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Judicial

Policías fingieron un control vehícular y terminaron extorsionando a un hombre con $500

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El pasado 11 de febrero de 2016 un hombre conducía tranquilo con su vehículo sobre las calles del municipio de Mejicanos cuando de pronto cuatro agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) desde una patrulla le hicieron una señal de alto para inspeccionar su vehículo. El hombre nunca se imagino que estaría por vivir las horas más angustiantes de su vida. Los cuatro policías le exigieron $500 que debían entregar en tres horas, de lo contrario atacarían contra él y su familia.

Por este hecho, han sido procesado los policías, quienes son acusados por el delito de extorsión. Según el expediente judicial que se abrió por este hecho, eran las 6:00 de la tarde y Pablo (nombre que ha sido modificado para proteger a la víctima) transitaba en Mejicanos, el tráfico era como el de todos los días. Nada en el ambiente daba muestras de que algo fuera de lo cotidiano podría ocurrir. Hasta que un carro patrulla se puso detrás de él.

Pablo se estacionó y al mismo tiempo los cuatro agentes uniformados se bajaron de la patrulla.

El documento judicial detalla que los agentes obligaron a Pablo a bajarse del vehículo, luego le manifestaron con un tono serio que su vehículo presentaba problemas legales, los cuales tenía que resolver con prontitud de lo contrario tendría problemas más graves.

Pablo, parado frente aquellos cuatro agentes, no sabía qué hacer ya que no sospechaba que su vehículo presentara algún problema legal. Los policías al verlo acorralado le dijeron que para olvidar el percance tendría que entregarles $500 en efectivo a las 9:00 de noche de ese mismo día, tal como contó Pablo al momento de poner la denuncia.

En su relato, aseguró que ellos lo amenazaron, le dijeron que de no entregar el dinero a la hora pautada lo buscarían para atentar contra él y su familia; ya que conocían perfectamente la ubicación de su residencia. Ellos le dieron un número al cual debía llamar para avisar cuando ya tuviera el dinero y poder pactar algún lugar para entregarlo.

Ya eran las 9:00 de la noche y Pablo aún no tenía el dinero. Abatido y preocupado, decidió llamar al número telefónico que los agentes le dieron. El teléfono sonó y contestó de inmediato un hombre a quien identificaron como Romel. Durante la conversación, la víctima señaló que no había podido conseguir el dinero ya que tres horas no eran suficientes.

Durante la llamada, Romel le dijo que “por teléfono no iban a hablar de eso. Que saliera de su casa” para negociar, reza el expediente. El agente le indicó una hora y un lugar para reunirse.

Pasados unos cuantos minutos, la víctima visualizó a los cuatro policías que horas antes le habían exigido $500 a cambio de no atentar contra su vida, quienes andaban uniformados.

Según la acusación, Romel, como líder de la banda, fue condescendiente con Pablo y le dijo que le daba un plazo de 15 días para darle el dinero en horas de la tarde. Al mismo tiempo, ellos le recalcaron su amenaza.

La víctima no sabía qué hacer, no solo tenía que pensar en la forma cómo conseguir el dinero sino también cómo proteger a su familia de un grupo de policías. Estaba acorralado.

Esa noche por su mente pasaron decenas de posibilidades una de ellas era que al denunciarlos ellos cumplirían con la promesa de atentar contra su familia; la otra posibilidad era entregar el dinero y olvidarse de lo sucedido. Ambas posibilidades lo pusieron entre la espada y la pared.

Pablo protagoniza una escena sacada de una película policial

Al día siguiente, Pablo se levantó con la decisión de denunciarlos. Fue a la delegación y relató todo lo sucedido. Él solo tenía la descripción física de los cuatro policías y el número de la patrulla donde estos lo interceptaron, este último dato le valió para identificarlos rápidamente.

Las autoridades policiales le dijeron a Pablo que no cortara comunicación con los sujetos y que acordara un encuentro para el 15 de febrero de ese mismo año para la entrega del dinero, pues harían una entrega controlada.

En el documento judicial, consta que eran las 4:25 de la tarde del 15 de febrero cuando Pablo llegó al lugar en un vehículo. Los nervios eran incontenibles, jamás en su mente pasó la posibilidad de protagonizar una escena como en las películas. La entrega se haría efectiva sobre el final de la Autopista Norte, frente a unos condominios de la zona.

La policía le indicó que no estaría solo durante el proceso de entrega, ya que a su alrededor se montó un operativo con cuatro grupos policiales que vigilarían y arrestarían en flagrancia a los sujetos.

La entrega del dinero

De pronto, uno de los equipo visualizó una motocicleta que se dirigía rumbo a la víctima, en la que se transportaban dos sujetos con las mismas características que la víctima había descrito en su declaración. El ambiente se tensionaba cada vez más, Pablo sentía que el corazón le palpitaba cada vez.

La motocicleta era conducida por Romel del Carmen Flores y Wilber Adonay Peñate, quienes se quedaron detrás del vehículo. La víctima se bajó del carro rumbo a los dos sujetos, entre sus manos llevaba un paquete que simulaba el dinero que los criminales exigían.

Sin embargo, este paquete no eran otra cosa más que un billete de $10 dólares y un montón de recortes de papel periódico que juntos simulaban un fajo de dinero, los policías encargados del operativo se lo habían entregado para que lo diera a los criminales.

Tanto Romel como Wilber estaban frente a la víctima y ambos le exigieron el dinero de inmediato. Romel tomó el dinero y comenzó a mirar hacia los lados para identificar si había algo sospechoso. Segundos después se percató que en el lugar había otros policías.

Bajo esta sospecha lanzó el dinero hacia unos arbustos.

Los agentes policiales que custodiaban la entrega controlada abrieron paso a la captura de los dos sujetos. Solo pasaron diez minutos para que se diera el arresto, donde se le incautaron dos armas de fuego, dos teléfonos celulares y la motocicleta donde se transportaban.

El caso que llego hasta los tribunales

Tras la captura de los dos agentes, se logró capturar a los otros dos que participaron en la extorsión cuando se encontraban en su día de licencia en el municipio de Tacuba, Ahuachapán.

Los cuatro agentes involucrados en el crimen fueron identificados como Romel del Carmen Flores Rodríguez, de 40 años de edad; Wilber Adonay Peñate, de 34; Fredy Antonio Sánchez García, de 24, y Luis Enrique Santos Aquino, de 23 años de edad.

Los primeros en llegar ante los tribunales fueron Romel y Wilber, quienes fueron procesados por el delito de extorsión agravada y fueron encontrados culpables por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador. En ese momento, el caso fue individualizado ya que los otros dos agentes fueron capturados fuera de la entrega controlada.

En el caso de Fredy Sánchez y Enrique Santos es el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador el que lleva el proceso. Esta semana fue suspendido el juicio en contra de los dos sujetos y fue reprogramada para el próximo martes 15 de mayo, donde se espera se determine la participación o no de estos imputados en el hecho.

Por: El Salvador Times

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Judicial

Cárcel para sujeto que asesinó brutalmente asesinó a su hija de 7 años y maltrató a otros tres niños

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El Juzgado Especializado de Santa Ana condenó a 59 años de prisión a Neftalí Antonio Martínez Pimentel por feminicidio agravado y maltrato infantil.

La condena incluye 50 años por la muerte de su hija de 7 años, quien fue golpeada violentamente tras un incidente y sufrió graves lesiones que le causaron la muerte. Además, fue sentenciado a 9 años por maltratar a sus otros tres hijos.

La Fiscalía detalló que la víctima no recibió atención médica y falleció en la vivienda familiar en Ahuachapán, tras ser abandonada por los adultos responsables. La madrastra ya fue condenada en otro proceso relacionado al caso.

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Judicial

Tribunal de San Salvador procesa a 69 pandilleros de la MS por extorsión, homicidios y narcotráfico; fallo será el 20 de junio

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El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador concluyó la audiencia preliminar contra 69 miembros de la Mara Salvatrucha (MS), quienes enfrentan múltiples acusaciones, entre ellas extorsión, homicidio y tráfico de drogas. La Fiscalía General de la República solicitó que todos sean llevados a juicio y se espera que el fallo se emita el próximo 20 de junio.

Según la investigación fiscal, los imputados extorsionaban a comerciantes del centro de San Salvador y municipios cercanos, como Rosario de Mora, Tonacatepeque, Ciudad Delgado y Cuscatancingo, exigiendo pagos semanales, mensuales e incluso el aguinaldo. Además, se les atribuye la venta de cocaína y marihuana, así como homicidios por sospechas de colaboración con la Policía, y amenazas para que personas abandonaran las zonas bajo su control.

Los cargos también incluyen agrupaciones ilícitas, conspiración en homicidio agravado, limitación ilegal a la libre circulación, robo agravado, hurto agravado, tráfico ilícito y uso de documentos falsos. Los delitos ocurrieron entre 2021 y 2022.

Por otra parte, el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado condenó recientemente a 10 años de prisión a una estructura de 10 personas vinculadas a la MS-13 por limitación ilegal a la libre circulación. En este caso, las víctimas fueron amenazadas y agredidas por no cumplir con las normas impuestas por la pandilla en Santa Tecla, La Libertad.

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Condenan a 10 mareros por atacar a dos hombres por su corte de cabello

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El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso una pena de 10 años de prisión a diez integrantes de la pandilla MS-13, luego de ser encontrados culpables del delito de limitación ilegal a la libre circulación, en perjuicio de dos ciudadanos en Santa Tecla, departamento de La Libertad.

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 18 de diciembre de 2017, cuando las víctimas se dirigían a la zona conocida como Finca Sucesión. En el trayecto fueron interceptadas por dos pandilleros que cuestionaron su corte de cabello, señalando que «no era apropiado para ese lugar» y amenazándolos de muerte.

Minutos después, al intentar retirarse, ambos hombres fueron atacados por otros ocho sujetos que los golpearon durante aproximadamente cinco minutos. Al día siguiente, los mismos fueron nuevamente interceptados por miembros armados de la estructura criminal, quienes los amenazaron con matarlos si no abandonaban su residencia.

Las víctimas, atemorizadas, huyeron de la zona y denunciaron los hechos ante la Policía Nacional Civil.

De los diez condenados, seis fueron procesados en ausencia, en aplicación de las reformas al Código Penal que permiten juzgar a imputados prófugos. Los otros cuatro —identificados como José Feliciano Hernández Tolentino, Ramón de Jesús Avilés Crespín, José Alexander Flores Hernández y Rigoberto de Jesús Pérez Tolentino— ya se encuentran recluidos cumpliendo otras condenas.

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