Judicial
Pandilleros aceptan delitos: le quitaron la vida a cuatro personas y luego las enterraron en zona del cantón La Palma
Autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) demostraron culpables a cuatro integrantes de un grupo de la MS que operaba en el cantón La Palma y lugares aledaños del municipio de Cojutepeque por ser coautores de cuatro homicidios agravados cometidos. Todas las víctimas fueron enterradas en la zona del cantón La Palma.
Los delincuentes solicitaron en el inicio del juicio en el Tribunal Especializado de Sentencia “B” de San Salvador, someterse a un procedimiento abreviado en la que aceptarían haber cometido los crímenes, lo cual es confirmado con otras pruebas periciales, documentales y testimoniales.
Al final, uno de ellos, desistió de la petición y decidió someterse a un procedimiento común y fue condenado a 50 años de cárcel por un doble homicidio.
El Fiscal del caso explicó que el terrorista, Jaime Orellana Hernández, participó en el homicidio cometido en contra de dos de sus mismos compañeros de la mara, que fueron asesinados presuntamente por consumir cocaína y piedra, y por haberle robado $200, a un familiar de otro integrante del grupo terrorista.
Las víctimas, Carlos Raymundo Guerrero y Nelson Ernesto Espinoza Villalta fueron convocados con engaños a una reunión en una casa abandonada del cantón La Palma, en el mes de junio de 2016.
Posteriormente se trasladaron a un sector desolado donde les advirtieron que recibirán una golpiza por no respetar las normas de la mara. Tras vapulearlos hasta quitarles la vida procedieron a enterarlos.
Orellana Hernández fue condenado a 50 años por el doble homicidio.
Mientras, que su compañero de grupo ilegal, Baltazar Enrique Marroquín Beltrán, fue sentenciado a 28 años de cárcel. También, los integrantes de la misma mara, José Saturnino Martínez López y Jhonatan Israel Rogel García fueron condenados a 14 años, a través de un procedimiento abreviado, por su participación en dos de los homicidios.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
