Judicial
Ordenan cárcel para empleados de empresa que simulaban ser extorsionados
En prisión se mantendrán ocho empleados de una empresa distribuidora de productos por el delito de Extorsión Agravada, afirmó el Fiscal del caso de la Unidad de Patrimonio de la sede de Cojutepeque.
Ayer lunes, se desarrolló la Audiencia Inicial en el Juzgado de Paz de San Pedro Perulapán en la que la representación Fiscal ofreció suficientes elementos de probabilidad de la existencia del delito y la participación de los imputados.
El Juez resolvió la Instrucción Formal con Detención Provisional, contra ocho de los imputados y le aplicó medidas sustitutivas a la detención a favor de Edwin Alejandro Alvarado Cuchilla, que tendrá que presentarse cada 15 días al Juzgado 1º. de Instrucción de Cojutepeque, no salir del país y no acercarse a la víctima.
De acuerdo a las investigaciones los trabajadores fingían, cuando repartían el producto, que pandilleros de las diferentes zonas del departamento de Cuscatlán los extorsionaban con desembolsos mensuales de dinero para poder circular.
Los pagos oscilaban entre la cantidad mínima de 35 dólares y un máximo de120 dólares, haciendo un monto mensual de $1,465.00 y un total al año de $17,580.00, por desplazarse en las colonias y cantones de los municipios de San Pedro Perulapán, Suchitoto, San Rafael Cedros, Santa Cruz Analquito, Oratorio Concepción, Cojutepeque, Guazapa y San Sebastián en San Vicente.
Según las estimaciones en tres años que duraron las exigencias monetarias los imputados se beneficiaron con un total de más de $52,000.00.
Nueve de los imputados fueron detenidos la semana pasada con órdenes de la FGR de Cojutepeque: Ismael Eliseo García García, Juan Antonio Martínez Guardado, Herminio Rafael Monge Hernández, Manuel de Jesús Cándido Hernández, Kevin Ronaldo Pineda Serrano, Feliciano Vásquez Flores, Fredy Jhovany Mendoza Hernández y José Alejandro Romero Ordóñez.
Cuatro incriminados más son prófugos, y el Juzgado señalará una nueva fecha de audiencia para resolver su situación jurídica.
Óscar José Amaya Guevara fue condenado a 10 años de prisión por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego, informó la Fiscalía General de la República (FGR). La sentencia fue impuesta en un proceso sumario por el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad.
Según la acusación fiscal, Amaya Guevara fue detenido el pasado 8 de mayo de 2025 mientras ingería bebidas alcohólicas en un restaurante del Puerto de La Libertad. La Policía Nacional Civil (PNC) recibió una alerta sobre su comportamiento, ya que manipulaba un arma de fuego en evidente estado de ebriedad.
Al realizarle una prueba antidoping, el resultado arrojó 162 grados de alcohol. Además, no presentó documentos que acreditaran la portación legal del arma ni la matrícula correspondiente.
Durante la audiencia, el tribunal consideró suficientes las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la FGR para dictar la condena.
Amaya Guevara ya tenía antecedentes. En noviembre de 2023 fue detenido por amenazar con arma de fuego a trabajadores en un lugar público y por atentar contra conductores y un motociclista en la carretera al Puerto de La Libertad. En ese caso, fue procesado por homicidio tentado y disparo de arma de fuego, y se le decomisaron un arma, municiones y un vehículo.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal contra Julio Alonso Revelo Martínez y José Guillermo Arce Marín, señalados de traficar 114 kilogramos de cocaína. El proceso fue judicializado en el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad, donde la FGR solicitó la detención provisional mientras avanza el proceso penal.
Según la acusación fiscal, ambos imputados, residentes en San Luis La Herradura (La Paz), transportaban la droga oculta en una hielera acondicionada con un compartimiento secreto. La embarcación fue interceptada el pasado 18 de junio a tres millas y media náuticas de la playa Toluca, en aguas territoriales del departamento de La Libertad.
El operativo fue ejecutado por el Grupo Especial Antinarcóticos, en coordinación con la División Antinarcóticos y la División de la Policía Costera de la PNC.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó a través de redes sociales que los detenidos forman parte de una estructura de narcotráfico regional. «Salieron de Nicaragua y pretendían llevar la droga a Guatemala, pero su operación fue truncada gracias al trabajo coordinado entre nuestra Policía Costera y la División Antinarcóticos», publicó.
Durante la inspección de la embarcación se localizaron paquetes que, tras pruebas de campo, dieron positivo a cocaína. El cargamento fue valorado en aproximadamente $2.8 millones.
El fiscal del caso confirmó que se ha solicitado la instrucción formal con imposición de medidas cautelares de detención provisional.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
