Judicial
REVELACIÓN: Mujer confiesa ante un juez por qué abortó a sus 28 semanas de embarazo y hoy cumple pena de 69 jornadas de trabajo
Jasmín, tiene 25 años de edad, y es de una apariencia muy sencilla. Ella viajó desde el interior del país hacia la capital para buscar mejores oportunidades laborales. Tenía que mantener a sus dos hijos y a su mamá. Jamás se imaginó que se convertiría en víctima de violación, que sufriría un aborto y que incluso tendría que confesar los hechos frente a un juez por un proceso judicial.
La vida de Jasmín nunca fue fácil, ya que desde muy pequeña sufrió de violencia intrafamiliar. Su padre, un hombre alcohólico, jamás la reconoció mientras que su madre trató en la manera posible de darle algo mejor.
Con el paso de los años, Jasmín fue creciendo y a los 17 años conoció a un hombre que en un inició de la relación la trató bien, pero al poco tiempo la embarazó. Los golpes y los gritos comenzaron una y otra vez, pero un día decidió huir junto con su pequeño hijo, señaló su abogado defensor.
Sin embargo, el destino le volvería a jugar la misma carta, ya que a los cuatro años de haber escapado conoció a un sujeto que también la agredía y con quien procreó otro hijo.
La vida no era lo que esperaba, desde su pequeña casa de tierra y ladrillo ella pensaba en darles un mejor futuro a sus dos hijos y a su madre por lo que tomó sus maletas sin saber lo que le depararía.
Un día encontró un trabajo como mesera dentro de una cervecería en San Salvador. Creyó que no era el mejor trabajo, pero le daría un ingreso a su familia. La dueña del establecimiento se llamaba Camelia y ella le ofreció $75 quincenales, es decir, $150 mensuales. Así lo señaló Jazmín en la sala de audiencias. Era un salario por debajo del mínimo.
Jasmín aceptó el empleo, tendría que quedarse en el lugar y trabajar de noche dentro del establecimiento sirviendo cervezas a los clientes. Así era su vida, noche tras noche. El abogado defensor dijo a El Salvador Times que la dueña le había señalado que podría regresar a su pueblo cada quince días.
El defensor de Jasmín explicó que un día a principio del 2017 cuando un grupo de pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) llegaron al lugar a cobrar la renta. Ellos dominaban ese territorio.
Jasmín servía las cervezas a los clientes cuando de pronto cinco pandilleros se juntaron y la llevan a uno de los cuartos. En ese pequeño y reducido cuarto lo pandilleros la violaron una y otra vez. Ella tenía prohibido gritar pero por dentro sabía que no le quedaba de otra más que someterse a la voluntad de esos hombre. Lloraba en silencio.
De pronto, todo pasó. Ella se acomodó la ropa y siguió como si nada hubiese pasado.
Los pandilleros siguieron llegando como de costumbre.
El embarazo
Un día Jasmín observó que su menstruación no había bajado, ya habían pasado más de tres meses por lo que tenía la sospecha de estar embarazada. Se practicó una prueba de embarazo la cual dio positiva, sus sospechas fueron confirmadas, narró frente al juez.
Transcurrieron un poco más de dos meses cuando los pandillero se dieron cuenta que el vientre de Jasmín es prominente. Ellos le preguntaron sí estaba embarazada, ella les dijo que sí; la respuesta fue seguida de una amenaza. Los sujetos de dijeron que ella no podría tener ese bebé por lo que le sugirieron que debía de abortar, explicó su abogado a este periódico.
Muchas cosas pasaron por su cabeza, sin embargo, pensó que de tener al bebé los pandilleros le harían algo peor. Durante la vista pública Jasmín declaró que ella se encargó de buscar información en internet sobre cómo abortar y encontró una respuesta: Misoprostol, un medicamento controlado que es prescrito por los ginecólogos a mujeres que están a punto de dar a luz en los hospitales o para la protección del estómago cuando se usan analgésicos, declaró una medico forense del Instituto de Medicina Legal (IML).
El medicamento se pierde en la sangre dos horas después de ser ingerido por lo que en las pruebas toxicológicas hechas por el IML no dejan rastros. Sin embargo, la ingesta fue ratificada por Jasmín desde el inicio del proceso judicial.
Jasmín dijo que decidió ir al mercado para buscar la solución a su problema. Desesperada encontró un puesto donde vio remedios caseros que prometían aliviar cualquier tipo de dolor. Ella le mencionó al vendedor que buscaba unas pastillas para abortar y él le mostró el medicamento que debía ingerir. Le sugirió que debía de tomarse tres pastillas y colocar dos más dentro de su vagina.
Era el 4 de septiembre de 2017, cuando en la soledad de su cuatro pensaba sobre lo que estaba a punto de hacer pero en su cabeza estaban sus otros dos hijos; ella no era feliz al momento de recordar esa escena oscura que prefería olvidar. Solo ella conoció el horror de ese momento.
En ese pequeño cuarto tomó la decisión, se tomó las tres pastillas y se introdujo dos por su vagina. La médico forense dijo en la audiencia que las pandillas hacen efecto a las dos horas de haberse ingerido.
Pasaros los minutos y ella seguía en el cuarto. De pronto, Jasmín comenzó a sentir una sensación extraña en el cuerpo. Estaba en proceso de aborto. De su pequeño cuerpo salió un feto de aproximadamente 28 semanas, según señaló la autopsia hecha por Medicina Legal.
Rápidamente tomó unas cobijas y envolvió el cuerpo. Lo metió en una bolsa plástica y lo introdujo debajo de la cama. “Yo estaba sola. Yo lo envolví en una cobija y en una toalla y lo metí en una bolsa… Lo iba a ir a botar”, confesó Jasmín con un tono quebrantado frente al juez en una de las salas de audiencia del Centro Judicial “Isidro Menéndez”.
El hallazgo de una operación policial rutinaria
El expediente judicial describió que eran las 8:00 de la noche del día siguiente, Jasmín seguía con sus labores dentro del establecimiento. Ponía y llevaba cervezas a todas los mesas que atendía, había clientes malos y otros no tan malos. En la cervecería, trabajaban varias mujeres en las mismas condiciones que ella.
De pronto, llegaron un grupo de policías a inspeccionar el lugar para ver si no trabajaban menores de edad. Uno de los agentes entró y caminó rumbo Camelia. Ahí le dijo que tenían orden de inspeccionar el lugar, era algo rutinario y ella no se opuso.
Mientras tanto Jasmín seguía atendiendo a los clientes. Los agentes le pidieron a cada una de las meseras sus documentos de identidad para corroborar que ninguna fuera menor de edad, ellos no reportaron nada inusual. El expediente judicial explicó que uno de ellos se metió por un pasillo que daba hacia seis dormitorios.
Revisó uno por uno hasta llegar a la habitación número cuatro, el cuarto de Jasmín. Entró y comenzó a revisar todo. De pronto observó unas toallas empapadas de sangre. Jasmín llegó al cuarto y el agente le dijo que le explicara por qué esas toallas estaban manchadas.
Ella respondió que había menstruado y que las había ocupado para limpiarse. Él no le creyó y siguió inspeccionando hasta encontrar debajo de la cama una bolsa negra con apariencia extraña, declaró en su momento el agente.
Según la relación de los hechos, el agente policial palpó la bolsa y sintió un cuerpo sólido dentro de ella. En un principio, Jasmín se negó a hacerlo pero pocos segundos después se toparon con la imagen de un feto muerto.
“Sí lo hice, fui a comprar las pastillas en el mercado y me las vendieron, me costaron $150. Lo hice y se me vino. Yo acepté (frente el policía) que lo había hecho”, declaró con la voz quebrantada frente al juez en una de las salas del Centro Judicial “Isidro Menéndez”. Es decir que Jasmín tuvo que trabajar un mes entero para poder pagar las pastillas.
La condena
La situación de pobreza de ella y su familia y la aceptación del cometimiento del delito desde el inicio del proceso le valieron al juez del Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador para imponer una pena de 69 jornadas de trabajo de utilidad pública como una salida alterna a las rejas.
“Usted es la fuente de ingresos de sus dos hijos y de su madre. Usted es más productiva afuera”, le dijo el juzgador a Jasmín, quien ha estado recluida por casi un año en el Centro Penitenciario de Mujeres, en Ilopango.
Por: El Salvador Times.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez tres, condenó a 52 años de prisión a Diego Alejandro Romero de Paz, alias Little Happy, por los delitos de privación de libertad, limitación ilegal a la libertad de circulación y organizaciones terroristas en perjuicio de la seguridad del Estado.
De acuerdo con la resolución judicial, alias Little Happy tenía el rango de segundo palabrero dentro de la hengla Tiny Locos Sureños de la pandilla 18 Sureños, que operaba en la urbanización Jardines de Sel Sutt.
La juzgadora estableció que alias Little Happy participó en la privación de libertad de una menor de edad, a quien obligaban a sostener una relación sentimental con un pandillero que se encontraba detenido. Asimismo, amenazó de muerte a dos personas para que no denunciaran la desaparición de la víctima, por lo que ambas huyeron de sus hogares.
Junto a él, también fueron condenados José Dimas Romero Torres, alias Dimas, y José Alberto Martínez García, alias Chepe, a diez años de prisión por el delito de organizaciones terroristas, mientras que Hugo Adonay Miranda Romero, alias Black, fue condenado a ocho años de prisión por el mismo delito.
Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2017.
