Judicial
Renuncia abogado del exalcalde Ernesto Muyshondt
El abogado Carlos Arturo Muyshondt Parker, defensor de Ernesto Luis Muyshondt García, exalcalde de San Salvador, actualmente en prisión y con tres procesos judiciales pendientes, renunció hace algunas semanas.
De acuerdo con un documento proporcionado por el abogado, “…renuncia al cargo de defensor particular en razón de ostentar el cargo de Cónsul Honorario y único ciudadano belga que reside en El Salvador, siendo éste el representante oficial del Reino de Bélgica en El Salvador, por lo cual no puede seguir ejerciendo dicho cargo…”.
El letrado aclaró que de los tres procesos judiciales que enfrenta el exfuncionario municipal, solo en el caso donde se lo acusa de los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, había participado directamente, y que lo hizo únicamente durante la audiencia inicial, realizada en febrero de 2020.
A través de mensajería directa, Muyshondt Parker, afirmó que hace dos semanas renunció por razones personales, debido a diferencias con una persona cercana al imputado, quien también es su sobrino, a la vez que agregó lo mencionado en el documento judicial: “Yo, como abogado que tengo un cargo consular de un país de donde soy ciudadano, estoy imposibilitado de participar directamente…”
“Yo no estuve relacionado en ninguno de los casos relacionados con la alcaldía, únicamente estuve en el caso relacionado con las pandillas, pero ya no más, y mi participación se limitó a la audiencia inicial en juzgado de Paz en febrero de 2020”, enfatizó el abogado.
Añadió que por el afecto que le tiene a su sobrino, seguirá el desarrollo de los procesos judiciales a distancia, a través de lo que medios de comunicación informen. Muyshondt Parker dijo que espera que su familiar salga bien librado.
Muyshondt Parker también afirmó que otro de los abogados del exalcalde renunció como defensor. “El abogado Castaneda Infantozi, renunció; la esposa de Ernesto nombró una abogada como defensora”, aseguró.
Ernesto Muyshondt, quien fungió como alcalde de San Salvador en el período 2018-2021, en representación del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) es acusado por la Fiscalía General de la República en dos procesos relacionados con la administración municipal.
El exfuncionario municipal fue detenido el 9 de junio de 2021, bajo el delito de negociaciones ilícitas, al supuestamente haber negociado con grupos criminales para obtener el voto de sus estructuras en favor del partido ARENA, en las elecciones de 2014.
Desde esa detención, la Fiscalía General de la República le sumó otros tres procesos judiciales por retención y apropiación de cuotas laborales y tributarias de empleados de la comuna capitalina durante su gestión.
Jueces de instrucción ordenaron que el exalcalde continuara el proceso en arresto en su casa, debido a su delicado estado de salud, pero los magistrados de Cámara (un tribunal superior) revocaron esta decisión.
De tal forma que Muyshondt ha permanecido en el Centro Penal La Esperanza, en Mariona, donde su salud ha ido emperando.
Cuando ha tenido la oportunidad en audiencias judiciales públicas, Muyshondt ha declarado que se considera un preso político, ha denunciado malos tratos en prisión y que ha visto cómo otros reos han muerto en el centro penitenciario.
Reporte EDH.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
