Judicial
Pandilleros pagaban a policías entre $400 y $800 por introducir celulares y otros objetos ilícitos a bartolinas de San Salvador, ya enfrentan juicio
Al menos 12 personas, entre ellos ocho agentes policiales, enfrentan juicio en el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador donde son acusados de introducir objetos ilícitos a las bartolinas ubicadas frente a la Fuerza Naval, inmediaciones del mercado La Tiendona, conocidas como “El Penalito”.
Droga y teléfonos celulares eran, de acuerdo con el testigo criteriado “Dante”, introducidos a los reos con la complicidad de los uniformados; los hechos ocurrieron en 2017. El juicio inició el miércoles y se ha prologando al resto de la semana.
De acuerdo con las investigaciones y el relato del criteriado, los agentes cobraban entre $400 y $800 a los mareros dependiendo de los objetos que introducían, para ello se habían organizado en cuatro formas para introducir los ilícitos.
Una de estas maneras era ingresando pequeños objetos en los alimentos que les entregaban a los reos; la segunda consistía en que un privado de libertad fingía estar enfermo y era sacado para que le dieran asistencia médica, pero cuando regresaba ya traía los objetos en el cuerpo, siempre con la complicidad de los agentes.
También, cuando un policía depositaba en los diferentes basureros que estaban en las bartolinas los objetos para ocultarlos del resto de agentes y él mismo -u otro de sus compañeros- los sacaba para dárselos a los delincuentes.
La última forma consistía en que los policías lanzaban los objetos a una rampla que cubre parte de las bartolinas y desde ahí eran alcanzados por los pandilleros.
Por ese caso, el subcomisionado Juan Armando Huezo Grande y los agentes: Vladimir de Jesús Rodríguez, Óscar Oswaldo Figueroa Borjas, Kenneth Osmel Vásquez Hernández, Moisés Francisco Pérez Ponce, Óscar Armando Escalante Canizales, Jorge Alberto Molina, Manuel de Jesús Fuentes están procesados.
Así como ellos también se acusa a: Nery Gerardo Belloso Ramírez, Irvin Alexander Gracias Torres, José Luis Reyes Díaz, estos últimos son pandilleros y el particular Gerson Daniel Rocha.
Inicialmente la estructura fue acusada de introducir objetos prohibidos a centros penales, incumplimiento de deberes y agrupaciones ilícitas, pero en agosto de 2017 el Juzgado Séptimo de Instrucción los absolvió de todos.
Sin embargo, en febrero de 2019 una Cámara reabrió el juicio solo por introducir objetos ilícitos.
Por: El Salvador Times.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
