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Judicial

Por negociar con pandillas, decretan arresto domiciliar contra Ernesto Muyshondt y es obligado a portar un brazalete electrónico

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El Juzgado 2° de Instrucción de San Salvador impuso arresto domiciliar, la imposición de un brazalete electrónico y una fianza de 50 mil dólares contra el ex alcalde capitalino Ernesto Luis Muyshondt García Prieto.

En la audiencia de revisión de medidas la jueza consideró que el imputado que, aunque posee arraigos familiares y laborales, las nuevas medidas lo mantendrán sujetado al proceso penal en su contra. Anteriormente el imputado solo se presentaba a firmar al juzgado.

El exalcalde capitalino es acusado de fraude electoral y negociaciones ilícitas.

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La revisión de medidas fue solicitada por la querella representada por la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM) que pretendía que le decretara la detención provisional al imputado.

Además: «Por primera vez en la historia El Salvador está recobrando su dignidad nacional»: Ministro Rolando Castro

De Muyshondt, se difundió un video donde supuestamente participaba junto a Salvador Ruano, exalcalde fallecido, en una reunión con líderes terroristas, en el contexto de la segunda vuelta electoral celebrada entre febrero y marzo de 2014, según el requerimiento fiscal.

La investigación de este caso, inició a raíz de declaraciones de dos testigos con criterio de oportunidad denominados “Noé y Salomón”, miembros activos de grupos criminales en la época en que presuntamente ocurrieron los hechos, estos señalaron que mantenían negociaciones con actores políticos de los partidos ARENA y FMLN con beneficios bilaterales.

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Judicial

Pandillera del Barrio 18 condenada a 20 años de prisión por extorsión

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El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.

Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.

La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.

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Judicial

Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán

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El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.

Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.

El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.

El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.

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Pastor evangélico es condenado por agresión sexual a menor en La Libertad

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Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.

Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.

«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.

Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.

Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.

«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.

Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.

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