Judicial
Pandilleros pagaban a policías entre $400 y $800 por introducir celulares y otros objetos ilícitos a bartolinas de San Salvador, ya enfrentan juicio
Al menos 12 personas, entre ellos ocho agentes policiales, enfrentan juicio en el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador donde son acusados de introducir objetos ilícitos a las bartolinas ubicadas frente a la Fuerza Naval, inmediaciones del mercado La Tiendona, conocidas como “El Penalito”.
Droga y teléfonos celulares eran, de acuerdo con el testigo criteriado “Dante”, introducidos a los reos con la complicidad de los uniformados; los hechos ocurrieron en 2017. El juicio inició el miércoles y se ha prologando al resto de la semana.
De acuerdo con las investigaciones y el relato del criteriado, los agentes cobraban entre $400 y $800 a los mareros dependiendo de los objetos que introducían, para ello se habían organizado en cuatro formas para introducir los ilícitos.
Una de estas maneras era ingresando pequeños objetos en los alimentos que les entregaban a los reos; la segunda consistía en que un privado de libertad fingía estar enfermo y era sacado para que le dieran asistencia médica, pero cuando regresaba ya traía los objetos en el cuerpo, siempre con la complicidad de los agentes.
También, cuando un policía depositaba en los diferentes basureros que estaban en las bartolinas los objetos para ocultarlos del resto de agentes y él mismo -u otro de sus compañeros- los sacaba para dárselos a los delincuentes.
La última forma consistía en que los policías lanzaban los objetos a una rampla que cubre parte de las bartolinas y desde ahí eran alcanzados por los pandilleros.
Por ese caso, el subcomisionado Juan Armando Huezo Grande y los agentes: Vladimir de Jesús Rodríguez, Óscar Oswaldo Figueroa Borjas, Kenneth Osmel Vásquez Hernández, Moisés Francisco Pérez Ponce, Óscar Armando Escalante Canizales, Jorge Alberto Molina, Manuel de Jesús Fuentes están procesados.
Así como ellos también se acusa a: Nery Gerardo Belloso Ramírez, Irvin Alexander Gracias Torres, José Luis Reyes Díaz, estos últimos son pandilleros y el particular Gerson Daniel Rocha.
Inicialmente la estructura fue acusada de introducir objetos prohibidos a centros penales, incumplimiento de deberes y agrupaciones ilícitas, pero en agosto de 2017 el Juzgado Séptimo de Instrucción los absolvió de todos.
Sin embargo, en febrero de 2019 una Cámara reabrió el juicio solo por introducir objetos ilícitos.
Por: El Salvador Times.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento contra el ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículo automotor, tras atropellar a una niña de nueve años en Ahuachapán.
Según el expediente fiscal, el hecho ocurrió el pasado 4 de julio en el kilómetro 114 de la carretera a Las Chinamas, cuando la menor cruzaba la vía para dirigirse a su centro escolar. Tras el atropello, el imputado intentó huir hacia Guatemala.
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán ha programado la audiencia inicial para el próximo 21 de julio.
Judicial
Condenan a 90 años de prisión a seis pandilleros por el asesinato de un agente policial en Sonsonate
El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana impuso una condena de 90 años de prisión a seis miembros de la clica San Cocos Salvatruchos, perteneciente a la MS-13, tras ser encontrados culpables de la desaparición y homicidio agravado de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrido en enero de 2022 en Sonsonate.
Los condenados fueron identificados como Eduardo José Cruz Hernández, David Eduardo Hernández Zeledón y Marco Daniel Cruz Hernández, quienes estuvieron presentes durante la vista pública. En tanto, Roberto Benjamín Rodríguez Padilla, Miguel Ángel Cortez Lozano y Nelson Alexánder Chacón Rivas fueron condenados en ausencia y deberán cumplir la pena una vez sean capturados.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el agente Nahúm Elías Hernández Escobar fue privado de libertad el 2 de enero de 2022 en la colonia Sensunapán, cuando se disponía a visitar a unos familiares. En ese momento fue interceptado por los pandilleros, quienes lo obligaron a bajar de su vehículo y lo trasladaron por la fuerza en otro automóvil.
Posteriormente, fue llevado a las orillas del río Sensunapán, donde fue asesinado y enterrado en una fosa clandestina. Su cuerpo fue localizado seis días después, el 8 de enero, e identificado mediante una prueba de ADN debido al avanzado estado de descomposición.
Los seis implicados fueron encontrados culpables de los delitos de homicidio agravado, desaparición de personas y agrupaciones ilícitas. Según la resolución judicial, cada uno recibió 60 años por homicidio agravado, 25 por desaparición y 5 por pertenecer a estructuras criminales.
La FGR reiteró su compromiso de llevar ante la justicia a quienes atenten contra la vida de servidores públicos y la seguridad de los salvadoreños.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
