Judicial
Renuncia abogado del exalcalde Ernesto Muyshondt
El abogado Carlos Arturo Muyshondt Parker, defensor de Ernesto Luis Muyshondt García, exalcalde de San Salvador, actualmente en prisión y con tres procesos judiciales pendientes, renunció hace algunas semanas.
De acuerdo con un documento proporcionado por el abogado, “…renuncia al cargo de defensor particular en razón de ostentar el cargo de Cónsul Honorario y único ciudadano belga que reside en El Salvador, siendo éste el representante oficial del Reino de Bélgica en El Salvador, por lo cual no puede seguir ejerciendo dicho cargo…”.
El letrado aclaró que de los tres procesos judiciales que enfrenta el exfuncionario municipal, solo en el caso donde se lo acusa de los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, había participado directamente, y que lo hizo únicamente durante la audiencia inicial, realizada en febrero de 2020.
A través de mensajería directa, Muyshondt Parker, afirmó que hace dos semanas renunció por razones personales, debido a diferencias con una persona cercana al imputado, quien también es su sobrino, a la vez que agregó lo mencionado en el documento judicial: “Yo, como abogado que tengo un cargo consular de un país de donde soy ciudadano, estoy imposibilitado de participar directamente…”
“Yo no estuve relacionado en ninguno de los casos relacionados con la alcaldía, únicamente estuve en el caso relacionado con las pandillas, pero ya no más, y mi participación se limitó a la audiencia inicial en juzgado de Paz en febrero de 2020”, enfatizó el abogado.
Añadió que por el afecto que le tiene a su sobrino, seguirá el desarrollo de los procesos judiciales a distancia, a través de lo que medios de comunicación informen. Muyshondt Parker dijo que espera que su familiar salga bien librado.
Muyshondt Parker también afirmó que otro de los abogados del exalcalde renunció como defensor. “El abogado Castaneda Infantozi, renunció; la esposa de Ernesto nombró una abogada como defensora”, aseguró.
Ernesto Muyshondt, quien fungió como alcalde de San Salvador en el período 2018-2021, en representación del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) es acusado por la Fiscalía General de la República en dos procesos relacionados con la administración municipal.
El exfuncionario municipal fue detenido el 9 de junio de 2021, bajo el delito de negociaciones ilícitas, al supuestamente haber negociado con grupos criminales para obtener el voto de sus estructuras en favor del partido ARENA, en las elecciones de 2014.
Desde esa detención, la Fiscalía General de la República le sumó otros tres procesos judiciales por retención y apropiación de cuotas laborales y tributarias de empleados de la comuna capitalina durante su gestión.
Jueces de instrucción ordenaron que el exalcalde continuara el proceso en arresto en su casa, debido a su delicado estado de salud, pero los magistrados de Cámara (un tribunal superior) revocaron esta decisión.
De tal forma que Muyshondt ha permanecido en el Centro Penal La Esperanza, en Mariona, donde su salud ha ido emperando.
Cuando ha tenido la oportunidad en audiencias judiciales públicas, Muyshondt ha declarado que se considera un preso político, ha denunciado malos tratos en prisión y que ha visto cómo otros reos han muerto en el centro penitenciario.
Reporte EDH.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
