Judicial
Ordenan la detención de 15 exempleados de la presidencia de Sánchez Cerén por lavado de dinero y peculado
Foto: FGR
El Grupo Contra la Impunidad (GCI), de la Fiscalía General de la República, ordenó la detención de 15 exempleados de Casa Presidencial, quienes fungieron durante la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén. Los implicados están siendo procesados por los delitos de Lavado de Dinero y Activos y Peculado.
Entre las personas vinculadas en este caso y que han sido capturadas hasta el momento, se encuentran: Jorge Antonio Revelo, jefe del Estado Mayor Presidencial, quien gestionó pagos salariales complementarios para el Estado Mayor sin cumplir los requisitos de Ley -capurado en Panchimalco-; Alexander Benítez Peña, propietario de Box Car y Taller Frenos y Más, a él se le destinaron fondos en concepto de proveedor de servicios de la Presidencia sin estar inscrito como tal -aprehendido en San Salvador-; y Daysi Armida Díaz, tesorera institucional de la Presidencia durante el período noviembre de 2016 a mayo de 2019, quien firmó 193 cheques provenientes del Estado y destinados a 6 cuentas aperturadas sin requisitos de Ley -detenida en detenida en San Marcos.
Las investigaciones de la Fiscalía detallan que durante la administración Cerén (2014-2019) se entretejió una compleja red de corrupción, donde se transferían fuertes cantidades de dinero a personas particulares y empresas de la partida de fondos reservados de la presidencia, sin justificación o control alguno.
Según se detalla en los informes, los fondos fueron desviados mediante la emisión de cheques de la Cuenta Institucional Subsidiaria del Tesoro Púbico hacia seis cuentas bancarias no autorizadas por la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, cuyos titulares eran empleados de la presidencia.
Una vez depositados los fondos en las referidas cuentas, sus titulares dispusieron libremente de los mismos sin ningún tipo de control. Luego, emitieron cheques a favor de empleados de la presidencia, y fueron cobrados en efectivo por un monto total de $152 millones 985 mil 170.69 dólares.
De igual manera, se emitieron cheques a favor de proveedores a pesar de no existir ninguna relación comercial con la Presidencia de la República, entre estos destacan los talleres de servicios de mantenimiento de vehículos denominados “TALLER BOX CAR y “TALLER FRENOS Y MAS”, a quienes se les realizaron pagos por la cantidad de $969,499.57 y $1,201,453.81, respectivamente.
También, se pagaron complementos salariales a empleados del Estado Mayor Presidencial por un monto de $3,303,756.00 dólares. Algunos de los que recibieron dichos complementos eran familiares del propio expresidente Sánchez Cerén.
Con estas acciones, la Fiscalía General de la República da un duro golpe a estructuras de corrupción que habían estado enquistadas en las más altas esferas del Estado, en detrimento de la población salvadoreña.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
