Judicial
Munguía Payés reconoce que daba ayuda económica y que transfirió un inmueble a su hija mientras fue ministro
El Juzgado Especializado de Extinción de Dominio de San Salvador continuó con el desfile de testigos en la audiencia de sentencia en contra del exministro de Defensa, David Munguía Payés.
Ayer (martes), el exfuncionario declaró como testigo de descargo en dicho caso, durante su intervención Munguía Payés reconoció haber ayudado económicamente a su hija Blanca Patricia Munguía Molina entre el 2011 y 2012 cuando fungía como ministro.
«Entiendo que por una ayuda económica, que le di a mi hija Blanca Patricia Munguía Molina, entre finales de 2011 y mediados del 2012», respondió el exfuncionario ante la interrogante del abogado defensor, de ¿por qué se encontraba declarando como testigo en dicha audiencia?.
#CombateALaCorrupción I El exfuncionario utilizó fondos públicos para realizar compras de bienes e inversiones en depósitos a plazo fijo por un monto de $4,638,164.91.
La @FGR_SV solicita que 9 inmuebles, entre ellos un rancho de playa, 2 vehículos y 9 depósitos a plazo fijo a… pic.twitter.com/UCTJzNifjE
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) March 19, 2024
Munguía Payés explicó que la ayuda económica consistió en depósitos de efectivo en cuentas bancarias y la entrega de un inmueble.
«En realidad le hice un traspaso de un inmueble y algunos depósitos de dinero en cuenta bancaria», señaló el imputado.
El exministro explicó que el inmueble está ubicado en el km 9 y medio, pasaje Kriete, en Los Planes de Renderos, en San Salvador, con un valor de $20,000. Según Munguía Payés el lote fue adquirido en 1992, con los salarios obtenidos por unos trabajos realizados en Venezuela.
«El traspaso del inmueble se lo hice a mi hija a través de un contrato de compraventa por $20,000, al final no me pagó nada porque era mi hija y yo pensaba en ayudarla», indicó Munguía Payés respecto al traslado a favor de su hija del inmueble en enero de 2012.
Respecto a la ayuda económica brindada a su hija, el exfuncionario detalló que le depósito aproximadamente $14,000.
«Aproximadamente le entregue $14,000, el dinero se lo depositaba en su cuenta bancaria personal», apuntó Munguía Payés.
Los depósitos fueron realizados por un empleado que estaba a su cargo como ministro en montos que iban desde los $1,500 en adelante de forma mensual.
«El dinero depositado provenía del salario y de la pensión, mi salario en ese momento era de $3,500 aproximadamente y la pensión de $2,800», explicó el exministro.
Según Munguía Páyes, el dinero depositado era para obras de terracería en el terreno ubicado en Los Planes de Renderos, sin embargo, los trabajos nunca fueron ejecutados y en su lugar el lote fue vendido para que Blanca Patricia comprara un terreno ubicado en el exclusivo residencial Greenside, en Nuevo Cuscatlán, La Libertad, por un monto entre los $92,000 y los $93,000.
«El terreno en Greenside fue adquirido con el dinero depositado, la venta del inmueble de Los Planes de Renderos, un préstamo que hizo el esposo de mi hija y $30,000 recaudados en los sobre recibidos por mi hija y su esposo en la celebración de su boda», detalló el exministro.
Según la Unidad Especializada de Extinción de Dominio, en su calidad de funcionario en los gobiernos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, adquirió bienes e inmuebles por un monto de $4.6 millones, varios de ellos ahora están a nombre de sus familiares cercanos.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
