Judicial
Pandillero condenado a 21 años de cárcel por extorsionar en Cuscatlán
Por exigir dinero a la víctima con amenazas a muerte por nueve meses y obligarla a entregar productos de consumo básico, Edwin Sarael Rochac García, integrante de la pandilla 18 sureños, fue sentenciado a 21 años cuatro meses, por el delito de extorsión agravada y organizaciones terroristas.
La fiscal del caso de la Unidad de Patrimonio Privado de la oficina de Cojutepeque demostró con diferentes pruebas de tipo pericial, documental y testimonial la existencia de los delitos y la participación del imputado.
El Juez de Sentencia de Sensuntepeque validó las pruebas y le impuso 13 años cuatro meses por el delito de extorsión agravada, a los que se le sumó ocho años, por su pertenencia a la pandilla 18 sureños.
El juicio se desarrolló en el departamento de Cabañas, porque los tres jueces de sentencia de Cojutepeque ya habían condenado a otros seis pandilleros en los años 2018 y 2019 por extorsión agravada.
La víctima, bajo el régimen de protección, identificada con la clave “Perla Negra”, fue obligada a entregar 10, 15 y 20 dólares semanales, bajo amenazas a muerte, desde octubre del año 2014 hasta agosto de 2015.
Los chantajes fueron realizados por un grupo de terroristas, que operaban en varios cantones del municipio de El Carmen, que portando armas de fuego se presentaban ante “Perla Negra”, y la coaccionaban a entregar diferentes productos de consumo básico.
También, en enero del año 2015 le dejaron un anónimo debajo de la puerta de su casa donde le exigían $150.00, pero llegaron al acuerdo de que siguiera entregando 20 dólares semanales.
Cuando la víctima ya no pudo seguir entregando el dinero ni dándoles los productos, decidió interponer la denuncia, que permitió iniciar una investigación, capturarlos y procesarlos penalmente hasta culminar con una sentencia condenatoria.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
