Judicial
Ex primera dama Ana Ligia de Saca condenada a 10 años de prisión por lavado de dinero
El Tribunal 4° de Sentencia condenó a 10 años de cárcel a la exprimera Dama de la República, Ana Ligia de Saca y su hermano Oscar Edgardo Mixco Sol, por lavado de dinero y activos, asimismo impuso siete años de prisión al exauditor del Grupo Radial SAMIX; Milton Romeo Avilés Cruz, por casos especiales del delito de encubrimiento.
“Señaló por unanimidad se encuentran culpables a estas tres personas y se les decreta la detención provisional, para garantizar el cumplimiento de la pena, mientras queda en firme la sentencia”, argumentó.
Los condenados se quedarán en las bartolinas del Centro Judicial Isidro Menéndez a la espera de que la Dirección de Centros Penales tenga disponibilidad de espacios en las penitenciarías.
En la lectura del fallo el juez señalo que restaba credibilidad al dicho del expresidente Elías Antonio Saca quien declaró de testigo de descargo: “cómo es posible que lo pongan a declarar…es un testimonio viciado, ilegitimo, las declaraciones del señor”, dijo.
Mientras tanto, en este mismo caso fueron absueltos, por mayoría, es decir; dos jueces a uno, a Sonia Guadalupe Morales de Reyes, a María Emma Suazo Canjura, a Ángel José Montoya Morales, a Oswaldo Octavio Orantes Marenco y a Julio Roberto Zamora Bolaños, quienes eran acusados por el Ministerio Público Fiscal del delito de lavado de dinero y de activos.
El Juez presidente de dicho Tribunal, dio su voto razonado, argumentando que “para el todos los procesados eran culpables y que basaba su fallo en la prueba testimonial que desfiló en la vista pública… los testigos que gozaban de régimen de protección y en el testimonio del testigo Jorge Hernández”.
Argumento también que “la prueba testimonial fue suficiente para tener por establecida la autoría de los acusados”, señaló.
Asimismo, recalcó que restaba credibilidad en la prueba pericial y documental presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) refiriéndose a los peritos.
Para el juzgador “todos los procesados recibían fondos y luego hacían actividades de transferencias, según los testigo, no estoy tomando en cuenta la pericia, porque son ilegitimas porque son fotocopias”, refirió.
En el juicio se demostró que Milton Avilés conoció las irregularidades que estaban sucediendo, pero hizo caso omiso y firmó informes de auditorías donde se eliminaban estas observaciones contables.
Quedó establecido, mediante prueba testimonial que Avilés era el encargado de avalar; mediante el desarrollo de procedimiento de auditoría, las operaciones que desarrollaba el Grupo Radial Samix, dicha validación la ejercía directamente él o la delegaba a auxiliares de auditoría, bajo su supervisión.
La FGR demostró al Tribunal que la investigación se relacionó con las Sociedades del expresidente de la República, Elías Antonio Saca y su esposa; Ana Ligia Mixco Sol de Saca, en el que quedó establecido la participación de los hermanos Mixco Sol, debido a que ocultaron la verdadera naturaleza de los fondos depositados, en las cuentas de las Sociedades del Grupo Radial Samix, los que provenían del heraldo público.
En los próximos días, los ahora condenados serán trasladados a diferentes Centros Penitenciarios.
En cuanto a la responsabilidad civil los jueces manifestaron que se dará a conocer cuando se entregue el documento escrito de la condena, el próximo 21 de los corrientes.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó esta mañana de viernes que se encuentra realizando las gestiones correspondientes ante el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio para que el exministro de Defensa, David Munguía Payés sea despojado de bienes que ascienden a los 4.6 millones de dólares.
Esta mañana el Ministerio Público presentó la solicitud de extinción de dominio ante la instancia judicial con la respectiva documentación.
“La FGR presenta la solicitud de extinción de dominio, ante el Juzgado Especializado, sobre los bienes del exministro de Defensa David Munguía Payés valorados en US$4,638,164.91”, indicaron las autoridades.
Entre los bienes que la FGR pretende sustraer y trasladar a favor del Estado se encuentran inmuebles, productos financieros y vehículos automotores, los cuales fueron obtenidos “producto de actividades ilícitas” durante la gestión del exfuncionario entre los años 2009 y 2019.
Actualmente, la Fiscalía ha acusado a Munguía Payés de los delitos de peculado, agrupaciones ilícitas y actos arbitrarios, delitos cometidos en el marco de la tregua entre pandillas durante la administración de Mauricio Funes, quien también enfrenta cargos por delitos de corrupción.
Un hombre fue condenado a pasar 12 años tras las rejas por el Tribunal Cuarto de San Salvador, porque lo encontró culpable de abusar de una niña en varias ocasiones.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), el sujeto responde al nombre de Julio César Zarpate Escobar, de 31 años.
Las investigaciones del Ministerio Público detallan que el hecho ocurrió en la urbanización Valle Verde, del municipio de Apopa al norte de San Salvador entre los años 2019 y 2020.
El testimonio de la menor establece que, Zarpate Escobar apartaba a la víctima y la llevaba al cuarto matrimonial para agredirla.
Judicial
Armando Pineda, expresidente de la CSJ, podría pagar 10 años de cárcel por actos arbitrarios e incumplimiento de deberes
El grupo de abogados del empresario Enrique Rais, denunció penalmente al expresidente de Corte Suprema de Justicia (CSJ), Armando Pineda, por los delitos de Actos Arbitrarios e Incumplimiento de Deberes; el acusado podría pagar una pena de diez años de prisión.
Los defensores de José Aquiles Enrique Rais López, demostraron con base a la resolución que emitió la ONU, que el exmagistrado Pineda Navas, aplicó justicia selectiva en contra de Enrique Rais, y los delitos emitidos por el expresidente de la CSJ, se encuentran la omisión de la ejecución de la resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), sentenció que el empresario Enrique Rais fue objeto de una detención arbitraria y que se vulneraron todos sus derechos civiles y políticos.
Los abogados exhortaron al ministerio público a que se lleve a cabo una investigación profunda e independiente sobre la privación arbitraria de José Aquiles Enrique Rais López y aplique las medidas pertinentes contra los responsables.
El Abogado defenso Carlos Mauricio Miranda Rubio, afirmó que: “se han vulnerado derechos fundamentales, principalmente su afectación al derecho a la libertad es arbitraria, estamos conscientes que el interés del señor Rais, además de alcanzar justicia en las demandas penales, se pretende que este caso se vuelva un precedente de justicia para visibilizar todas las demandas penales del sistema de justicia”, destacó el defensor.
La Corte Suprema de Justicia descartó dar cumplimiento a lo emitido por el GDTA y garantizar la plena libertad de Enrique Rais, ignorando investigaciones contra los jueces y otros funcionarios, entre ellos el exfiscal Douglas Meléndez y Raúl Melara.
La destitución de Carlos Sánchez Escobar fue por los actos de violación a Derechos Humanos y uso Ilegal de su cargo, aplicando a su conveniencia selectivamente las leyes y la Constitución, se espera que se le formule un antejuicio para comprobar los delitos de los cuales también se le acusa.
Al exmagistrado Pineda Navas, se le imputan los delitos de actos arbitrarios y según el artículo 230 del Código Penal, establece que “El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que en el desempeño de su función realizare cualquier acto ilegal o arbitrario, vejación o atropello contra las personas o daño en los bienes, o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño de la función o servicio o permitiere que un tercero lo cometiere, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para desempeño del cargo por el mismo tiempo”.
Según el artículo 321 del mismo código, el delito de incumplimiento de deberes establece que “el funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período”.
