Judicial
Munguía Payés reconoce que daba ayuda económica y que transfirió un inmueble a su hija mientras fue ministro
El Juzgado Especializado de Extinción de Dominio de San Salvador continuó con el desfile de testigos en la audiencia de sentencia en contra del exministro de Defensa, David Munguía Payés.
Ayer (martes), el exfuncionario declaró como testigo de descargo en dicho caso, durante su intervención Munguía Payés reconoció haber ayudado económicamente a su hija Blanca Patricia Munguía Molina entre el 2011 y 2012 cuando fungía como ministro.
«Entiendo que por una ayuda económica, que le di a mi hija Blanca Patricia Munguía Molina, entre finales de 2011 y mediados del 2012», respondió el exfuncionario ante la interrogante del abogado defensor, de ¿por qué se encontraba declarando como testigo en dicha audiencia?.
#CombateALaCorrupción I El exfuncionario utilizó fondos públicos para realizar compras de bienes e inversiones en depósitos a plazo fijo por un monto de $4,638,164.91.
La @FGR_SV solicita que 9 inmuebles, entre ellos un rancho de playa, 2 vehículos y 9 depósitos a plazo fijo a… pic.twitter.com/UCTJzNifjE
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) March 19, 2024
Munguía Payés explicó que la ayuda económica consistió en depósitos de efectivo en cuentas bancarias y la entrega de un inmueble.
«En realidad le hice un traspaso de un inmueble y algunos depósitos de dinero en cuenta bancaria», señaló el imputado.
El exministro explicó que el inmueble está ubicado en el km 9 y medio, pasaje Kriete, en Los Planes de Renderos, en San Salvador, con un valor de $20,000. Según Munguía Payés el lote fue adquirido en 1992, con los salarios obtenidos por unos trabajos realizados en Venezuela.
«El traspaso del inmueble se lo hice a mi hija a través de un contrato de compraventa por $20,000, al final no me pagó nada porque era mi hija y yo pensaba en ayudarla», indicó Munguía Payés respecto al traslado a favor de su hija del inmueble en enero de 2012.
Respecto a la ayuda económica brindada a su hija, el exfuncionario detalló que le depósito aproximadamente $14,000.
«Aproximadamente le entregue $14,000, el dinero se lo depositaba en su cuenta bancaria personal», apuntó Munguía Payés.
Los depósitos fueron realizados por un empleado que estaba a su cargo como ministro en montos que iban desde los $1,500 en adelante de forma mensual.
«El dinero depositado provenía del salario y de la pensión, mi salario en ese momento era de $3,500 aproximadamente y la pensión de $2,800», explicó el exministro.
Según Munguía Páyes, el dinero depositado era para obras de terracería en el terreno ubicado en Los Planes de Renderos, sin embargo, los trabajos nunca fueron ejecutados y en su lugar el lote fue vendido para que Blanca Patricia comprara un terreno ubicado en el exclusivo residencial Greenside, en Nuevo Cuscatlán, La Libertad, por un monto entre los $92,000 y los $93,000.
«El terreno en Greenside fue adquirido con el dinero depositado, la venta del inmueble de Los Planes de Renderos, un préstamo que hizo el esposo de mi hija y $30,000 recaudados en los sobre recibidos por mi hija y su esposo en la celebración de su boda», detalló el exministro.
Según la Unidad Especializada de Extinción de Dominio, en su calidad de funcionario en los gobiernos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, adquirió bienes e inmuebles por un monto de $4.6 millones, varios de ellos ahora están a nombre de sus familiares cercanos.
Un total de 428 miembros de estructuras criminales han sido condenados a penas que en algunos casos superan los 800 años de cárcel, como resultado de investigaciones conjuntas entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Las sentencias fueron emitidas por los Tribunales Contra el Crimen Organizado entre el 28 de abril y el 25 de julio.
Las autoridades detallaron que las pruebas presentadas lograron demostrar la participación de estos individuos en delitos como homicidio, extorsión, desaparición de personas, violaciones y otros crímenes cometidos en distintos puntos del país.
Uno de los casos más relevantes es el de Herbert Luis Sánchez Cruz, alias Cuchara, quien fue condenado a 807 años de prisión por 20 homicidios cometidos como parte de la clica Saylor Locos Salvatruchos de la MS-13. Otros pandilleros de la misma estructura recibieron penas similares: Gerber López Mejía (Aliens), 727 años; y Melquisidec Jiménez Zavala (Yaspers), 663 años, por crímenes cometidos entre 2017 y 2019 en San Miguel.
En total, 66 pandilleros de esa estructura fueron sentenciados. A ellos se suman otros 23 terroristas que operaban en San Miguel, La Unión y La Libertad, incluyendo a Douglas Isaac Urías Hernández, condenado a 230 años de prisión.
En el occidente del país, 56 pandilleros más fueron condenados a penas de hasta 180 años por delitos cometidos en municipios como Tamanique, Chiltiupán y Teotepeque. La mayor sentencia fue para Henry Giovanni Lobos Pérez.
Finalmente, 15 mareros que delinquían en Usulután, Morazán y La Unión también recibieron penas de hasta 155 años. Entre ellos figura Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias Satánico, señalado por múltiples homicidios cometidos entre 2015 y 2018.
Las autoridades sostienen que estos resultados son parte del combate frontal al crimen organizado en el marco del régimen de excepción y las estrategias de seguridad impulsadas en el país.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
