Judicial
Pandilleros aceptan delitos: le quitaron la vida a cuatro personas y luego las enterraron en zona del cantón La Palma
Autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) demostraron culpables a cuatro integrantes de un grupo de la MS que operaba en el cantón La Palma y lugares aledaños del municipio de Cojutepeque por ser coautores de cuatro homicidios agravados cometidos. Todas las víctimas fueron enterradas en la zona del cantón La Palma.
Los delincuentes solicitaron en el inicio del juicio en el Tribunal Especializado de Sentencia “B” de San Salvador, someterse a un procedimiento abreviado en la que aceptarían haber cometido los crímenes, lo cual es confirmado con otras pruebas periciales, documentales y testimoniales.
Al final, uno de ellos, desistió de la petición y decidió someterse a un procedimiento común y fue condenado a 50 años de cárcel por un doble homicidio.
El Fiscal del caso explicó que el terrorista, Jaime Orellana Hernández, participó en el homicidio cometido en contra de dos de sus mismos compañeros de la mara, que fueron asesinados presuntamente por consumir cocaína y piedra, y por haberle robado $200, a un familiar de otro integrante del grupo terrorista.
Las víctimas, Carlos Raymundo Guerrero y Nelson Ernesto Espinoza Villalta fueron convocados con engaños a una reunión en una casa abandonada del cantón La Palma, en el mes de junio de 2016.
Posteriormente se trasladaron a un sector desolado donde les advirtieron que recibirán una golpiza por no respetar las normas de la mara. Tras vapulearlos hasta quitarles la vida procedieron a enterarlos.
Orellana Hernández fue condenado a 50 años por el doble homicidio.
Mientras, que su compañero de grupo ilegal, Baltazar Enrique Marroquín Beltrán, fue sentenciado a 28 años de cárcel. También, los integrantes de la misma mara, José Saturnino Martínez López y Jhonatan Israel Rogel García fueron condenados a 14 años, a través de un procedimiento abreviado, por su participación en dos de los homicidios.
El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a Nefthaly Adonay Muñoz Pérez y Fredy Antonio Hidalgo Azucena a 20 años de cárcel por el delito de extorsión agravada contra un comerciante en el departamento de Cuscatlán.
Según informó la Fiscalía General de la República, los imputados amenazaban de muerte a la víctima para obligarla a entregar dinero de forma mensual, además de mercadería que comercializaba. “La coacción en la entrega de dinero y productos, así como la falta de utilidades en su negocio, obligaron a la víctima a cerrar su única fuente de ingresos”, explicó el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Santa Cruz Michapa entre diciembre de 2022 y 2023. Las investigaciones establecieron que ambos sujetos exigían pagos regulares como parte de su actividad delictiva.
Esta es la segunda condena por extorsión que enfrentan los acusados. En febrero de este mismo año, ya habían sido sentenciados a 15 años de prisión por extorsionar a otra víctima.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron al tribunal declarar culpables a los dos acusados.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
