Judicial
Pandilleros aceptan delitos: le quitaron la vida a cuatro personas y luego las enterraron en zona del cantón La Palma
Autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) demostraron culpables a cuatro integrantes de un grupo de la MS que operaba en el cantón La Palma y lugares aledaños del municipio de Cojutepeque por ser coautores de cuatro homicidios agravados cometidos. Todas las víctimas fueron enterradas en la zona del cantón La Palma.
Los delincuentes solicitaron en el inicio del juicio en el Tribunal Especializado de Sentencia “B” de San Salvador, someterse a un procedimiento abreviado en la que aceptarían haber cometido los crímenes, lo cual es confirmado con otras pruebas periciales, documentales y testimoniales.
Al final, uno de ellos, desistió de la petición y decidió someterse a un procedimiento común y fue condenado a 50 años de cárcel por un doble homicidio.
El Fiscal del caso explicó que el terrorista, Jaime Orellana Hernández, participó en el homicidio cometido en contra de dos de sus mismos compañeros de la mara, que fueron asesinados presuntamente por consumir cocaína y piedra, y por haberle robado $200, a un familiar de otro integrante del grupo terrorista.
Las víctimas, Carlos Raymundo Guerrero y Nelson Ernesto Espinoza Villalta fueron convocados con engaños a una reunión en una casa abandonada del cantón La Palma, en el mes de junio de 2016.
Posteriormente se trasladaron a un sector desolado donde les advirtieron que recibirán una golpiza por no respetar las normas de la mara. Tras vapulearlos hasta quitarles la vida procedieron a enterarlos.
Orellana Hernández fue condenado a 50 años por el doble homicidio.
Mientras, que su compañero de grupo ilegal, Baltazar Enrique Marroquín Beltrán, fue sentenciado a 28 años de cárcel. También, los integrantes de la misma mara, José Saturnino Martínez López y Jhonatan Israel Rogel García fueron condenados a 14 años, a través de un procedimiento abreviado, por su participación en dos de los homicidios.
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Entre lágrimas, integrantes de la Barra Brava del Alianza se despiden de sus familiares tras ser llevados a prisión
Los 13 integrantes de la Barra Brava del Alianza Fútbol Club fueron enviados a prisión tras ser procesados por los delitos de daños y desórdenes públicos.
Durante su traslado, algunos de los imputados se dirigieron a sus familiares que los esperaban afuera del Juzgado de Paz de San Juan Opico, en La Libertad. “Tranquila, mi amor, todo va a estar bien, Dios sabe lo que hace”, dijo uno de ellos mientras abordaba el vehículo policial.
Los procesados son acusados de atacar con piedras y botellas un bus que transportaba a aficionados del FAS, el pasado 25 de octubre, hecho que dejó varias personas lesionadas y daños materiales.
Bajo custodia policial y esposados, los miembros de la barra fueron trasladados a un centro penal, mientras continúa la fase de instrucción del caso.
#CRONIO Entre lágrimas y abrazos, familiares despidieron a los 13 miembros de la Barra Brava del Alianza F.C., trasladados a un centro penal tras la audiencia inicial por los delitos de daños y desórdenes públicos, relacionados con los disturbios ocurridos el pasado 25 de… pic.twitter.com/KKTWssq0if
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 12, 2025
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14 integrantes de la Barra Brava del Alianza enfrentan audiencia por ataque a bus de aficionados del FAS
Este martes, se desarrolla audiencia inicial en contra de 14 integrantes de la Barra Brava del Alianza Fútbol Club, acusados de realizar actos de intolerancia en la vía pública, el pasado 25 de octubre.
Los involucrados lanzaron botellas de vidrio, piedras y otros objetos a un bus que transportaba a seguidores del FAS, después de la disputa de un partido entre ambos equipos.
Este hecho dejó a varias personas lesionadas.
Hemos procedido a la captura de los responsables del ataque contra un autobús que transportaba aficionados del equipo de fútbol FAS.
Todos los detenidos son aficionados del Alianza.
El hecho se registró esta tarde sobre el paso a desnivel del desvío de San Juan Opico, en… pic.twitter.com/08PMLBQbdF
— PNC El Salvador (@PNCSV) October 26, 2025
Todos son procesados por los siguientes delitos:
Desórdenes públicos agravados
Daños agravados
Lesiones
La audiencia se lleva a cabo ante el Juzgado de Paz de San Juan Opico, La Libertad Centro.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una condena de 12 años y seis meses de cárcel a José Melvin Rivera Ortega, tras comprobarse su responsabilidad en un caso de violación agravada continuada ocurrido en un hospedaje de Guazapa, San Salvador Norte.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador declaró culpable a José Melvin Rivera Ortega y lo condenó a 12 años y seis meses de prisión por el delito de violación agravada en la modalidad de delito continuado.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron el 19 de diciembre de 2024 en un hospedaje del distrito de Guazapa, municipio de San Salvador Norte, donde el imputado llevó a la víctima bajo engaños.
Una vez en el lugar, Rivera Ortega amenazó a la víctima con una navaja y la agredió sexualmente en varias ocasiones, manteniéndola retenida hasta el día siguiente. La mujer logró escapar y acudió a la Unidad de la Mujer de la Policía Nacional Civil (PNC) de Chalatenango, donde relató lo sucedido y formalizó la denuncia con apoyo de las autoridades fiscales.
Tras la valoración de las pruebas presentadas, el tribunal determinó la culpabilidad del procesado y, además de la pena de prisión, lo condenó al pago de $960 en concepto de responsabilidad civil.
En un caso similar, el pasado 30 de octubre, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de cárcel a Alexis Hernández, quien fue declarado culpable de abuso sexual agravado contra una menor en el municipio de Santo Tomás, al sur de San Salvador.
Según la investigación, Hernández contactó a la víctima mediante redes sociales, la engañó para que se reuniera con él y la retuvo en su vivienda, donde la agredió sexualmente durante dos días. La menor denunció los hechos tras contarle a su madre lo ocurrido.
Ambos casos refuerzan los esfuerzos del sistema judicial salvadoreño por garantizar justicia para las víctimas de violencia sexual y aplicar sanciones ejemplares a los agresores.
