Judicial
Munguía Payés reconoce que daba ayuda económica y que transfirió un inmueble a su hija mientras fue ministro
El Juzgado Especializado de Extinción de Dominio de San Salvador continuó con el desfile de testigos en la audiencia de sentencia en contra del exministro de Defensa, David Munguía Payés.
Ayer (martes), el exfuncionario declaró como testigo de descargo en dicho caso, durante su intervención Munguía Payés reconoció haber ayudado económicamente a su hija Blanca Patricia Munguía Molina entre el 2011 y 2012 cuando fungía como ministro.
«Entiendo que por una ayuda económica, que le di a mi hija Blanca Patricia Munguía Molina, entre finales de 2011 y mediados del 2012», respondió el exfuncionario ante la interrogante del abogado defensor, de ¿por qué se encontraba declarando como testigo en dicha audiencia?.
#CombateALaCorrupción I El exfuncionario utilizó fondos públicos para realizar compras de bienes e inversiones en depósitos a plazo fijo por un monto de $4,638,164.91.
La @FGR_SV solicita que 9 inmuebles, entre ellos un rancho de playa, 2 vehículos y 9 depósitos a plazo fijo a… pic.twitter.com/UCTJzNifjE
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) March 19, 2024
Munguía Payés explicó que la ayuda económica consistió en depósitos de efectivo en cuentas bancarias y la entrega de un inmueble.
«En realidad le hice un traspaso de un inmueble y algunos depósitos de dinero en cuenta bancaria», señaló el imputado.
El exministro explicó que el inmueble está ubicado en el km 9 y medio, pasaje Kriete, en Los Planes de Renderos, en San Salvador, con un valor de $20,000. Según Munguía Payés el lote fue adquirido en 1992, con los salarios obtenidos por unos trabajos realizados en Venezuela.
«El traspaso del inmueble se lo hice a mi hija a través de un contrato de compraventa por $20,000, al final no me pagó nada porque era mi hija y yo pensaba en ayudarla», indicó Munguía Payés respecto al traslado a favor de su hija del inmueble en enero de 2012.
Respecto a la ayuda económica brindada a su hija, el exfuncionario detalló que le depósito aproximadamente $14,000.
«Aproximadamente le entregue $14,000, el dinero se lo depositaba en su cuenta bancaria personal», apuntó Munguía Payés.
Los depósitos fueron realizados por un empleado que estaba a su cargo como ministro en montos que iban desde los $1,500 en adelante de forma mensual.
«El dinero depositado provenía del salario y de la pensión, mi salario en ese momento era de $3,500 aproximadamente y la pensión de $2,800», explicó el exministro.
Según Munguía Páyes, el dinero depositado era para obras de terracería en el terreno ubicado en Los Planes de Renderos, sin embargo, los trabajos nunca fueron ejecutados y en su lugar el lote fue vendido para que Blanca Patricia comprara un terreno ubicado en el exclusivo residencial Greenside, en Nuevo Cuscatlán, La Libertad, por un monto entre los $92,000 y los $93,000.
«El terreno en Greenside fue adquirido con el dinero depositado, la venta del inmueble de Los Planes de Renderos, un préstamo que hizo el esposo de mi hija y $30,000 recaudados en los sobre recibidos por mi hija y su esposo en la celebración de su boda», detalló el exministro.
Según la Unidad Especializada de Extinción de Dominio, en su calidad de funcionario en los gobiernos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, adquirió bienes e inmuebles por un monto de $4.6 millones, varios de ellos ahora están a nombre de sus familiares cercanos.
Judicial
Condenan a 90 años de prisión a seis pandilleros por el asesinato de un agente policial en Sonsonate
El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana impuso una condena de 90 años de prisión a seis miembros de la clica San Cocos Salvatruchos, perteneciente a la MS-13, tras ser encontrados culpables de la desaparición y homicidio agravado de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrido en enero de 2022 en Sonsonate.
Los condenados fueron identificados como Eduardo José Cruz Hernández, David Eduardo Hernández Zeledón y Marco Daniel Cruz Hernández, quienes estuvieron presentes durante la vista pública. En tanto, Roberto Benjamín Rodríguez Padilla, Miguel Ángel Cortez Lozano y Nelson Alexánder Chacón Rivas fueron condenados en ausencia y deberán cumplir la pena una vez sean capturados.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el agente Nahúm Elías Hernández Escobar fue privado de libertad el 2 de enero de 2022 en la colonia Sensunapán, cuando se disponía a visitar a unos familiares. En ese momento fue interceptado por los pandilleros, quienes lo obligaron a bajar de su vehículo y lo trasladaron por la fuerza en otro automóvil.
Posteriormente, fue llevado a las orillas del río Sensunapán, donde fue asesinado y enterrado en una fosa clandestina. Su cuerpo fue localizado seis días después, el 8 de enero, e identificado mediante una prueba de ADN debido al avanzado estado de descomposición.
Los seis implicados fueron encontrados culpables de los delitos de homicidio agravado, desaparición de personas y agrupaciones ilícitas. Según la resolución judicial, cada uno recibió 60 años por homicidio agravado, 25 por desaparición y 5 por pertenecer a estructuras criminales.
La FGR reiteró su compromiso de llevar ante la justicia a quienes atenten contra la vida de servidores públicos y la seguridad de los salvadoreños.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
