los primeros nueve meses del año

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Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República ha logrado condenar a 1,090 personas por los delitos de violación y agresión sexual a menores de edad, superando ya las cifras de todo 2024 (1,077) y 2023 (875).

Según los datos oficiales, las condenas mensuales fueron: 117 en enero, 134 en febrero, 136 en marzo, 93 en abril, 124 en mayo, 126 en junio, 147 en julio, 95 en agosto y 118 en septiembre.

Entre los casos recientes destaca la condena del 9 de octubre contra los hermanos Edwin Emerson y Douglas Manuel Hernández Ramírez, sentenciados a 26 y 20 años de prisión, respectivamente, por abusar de una niña desde que tenía 8 años en San Juan Opico, La Libertad. Según la fiscal del caso, los imputados amenazaron a la víctima para mantener el abuso en secreto hasta 2022, cuando se presentó la denuncia.

En otro caso, el 7 de julio, Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de prisión por violar a una menor en 2023 en San Salvador, aprovechando que la víctima jugaba sola con otras niñas.

Las estadísticas también reflejan que entre enero y septiembre fueron capturadas en flagrancia 258 personas acusadas de violación y agresión sexual a menores, con un promedio mensual de 17 a 35 detenciones, según los reportes del ministerio público.

Estos resultados evidencian la labor constante de la Fiscalía en la persecución de delitos sexuales contra menores y el fortalecimiento de los procesos judiciales en el país.

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