Judicial
Pandilleros aceptan delitos: le quitaron la vida a cuatro personas y luego las enterraron en zona del cantón La Palma
Autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) demostraron culpables a cuatro integrantes de un grupo de la MS que operaba en el cantón La Palma y lugares aledaños del municipio de Cojutepeque por ser coautores de cuatro homicidios agravados cometidos. Todas las víctimas fueron enterradas en la zona del cantón La Palma.
Los delincuentes solicitaron en el inicio del juicio en el Tribunal Especializado de Sentencia “B” de San Salvador, someterse a un procedimiento abreviado en la que aceptarían haber cometido los crímenes, lo cual es confirmado con otras pruebas periciales, documentales y testimoniales.
Al final, uno de ellos, desistió de la petición y decidió someterse a un procedimiento común y fue condenado a 50 años de cárcel por un doble homicidio.
El Fiscal del caso explicó que el terrorista, Jaime Orellana Hernández, participó en el homicidio cometido en contra de dos de sus mismos compañeros de la mara, que fueron asesinados presuntamente por consumir cocaína y piedra, y por haberle robado $200, a un familiar de otro integrante del grupo terrorista.
Las víctimas, Carlos Raymundo Guerrero y Nelson Ernesto Espinoza Villalta fueron convocados con engaños a una reunión en una casa abandonada del cantón La Palma, en el mes de junio de 2016.
Posteriormente se trasladaron a un sector desolado donde les advirtieron que recibirán una golpiza por no respetar las normas de la mara. Tras vapulearlos hasta quitarles la vida procedieron a enterarlos.
Orellana Hernández fue condenado a 50 años por el doble homicidio.
Mientras, que su compañero de grupo ilegal, Baltazar Enrique Marroquín Beltrán, fue sentenciado a 28 años de cárcel. También, los integrantes de la misma mara, José Saturnino Martínez López y Jhonatan Israel Rogel García fueron condenados a 14 años, a través de un procedimiento abreviado, por su participación en dos de los homicidios.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
