Judicial
Renuncia abogado del exalcalde Ernesto Muyshondt
El abogado Carlos Arturo Muyshondt Parker, defensor de Ernesto Luis Muyshondt García, exalcalde de San Salvador, actualmente en prisión y con tres procesos judiciales pendientes, renunció hace algunas semanas.
De acuerdo con un documento proporcionado por el abogado, “…renuncia al cargo de defensor particular en razón de ostentar el cargo de Cónsul Honorario y único ciudadano belga que reside en El Salvador, siendo éste el representante oficial del Reino de Bélgica en El Salvador, por lo cual no puede seguir ejerciendo dicho cargo…”.
El letrado aclaró que de los tres procesos judiciales que enfrenta el exfuncionario municipal, solo en el caso donde se lo acusa de los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, había participado directamente, y que lo hizo únicamente durante la audiencia inicial, realizada en febrero de 2020.
A través de mensajería directa, Muyshondt Parker, afirmó que hace dos semanas renunció por razones personales, debido a diferencias con una persona cercana al imputado, quien también es su sobrino, a la vez que agregó lo mencionado en el documento judicial: “Yo, como abogado que tengo un cargo consular de un país de donde soy ciudadano, estoy imposibilitado de participar directamente…”
“Yo no estuve relacionado en ninguno de los casos relacionados con la alcaldía, únicamente estuve en el caso relacionado con las pandillas, pero ya no más, y mi participación se limitó a la audiencia inicial en juzgado de Paz en febrero de 2020”, enfatizó el abogado.
Añadió que por el afecto que le tiene a su sobrino, seguirá el desarrollo de los procesos judiciales a distancia, a través de lo que medios de comunicación informen. Muyshondt Parker dijo que espera que su familiar salga bien librado.
Muyshondt Parker también afirmó que otro de los abogados del exalcalde renunció como defensor. “El abogado Castaneda Infantozi, renunció; la esposa de Ernesto nombró una abogada como defensora”, aseguró.
Ernesto Muyshondt, quien fungió como alcalde de San Salvador en el período 2018-2021, en representación del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) es acusado por la Fiscalía General de la República en dos procesos relacionados con la administración municipal.
El exfuncionario municipal fue detenido el 9 de junio de 2021, bajo el delito de negociaciones ilícitas, al supuestamente haber negociado con grupos criminales para obtener el voto de sus estructuras en favor del partido ARENA, en las elecciones de 2014.
Desde esa detención, la Fiscalía General de la República le sumó otros tres procesos judiciales por retención y apropiación de cuotas laborales y tributarias de empleados de la comuna capitalina durante su gestión.
Jueces de instrucción ordenaron que el exalcalde continuara el proceso en arresto en su casa, debido a su delicado estado de salud, pero los magistrados de Cámara (un tribunal superior) revocaron esta decisión.
De tal forma que Muyshondt ha permanecido en el Centro Penal La Esperanza, en Mariona, donde su salud ha ido emperando.
Cuando ha tenido la oportunidad en audiencias judiciales públicas, Muyshondt ha declarado que se considera un preso político, ha denunciado malos tratos en prisión y que ha visto cómo otros reos han muerto en el centro penitenciario.
Reporte EDH.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
