Judicial
REVELACIÓN: Mujer confiesa ante un juez por qué abortó a sus 28 semanas de embarazo y hoy cumple pena de 69 jornadas de trabajo
Jasmín, tiene 25 años de edad, y es de una apariencia muy sencilla. Ella viajó desde el interior del país hacia la capital para buscar mejores oportunidades laborales. Tenía que mantener a sus dos hijos y a su mamá. Jamás se imaginó que se convertiría en víctima de violación, que sufriría un aborto y que incluso tendría que confesar los hechos frente a un juez por un proceso judicial.
La vida de Jasmín nunca fue fácil, ya que desde muy pequeña sufrió de violencia intrafamiliar. Su padre, un hombre alcohólico, jamás la reconoció mientras que su madre trató en la manera posible de darle algo mejor.
Con el paso de los años, Jasmín fue creciendo y a los 17 años conoció a un hombre que en un inició de la relación la trató bien, pero al poco tiempo la embarazó. Los golpes y los gritos comenzaron una y otra vez, pero un día decidió huir junto con su pequeño hijo, señaló su abogado defensor.
Sin embargo, el destino le volvería a jugar la misma carta, ya que a los cuatro años de haber escapado conoció a un sujeto que también la agredía y con quien procreó otro hijo.
La vida no era lo que esperaba, desde su pequeña casa de tierra y ladrillo ella pensaba en darles un mejor futuro a sus dos hijos y a su madre por lo que tomó sus maletas sin saber lo que le depararía.
Un día encontró un trabajo como mesera dentro de una cervecería en San Salvador. Creyó que no era el mejor trabajo, pero le daría un ingreso a su familia. La dueña del establecimiento se llamaba Camelia y ella le ofreció $75 quincenales, es decir, $150 mensuales. Así lo señaló Jazmín en la sala de audiencias. Era un salario por debajo del mínimo.
Jasmín aceptó el empleo, tendría que quedarse en el lugar y trabajar de noche dentro del establecimiento sirviendo cervezas a los clientes. Así era su vida, noche tras noche. El abogado defensor dijo a El Salvador Times que la dueña le había señalado que podría regresar a su pueblo cada quince días.
El defensor de Jasmín explicó que un día a principio del 2017 cuando un grupo de pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) llegaron al lugar a cobrar la renta. Ellos dominaban ese territorio.
Jasmín servía las cervezas a los clientes cuando de pronto cinco pandilleros se juntaron y la llevan a uno de los cuartos. En ese pequeño y reducido cuarto lo pandilleros la violaron una y otra vez. Ella tenía prohibido gritar pero por dentro sabía que no le quedaba de otra más que someterse a la voluntad de esos hombre. Lloraba en silencio.
De pronto, todo pasó. Ella se acomodó la ropa y siguió como si nada hubiese pasado.
Los pandilleros siguieron llegando como de costumbre.
El embarazo
Un día Jasmín observó que su menstruación no había bajado, ya habían pasado más de tres meses por lo que tenía la sospecha de estar embarazada. Se practicó una prueba de embarazo la cual dio positiva, sus sospechas fueron confirmadas, narró frente al juez.
Transcurrieron un poco más de dos meses cuando los pandillero se dieron cuenta que el vientre de Jasmín es prominente. Ellos le preguntaron sí estaba embarazada, ella les dijo que sí; la respuesta fue seguida de una amenaza. Los sujetos de dijeron que ella no podría tener ese bebé por lo que le sugirieron que debía de abortar, explicó su abogado a este periódico.
Muchas cosas pasaron por su cabeza, sin embargo, pensó que de tener al bebé los pandilleros le harían algo peor. Durante la vista pública Jasmín declaró que ella se encargó de buscar información en internet sobre cómo abortar y encontró una respuesta: Misoprostol, un medicamento controlado que es prescrito por los ginecólogos a mujeres que están a punto de dar a luz en los hospitales o para la protección del estómago cuando se usan analgésicos, declaró una medico forense del Instituto de Medicina Legal (IML).
El medicamento se pierde en la sangre dos horas después de ser ingerido por lo que en las pruebas toxicológicas hechas por el IML no dejan rastros. Sin embargo, la ingesta fue ratificada por Jasmín desde el inicio del proceso judicial.
Jasmín dijo que decidió ir al mercado para buscar la solución a su problema. Desesperada encontró un puesto donde vio remedios caseros que prometían aliviar cualquier tipo de dolor. Ella le mencionó al vendedor que buscaba unas pastillas para abortar y él le mostró el medicamento que debía ingerir. Le sugirió que debía de tomarse tres pastillas y colocar dos más dentro de su vagina.
Era el 4 de septiembre de 2017, cuando en la soledad de su cuatro pensaba sobre lo que estaba a punto de hacer pero en su cabeza estaban sus otros dos hijos; ella no era feliz al momento de recordar esa escena oscura que prefería olvidar. Solo ella conoció el horror de ese momento.
En ese pequeño cuarto tomó la decisión, se tomó las tres pastillas y se introdujo dos por su vagina. La médico forense dijo en la audiencia que las pandillas hacen efecto a las dos horas de haberse ingerido.
Pasaros los minutos y ella seguía en el cuarto. De pronto, Jasmín comenzó a sentir una sensación extraña en el cuerpo. Estaba en proceso de aborto. De su pequeño cuerpo salió un feto de aproximadamente 28 semanas, según señaló la autopsia hecha por Medicina Legal.
Rápidamente tomó unas cobijas y envolvió el cuerpo. Lo metió en una bolsa plástica y lo introdujo debajo de la cama. “Yo estaba sola. Yo lo envolví en una cobija y en una toalla y lo metí en una bolsa… Lo iba a ir a botar”, confesó Jasmín con un tono quebrantado frente al juez en una de las salas de audiencia del Centro Judicial “Isidro Menéndez”.
El hallazgo de una operación policial rutinaria
El expediente judicial describió que eran las 8:00 de la noche del día siguiente, Jasmín seguía con sus labores dentro del establecimiento. Ponía y llevaba cervezas a todas los mesas que atendía, había clientes malos y otros no tan malos. En la cervecería, trabajaban varias mujeres en las mismas condiciones que ella.
De pronto, llegaron un grupo de policías a inspeccionar el lugar para ver si no trabajaban menores de edad. Uno de los agentes entró y caminó rumbo Camelia. Ahí le dijo que tenían orden de inspeccionar el lugar, era algo rutinario y ella no se opuso.
Mientras tanto Jasmín seguía atendiendo a los clientes. Los agentes le pidieron a cada una de las meseras sus documentos de identidad para corroborar que ninguna fuera menor de edad, ellos no reportaron nada inusual. El expediente judicial explicó que uno de ellos se metió por un pasillo que daba hacia seis dormitorios.
Revisó uno por uno hasta llegar a la habitación número cuatro, el cuarto de Jasmín. Entró y comenzó a revisar todo. De pronto observó unas toallas empapadas de sangre. Jasmín llegó al cuarto y el agente le dijo que le explicara por qué esas toallas estaban manchadas.
Ella respondió que había menstruado y que las había ocupado para limpiarse. Él no le creyó y siguió inspeccionando hasta encontrar debajo de la cama una bolsa negra con apariencia extraña, declaró en su momento el agente.
Según la relación de los hechos, el agente policial palpó la bolsa y sintió un cuerpo sólido dentro de ella. En un principio, Jasmín se negó a hacerlo pero pocos segundos después se toparon con la imagen de un feto muerto.
“Sí lo hice, fui a comprar las pastillas en el mercado y me las vendieron, me costaron $150. Lo hice y se me vino. Yo acepté (frente el policía) que lo había hecho”, declaró con la voz quebrantada frente al juez en una de las salas del Centro Judicial “Isidro Menéndez”. Es decir que Jasmín tuvo que trabajar un mes entero para poder pagar las pastillas.
La condena
La situación de pobreza de ella y su familia y la aceptación del cometimiento del delito desde el inicio del proceso le valieron al juez del Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador para imponer una pena de 69 jornadas de trabajo de utilidad pública como una salida alterna a las rejas.
“Usted es la fuente de ingresos de sus dos hijos y de su madre. Usted es más productiva afuera”, le dijo el juzgador a Jasmín, quien ha estado recluida por casi un año en el Centro Penitenciario de Mujeres, en Ilopango.
Por: El Salvador Times.
Judicial
Condenan a exfiscal Luis Martínez por enriquecimiento ilícito
La Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro, con sede en Santa Tecla, ha declarado culpable al exfiscal General de la República, Luis Antonio Martínez González, por el delito de enriquecimiento ilícito durante su gestión entre 2012 y 2015. Según el fallo, se comprobó un aumento injustificado en su patrimonio, que asciende a $71,736.62, cifra que incluye depósitos bancarios y pagos de tarjetas de crédito, así como discrepancias entre su disponibilidad financiera y sus gastos.
Como resultado de esta condena, el exfiscal deberá restituir la suma mencionada al Estado de El Salvador y queda inhabilitado para ocupar cualquier cargo público por un período de diez años. La decisión de la Cámara resalta la importancia de la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.
Judicial
Hijo de notario utilizaba el sello de su padre fallecido para elaborar falsa documentación
La Fiscalía General de la República (FGR) giró 15 órdenes administrativas (de captura) en diferentes departamentos del país contra una estructura criminal integrada por falsos abogados y notarios que ofrecían servicios legales a los ciudadanos para estafarlos.
Según el reporte fiscal, entre los capturados está Juan Alberto Platero, de quien se informó es hijo de un notario que ya falleció; es señalado de utilizar el nombre y protocolo de actuación de su padre para elaborar documentación falsa.
Platero le hacía creer a las víctimas mediante las redes sociales que tenía más de 15 años de ejercer la profesión, sin embargo, las investigaciones fiscales determinaron hasta este año la Corte Suprema de Justicia lo había certificado como tal de acuerdo con los registros que la institución publica en su portal oficial.
«Ocupaba el nombre de su padre para crear documentos falsos, este sujeto no devuelve los sellos, su padre muere en 2013 y el centro nacional de registros se dio cuenta de que se estaban prestando instrumentos (legales), al parecer, firmados por este notario», explicó una de las fiscales de la Dirección para la Defensa de los Intereses del Estado.
La fuente fiscal detalló que se trata de un grupo criminal dedicado a estafar a personas que necesitan solventar problemas legales, para lo cual, contra a los señalados en calidad de abogados, cuyos instrumentos legales que presentaban a diferentes instituciones se determinó eran falsos.
Las víctimas contrataban a los abogados para efectuar trámites de escrituración de inmuebles y otros asuntos legales.
Los delitos que se le atribuyen al grupo criminal son: agrupaciones ilícitas, falsedad material, falsedad ideológica, estafa agravada, ejercicio ilegal de la profesión y fraude procesal.
Otros detenidos son Miguel Ramírez Moreno, Walter René Martínez Romero, Amanda María Bolaños Pacheco, José Ezequiel García, William Geovany Beltrán Romero, Haydee Guadalupe García Beltrán, Julián Enrique Galicia González y Coni Margarita Chachagua de Galicia.
En los próximos días serán presentados ante los tribunales correspondientes, informó el ministerio público.
Judicial
Exfiscal general, Luis Martínez, enfrenta juicio por enriquecimiento ilícito
La Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla, La Libertad, enjuicia en audiencia probatoria al exfiscal general Luis Martínez por enriquecimiento ilícito de $71,736.62.
La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República pretende que sea condenado a pagar al Estado el monto con el que se enriqueció de manera ilícita y lo inhabilite para ejercer un cargo público por un plazo de 10 años.
Al exfiscal, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó el 29 de noviembre de 2016, enjuiciarlo por enriquecimiento ilícito tras encontrarle una serie de irregularidades que no pudo justificar ante la Sección de Probidad justificar ante la Sección de Probidad.
«La Sección de Probidad le detectó irregularidades consistentes en pago de deudas, pagos de tarjetas de crédito propias y ajenas, una diferencia negativa entre sus saldos de ingresos y egresos» dijo uno de los fiscales del caso.
La demanda fue admitida el 9 de enero de 2018 por la Cámara de lo Penal y tras ocho años de estar en sede judicial se ha llegado a la última audiencia del juicio civil en la cual se definirá si el exfuncionario se enriqueció o no ilícitamente.
La CSJ ordenó el proceso en contra del exfuncionario, su esposa Carla Francesca García Rossi de Martínez y su hijo Luis Carlos Martínez García, pero tras apelaciones presentadas por abogados permitieron que los parientes del exfuncionario fueran excluidos.
Luis Martínez, fungió como Fiscal General de la República del 4 de diciembre del 2012 al 12 de diciembre de 2015.
El ministerio público ha ofrecido como prueba una pericia financiera con el fin de acreditar el incremento patrimonial no justificado de Martínez mientras fungió como titular de la Fiscalía General de la República.
También el exfuncionario estaría rindiendo su declaración con el fin de ejercer su derecho de aportación de prueba para que la Cámara la valore al momento de emitir la resolución.