Judicial
Sala de lo Constitucional ordena a Hacienda el pago inmediato del Fodes a las alcaldías
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un recurso de amparo y ha ordenado al Ministerio de Hacienda que pague inmediatamente el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes) a las alcaldías.
El Ejecutivo, a través del ramo de Hacienda, mantenía una deuda de los fondos municipales desde el mes de junio de 2020.
El amparo que ha sido aceptado fue promovido por el alcalde de Santiago Texacuangos, Alberto Estupinián, quien expuso los problemas financieros de la comuna ante el impago del recurso.
En la admisión del recurso la Sala ordena que Hacienda “deberá llevar a cabo de manera inmediata las gestiones administrativas y financieras oportunas orientadas a depositar los fondos necesarios para que el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (Isdem) pueda realizar las transferencias de las cuotas del Fodes a todos los municipios del país”.
Los magistrados contemplaron que para que Hacienda no se vuelva a atrasar con el pago se debe incluir las transferencias del Fodes en el calendario de erogaciones que ya tiene definido la Dirección General de Tesorería.
Se debe “consignar en el aludido calendario las fechas asignadas para las transferencias de fondos respectivas, dicho calendario deberá comunicarse al Isdem” e “informado mensualmente a esta Sala mientras dure la tramitación de este proceso”.
También se ordena al presidente del Isdem, Ernesto Muyshondt, que también es alcalde de San Salvador, presentar en un plazo de tres días hábiles cómo se ha gestionado el Fodes en 2020.
El Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, había indicado en repetidas ocasiones que el impago del Fodes se debe a que el país ha tenido que hacer frente a la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus y a sus consecuencias económicas.
Los ediles y los diputados de la Asamblea Legislativa han criticado ese argumento diciendo que se trataba de razones políticas por las próximas elecciones y para ahogar financieramente a las alcaldías y que no pudieran hacer obras; de esta manera, la comunidad se molestaría con los alcaldes y no votaría por ellos en las elecciones del 28 de febrero.
«Sala de lo Constitucional falla para que el Ministerio de Hacienda deposite de inmediato los fondos FODES, que durante meses ha retenido de manera ilegal y por fines electoreros para perjudicar a las Alcaldías del país», tuiteó Muyshondt al conocer la resolución.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
Judicial
Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador
Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
Judicial
Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.
La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.
El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.
El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.
