Judicial
Presenta acusación contra médico señalado de provocar la muerte de una embaraza en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó en el Juzgado Primero de Paz el requerimiento fiscal contra el médico Carlos Josué Romero Blanco, señalado de homicidio culposo y lesiones culposas.
Según las investigaciones de la institución, Romero Blanco es acusado de realizar «un mal procedimiento en una cesárea que le causó la muerte a la víctima y la recién nacida sufrió una lesión en una de sus extremidades inferiores».
Estos hechos ocurrieron el 16 de julio pasado en el Hospital San Juan de Dios de San Miguel; en esa ocasión el Ministerio de Salud (Minsal) informó que el galeno fue despedido, presuntamente, porque habría omitido el protocolo de atención para la paciente Alondra Isamar López Amaya, de 20 años, quien estaba en estado de gestación y al hacerle una cesárea le perforaron el intestino, lo que le habría provocado una contaminación en el estómago por materia fecal, ocasionándole la muerte.
Salud dio a conocer que la decisión de suspender al médico es en cumplimiento al ordenamiento jurídico que rige la profesión médica y la Ley del Servicio Civil.
La institución aclaró que el objetivo primordial del personal médico es garantizar la vida de los pacientes que acuden a los diferentes centros asistenciales.
«Tenemos la obligación de salvaguardar la vida y el bienestar de los salvadoreños, así como el cumplimiento a sus derechos como lo son el acceso a la salud y a una atención de calidad», comunicó el Minsal.
El Juzgado Tercero de Paz de Soyapango impuso medidas restrictivas contra José Concepción P., de 50 años, quien fue detenido el pasado 15 de junio por conducción peligrosa en estado de ebriedad.
Según el informe policial, el hecho ocurrió en la calle principal de la colonia La Campanera, donde las autoridades fueron alertadas por el comportamiento irregular del conductor. Al ser intervenido, se le practicó una prueba de alcotest que resultó positiva con 142 grados.
El juez del caso resolvió otorgar una suspensión condicional del procedimiento, bajo el cumplimiento de reglas de conducta durante un año. Entre las medidas impuestas se encuentra la prohibición de realizar trámites para obtener o renovar la licencia de conducir y la tarjeta de circulación, así como abstenerse del consumo excesivo de alcohol o drogas, no salir del país ni cambiar de domicilio sin autorización judicial.
Los oficios correspondientes fueron girados a SERTRACEN, y el cumplimiento de las disposiciones será supervisado por un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a ocho años de prisión al director de un centro educativo ubicado en Huizúcar, La Libertad Este, por el delito de agresión sexual en menor e incapaz.
Durante el juicio, la víctima relató que las agresiones comenzaron cuando ella tenía 14 años, mientras estudiaba en la institución.
«Posteriormente, ya con 15 años, sostuvo una relación sexual con el imputado, ocurrida en la oficina del centro escolar, aunque bajo circunstancias de aparente consentimiento condicionado por la relación de poder», indicó la fiscal del caso.
Tras valorar las pruebas presentadas, el tribunal declaró culpable al director y le impuso una pena de ocho años de prisión.
Judicial
Ordenan prisión para cuatro pandilleros relacionados con el asesinato de una menor en Soyapango
Dos tribunales contra el crimen organizado de San Salvador ordenaron que cuatro miembros de la Mara Salvatrucha permanezcan en prisión preventiva, por el delito de agrupaciones ilícitas. Los sujetos están vinculados al homicidio de una adolescente de 14 años ocurrido el pasado 2 de junio en la comunidad 10 de Octubre, en Soyapango, aunque ese caso aún se encuentra en investigación.
Según un informe del Centro Judicial Isidro Menéndez, en el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado se desarrolló la audiencia de imposición de medidas contra Jorge Efraín Vásquez Ibarra y los menores Rodrigo Alejandro M. S. y Mynor Giovanni C. L., mientras que el Tribunal Cuarto emitió resolución similar contra Geovanny Pablo Gómez Milán.
Los cuatro imputados son señalados como «homeboys» y colaboradores de las clicas Monte María Locos Salvatruchos, Montelimar Locos Salvatruchos y Abriles Danger Locos Salvatruchos, todas pertenecientes al programa Centro de la MS-13.
Los jueces valoraron pruebas obtenidas mediante técnicas especiales de investigación, y decretaron seis meses de instrucción. La participación de varios tribunales en el proceso obedece a lo establecido en el Decreto Legislativo N.º 803, que permite agrupar judicialmente los casos según la estructura criminal.
