Judicial
Renuncia abogado del exalcalde Ernesto Muyshondt
El abogado Carlos Arturo Muyshondt Parker, defensor de Ernesto Luis Muyshondt García, exalcalde de San Salvador, actualmente en prisión y con tres procesos judiciales pendientes, renunció hace algunas semanas.
De acuerdo con un documento proporcionado por el abogado, “…renuncia al cargo de defensor particular en razón de ostentar el cargo de Cónsul Honorario y único ciudadano belga que reside en El Salvador, siendo éste el representante oficial del Reino de Bélgica en El Salvador, por lo cual no puede seguir ejerciendo dicho cargo…”.
El letrado aclaró que de los tres procesos judiciales que enfrenta el exfuncionario municipal, solo en el caso donde se lo acusa de los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, había participado directamente, y que lo hizo únicamente durante la audiencia inicial, realizada en febrero de 2020.
A través de mensajería directa, Muyshondt Parker, afirmó que hace dos semanas renunció por razones personales, debido a diferencias con una persona cercana al imputado, quien también es su sobrino, a la vez que agregó lo mencionado en el documento judicial: “Yo, como abogado que tengo un cargo consular de un país de donde soy ciudadano, estoy imposibilitado de participar directamente…”
“Yo no estuve relacionado en ninguno de los casos relacionados con la alcaldía, únicamente estuve en el caso relacionado con las pandillas, pero ya no más, y mi participación se limitó a la audiencia inicial en juzgado de Paz en febrero de 2020”, enfatizó el abogado.
Añadió que por el afecto que le tiene a su sobrino, seguirá el desarrollo de los procesos judiciales a distancia, a través de lo que medios de comunicación informen. Muyshondt Parker dijo que espera que su familiar salga bien librado.
Muyshondt Parker también afirmó que otro de los abogados del exalcalde renunció como defensor. “El abogado Castaneda Infantozi, renunció; la esposa de Ernesto nombró una abogada como defensora”, aseguró.
Ernesto Muyshondt, quien fungió como alcalde de San Salvador en el período 2018-2021, en representación del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) es acusado por la Fiscalía General de la República en dos procesos relacionados con la administración municipal.
El exfuncionario municipal fue detenido el 9 de junio de 2021, bajo el delito de negociaciones ilícitas, al supuestamente haber negociado con grupos criminales para obtener el voto de sus estructuras en favor del partido ARENA, en las elecciones de 2014.
Desde esa detención, la Fiscalía General de la República le sumó otros tres procesos judiciales por retención y apropiación de cuotas laborales y tributarias de empleados de la comuna capitalina durante su gestión.
Jueces de instrucción ordenaron que el exalcalde continuara el proceso en arresto en su casa, debido a su delicado estado de salud, pero los magistrados de Cámara (un tribunal superior) revocaron esta decisión.
De tal forma que Muyshondt ha permanecido en el Centro Penal La Esperanza, en Mariona, donde su salud ha ido emperando.
Cuando ha tenido la oportunidad en audiencias judiciales públicas, Muyshondt ha declarado que se considera un preso político, ha denunciado malos tratos en prisión y que ha visto cómo otros reos han muerto en el centro penitenciario.
Reporte EDH.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
