Judicial
Ministro de Trabajo cuestiona si aún hay injerencia del exfiscal Douglas Meléndez al interior de la FGR que aún sigue sin proceder en contra del alcalde Roberto d’Aubuisson
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, denunció que pese a tener resoluciones judiciales, la fiscalía aún sigue sin proceder en contra del alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, sobre quien afirma tiene dos expedientes abiertos por los delitos de desobediencia y actos arbitrarios.
¿Será que aún existe alguna injerencia por parte del exfiscal general de la República, Douglas Meléndez, que no permite al actual titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Raúl Melara, a actuar de manera más diligente?
Al menos eso fue lo que expuso Castro, acusando que el exfiscal Meléndez, respondía a “las grandes chequeras” del país y que al parecer, aún mantiene una estructura enquistada en el ministerio público.
Antecedentes: si Douglas Meléndez respondía a las chequeras fuertes del país, ¿sigue incrustada esa estructura en la fiscalía y no permiten que el fiscal Raúl Melara actué?
En el pasado ya han existido denuncias en contra de varios fiscales, que estarían enquistado en el ministerio público actuando bajo órdenes del exfiscal Meléndez, entre ellos: Wil Walter Ruiz (primo hermano de Meléndez), Jorge Cortez, Froilán Coto y Neftalí Ábrego, entre otros. Según se conoció, sobre ellos existen denuncias.
Según expuso Castro, los fallos judiciales favorecen a los trabajadores de la comuna tecleña; sin embargo, el edil y su concejo municipal han decidido no acatar los fallos.
“Violentó el debido proceso, ha irrespetado al Órgano Judicial, no ha acatado las resoluciones de los tribunales competentes, acá hay resoluciones donde ha incumplido por qué no actúa (la FGR)”, cuestionó el ministro Castro.
“Yo respeto mucho al fiscal general pero quizá ese entorno de la fiscalía aún responde a Douglas Meléndez, quien respondía a las chequeras fuertes del país y que muchas cosas las hizo para apoyar esas chequeras, que manejaba, a lo mejor sigue incrustada esa estructura en la fiscalía y no permiten que el señor fiscal actual, pero si no lo hace voy a presionar para que el estado de derecho prevalezca en el país”, recalcó Rolando Castro.
El titular de Trabajo previno al fiscal Raúl Melara que de no actuar lo denunciará ante la Organización Mundial del Trabajo. “Si no lo hace voy a denunciar ante la comunidad internacional, que el estado de derecho en El Salvador es atentatorio porque solo tiene un ojo abierto y el otro cerrado.
También me queda toda la comunidad internacional, la ley debe ser parejo para todos”, subrayó.
“La única explicación que puedo entender de la fiscalía es que el exfiscal Meléndez sigue con sus estructuras maquiavélicas dentro de la fiscalía que no le permiten actuar, pero tengo fe en el actual fiscal general, que pueda actuar en un tiempo dado. Si no lo hace, aplicaré como ministro todo lo que me corresponde a nivel nacional e internacional”, señaló Castro.
El ministro de Trabajo también adelantó que acudirá a la Sección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia para conocer las razones del por qué no se mueve nada relacionado a los expedientes
en contra del alcalde de Santa Tecla y su concejo municipal.
Entre las acusaciones en contra del exfiscal Meléndez esta la que interpusieron algunos empleados de la fiscalía, quienes han denunciado torturas y amenazas por parte de un grupo del entorno a Meléndez, con el
fin de declararse testigos criteriados en procesos judiciales.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
Baltazar Rivera fue sentenciado a 12 años de prisión por haber agredido sexualmente a una niña desde que tenía cinco años. Los abusos se cometieron durante 2016 al 2020 en Sacacoyo, La Libertad Oeste, así lo dictó el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Rivera habitaba en el mismo terreno dónde vivía la víctima y cuando ella salía al sanitario, él la tomaba por la fuerza y la abusaba sexualmente. En otras ocasiones, la obligaba a entrar a su casa para agredirla.
El fiscal del caso informó que Rivera tenía medidas sustitutivas a la detención por orden judicial, sin embargo, durante el juicio fueron revocadas por el referido Tribunal, el cual ordenó su detención al condenarlo por el delito de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
