Judicial
Renuncia abogado del exalcalde Ernesto Muyshondt
El abogado Carlos Arturo Muyshondt Parker, defensor de Ernesto Luis Muyshondt García, exalcalde de San Salvador, actualmente en prisión y con tres procesos judiciales pendientes, renunció hace algunas semanas.
De acuerdo con un documento proporcionado por el abogado, “…renuncia al cargo de defensor particular en razón de ostentar el cargo de Cónsul Honorario y único ciudadano belga que reside en El Salvador, siendo éste el representante oficial del Reino de Bélgica en El Salvador, por lo cual no puede seguir ejerciendo dicho cargo…”.
El letrado aclaró que de los tres procesos judiciales que enfrenta el exfuncionario municipal, solo en el caso donde se lo acusa de los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, había participado directamente, y que lo hizo únicamente durante la audiencia inicial, realizada en febrero de 2020.
A través de mensajería directa, Muyshondt Parker, afirmó que hace dos semanas renunció por razones personales, debido a diferencias con una persona cercana al imputado, quien también es su sobrino, a la vez que agregó lo mencionado en el documento judicial: “Yo, como abogado que tengo un cargo consular de un país de donde soy ciudadano, estoy imposibilitado de participar directamente…”
“Yo no estuve relacionado en ninguno de los casos relacionados con la alcaldía, únicamente estuve en el caso relacionado con las pandillas, pero ya no más, y mi participación se limitó a la audiencia inicial en juzgado de Paz en febrero de 2020”, enfatizó el abogado.
Añadió que por el afecto que le tiene a su sobrino, seguirá el desarrollo de los procesos judiciales a distancia, a través de lo que medios de comunicación informen. Muyshondt Parker dijo que espera que su familiar salga bien librado.
Muyshondt Parker también afirmó que otro de los abogados del exalcalde renunció como defensor. “El abogado Castaneda Infantozi, renunció; la esposa de Ernesto nombró una abogada como defensora”, aseguró.
Ernesto Muyshondt, quien fungió como alcalde de San Salvador en el período 2018-2021, en representación del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) es acusado por la Fiscalía General de la República en dos procesos relacionados con la administración municipal.
El exfuncionario municipal fue detenido el 9 de junio de 2021, bajo el delito de negociaciones ilícitas, al supuestamente haber negociado con grupos criminales para obtener el voto de sus estructuras en favor del partido ARENA, en las elecciones de 2014.
Desde esa detención, la Fiscalía General de la República le sumó otros tres procesos judiciales por retención y apropiación de cuotas laborales y tributarias de empleados de la comuna capitalina durante su gestión.
Jueces de instrucción ordenaron que el exalcalde continuara el proceso en arresto en su casa, debido a su delicado estado de salud, pero los magistrados de Cámara (un tribunal superior) revocaron esta decisión.
De tal forma que Muyshondt ha permanecido en el Centro Penal La Esperanza, en Mariona, donde su salud ha ido emperando.
Cuando ha tenido la oportunidad en audiencias judiciales públicas, Muyshondt ha declarado que se considera un preso político, ha denunciado malos tratos en prisión y que ha visto cómo otros reos han muerto en el centro penitenciario.
Reporte EDH.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez tres, condenó a 52 años de prisión a Diego Alejandro Romero de Paz, alias Little Happy, por los delitos de privación de libertad, limitación ilegal a la libertad de circulación y organizaciones terroristas en perjuicio de la seguridad del Estado.
De acuerdo con la resolución judicial, alias Little Happy tenía el rango de segundo palabrero dentro de la hengla Tiny Locos Sureños de la pandilla 18 Sureños, que operaba en la urbanización Jardines de Sel Sutt.
La juzgadora estableció que alias Little Happy participó en la privación de libertad de una menor de edad, a quien obligaban a sostener una relación sentimental con un pandillero que se encontraba detenido. Asimismo, amenazó de muerte a dos personas para que no denunciaran la desaparición de la víctima, por lo que ambas huyeron de sus hogares.
Junto a él, también fueron condenados José Dimas Romero Torres, alias Dimas, y José Alberto Martínez García, alias Chepe, a diez años de prisión por el delito de organizaciones terroristas, mientras que Hugo Adonay Miranda Romero, alias Black, fue condenado a ocho años de prisión por el mismo delito.
Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2017.
