Judicial
Ordenan cárcel para empleados de empresa que simulaban ser extorsionados
En prisión se mantendrán ocho empleados de una empresa distribuidora de productos por el delito de Extorsión Agravada, afirmó el Fiscal del caso de la Unidad de Patrimonio de la sede de Cojutepeque.
Ayer lunes, se desarrolló la Audiencia Inicial en el Juzgado de Paz de San Pedro Perulapán en la que la representación Fiscal ofreció suficientes elementos de probabilidad de la existencia del delito y la participación de los imputados.
El Juez resolvió la Instrucción Formal con Detención Provisional, contra ocho de los imputados y le aplicó medidas sustitutivas a la detención a favor de Edwin Alejandro Alvarado Cuchilla, que tendrá que presentarse cada 15 días al Juzgado 1º. de Instrucción de Cojutepeque, no salir del país y no acercarse a la víctima.
De acuerdo a las investigaciones los trabajadores fingían, cuando repartían el producto, que pandilleros de las diferentes zonas del departamento de Cuscatlán los extorsionaban con desembolsos mensuales de dinero para poder circular.
Los pagos oscilaban entre la cantidad mínima de 35 dólares y un máximo de120 dólares, haciendo un monto mensual de $1,465.00 y un total al año de $17,580.00, por desplazarse en las colonias y cantones de los municipios de San Pedro Perulapán, Suchitoto, San Rafael Cedros, Santa Cruz Analquito, Oratorio Concepción, Cojutepeque, Guazapa y San Sebastián en San Vicente.
Según las estimaciones en tres años que duraron las exigencias monetarias los imputados se beneficiaron con un total de más de $52,000.00.
Nueve de los imputados fueron detenidos la semana pasada con órdenes de la FGR de Cojutepeque: Ismael Eliseo García García, Juan Antonio Martínez Guardado, Herminio Rafael Monge Hernández, Manuel de Jesús Cándido Hernández, Kevin Ronaldo Pineda Serrano, Feliciano Vásquez Flores, Fredy Jhovany Mendoza Hernández y José Alejandro Romero Ordóñez.
Cuatro incriminados más son prófugos, y el Juzgado señalará una nueva fecha de audiencia para resolver su situación jurídica.
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El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
