Judicial
Munguía Payés reconoce que daba ayuda económica y que transfirió un inmueble a su hija mientras fue ministro
El Juzgado Especializado de Extinción de Dominio de San Salvador continuó con el desfile de testigos en la audiencia de sentencia en contra del exministro de Defensa, David Munguía Payés.
Ayer (martes), el exfuncionario declaró como testigo de descargo en dicho caso, durante su intervención Munguía Payés reconoció haber ayudado económicamente a su hija Blanca Patricia Munguía Molina entre el 2011 y 2012 cuando fungía como ministro.
«Entiendo que por una ayuda económica, que le di a mi hija Blanca Patricia Munguía Molina, entre finales de 2011 y mediados del 2012», respondió el exfuncionario ante la interrogante del abogado defensor, de ¿por qué se encontraba declarando como testigo en dicha audiencia?.
#CombateALaCorrupción I El exfuncionario utilizó fondos públicos para realizar compras de bienes e inversiones en depósitos a plazo fijo por un monto de $4,638,164.91.
La @FGR_SV solicita que 9 inmuebles, entre ellos un rancho de playa, 2 vehículos y 9 depósitos a plazo fijo a… pic.twitter.com/UCTJzNifjE
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) March 19, 2024
Munguía Payés explicó que la ayuda económica consistió en depósitos de efectivo en cuentas bancarias y la entrega de un inmueble.
«En realidad le hice un traspaso de un inmueble y algunos depósitos de dinero en cuenta bancaria», señaló el imputado.
El exministro explicó que el inmueble está ubicado en el km 9 y medio, pasaje Kriete, en Los Planes de Renderos, en San Salvador, con un valor de $20,000. Según Munguía Payés el lote fue adquirido en 1992, con los salarios obtenidos por unos trabajos realizados en Venezuela.
«El traspaso del inmueble se lo hice a mi hija a través de un contrato de compraventa por $20,000, al final no me pagó nada porque era mi hija y yo pensaba en ayudarla», indicó Munguía Payés respecto al traslado a favor de su hija del inmueble en enero de 2012.
Respecto a la ayuda económica brindada a su hija, el exfuncionario detalló que le depósito aproximadamente $14,000.
«Aproximadamente le entregue $14,000, el dinero se lo depositaba en su cuenta bancaria personal», apuntó Munguía Payés.
Los depósitos fueron realizados por un empleado que estaba a su cargo como ministro en montos que iban desde los $1,500 en adelante de forma mensual.
«El dinero depositado provenía del salario y de la pensión, mi salario en ese momento era de $3,500 aproximadamente y la pensión de $2,800», explicó el exministro.
Según Munguía Páyes, el dinero depositado era para obras de terracería en el terreno ubicado en Los Planes de Renderos, sin embargo, los trabajos nunca fueron ejecutados y en su lugar el lote fue vendido para que Blanca Patricia comprara un terreno ubicado en el exclusivo residencial Greenside, en Nuevo Cuscatlán, La Libertad, por un monto entre los $92,000 y los $93,000.
«El terreno en Greenside fue adquirido con el dinero depositado, la venta del inmueble de Los Planes de Renderos, un préstamo que hizo el esposo de mi hija y $30,000 recaudados en los sobre recibidos por mi hija y su esposo en la celebración de su boda», detalló el exministro.
Según la Unidad Especializada de Extinción de Dominio, en su calidad de funcionario en los gobiernos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, adquirió bienes e inmuebles por un monto de $4.6 millones, varios de ellos ahora están a nombre de sus familiares cercanos.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
