Judicial
Ministro de Trabajo cuestiona si aún hay injerencia del exfiscal Douglas Meléndez al interior de la FGR que aún sigue sin proceder en contra del alcalde Roberto d’Aubuisson
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, denunció que pese a tener resoluciones judiciales, la fiscalía aún sigue sin proceder en contra del alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, sobre quien afirma tiene dos expedientes abiertos por los delitos de desobediencia y actos arbitrarios.
¿Será que aún existe alguna injerencia por parte del exfiscal general de la República, Douglas Meléndez, que no permite al actual titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Raúl Melara, a actuar de manera más diligente?
Al menos eso fue lo que expuso Castro, acusando que el exfiscal Meléndez, respondía a “las grandes chequeras” del país y que al parecer, aún mantiene una estructura enquistada en el ministerio público.
Antecedentes: si Douglas Meléndez respondía a las chequeras fuertes del país, ¿sigue incrustada esa estructura en la fiscalía y no permiten que el fiscal Raúl Melara actué?
En el pasado ya han existido denuncias en contra de varios fiscales, que estarían enquistado en el ministerio público actuando bajo órdenes del exfiscal Meléndez, entre ellos: Wil Walter Ruiz (primo hermano de Meléndez), Jorge Cortez, Froilán Coto y Neftalí Ábrego, entre otros. Según se conoció, sobre ellos existen denuncias.
Según expuso Castro, los fallos judiciales favorecen a los trabajadores de la comuna tecleña; sin embargo, el edil y su concejo municipal han decidido no acatar los fallos.
“Violentó el debido proceso, ha irrespetado al Órgano Judicial, no ha acatado las resoluciones de los tribunales competentes, acá hay resoluciones donde ha incumplido por qué no actúa (la FGR)”, cuestionó el ministro Castro.
“Yo respeto mucho al fiscal general pero quizá ese entorno de la fiscalía aún responde a Douglas Meléndez, quien respondía a las chequeras fuertes del país y que muchas cosas las hizo para apoyar esas chequeras, que manejaba, a lo mejor sigue incrustada esa estructura en la fiscalía y no permiten que el señor fiscal actual, pero si no lo hace voy a presionar para que el estado de derecho prevalezca en el país”, recalcó Rolando Castro.
El titular de Trabajo previno al fiscal Raúl Melara que de no actuar lo denunciará ante la Organización Mundial del Trabajo. “Si no lo hace voy a denunciar ante la comunidad internacional, que el estado de derecho en El Salvador es atentatorio porque solo tiene un ojo abierto y el otro cerrado.
También me queda toda la comunidad internacional, la ley debe ser parejo para todos”, subrayó.
“La única explicación que puedo entender de la fiscalía es que el exfiscal Meléndez sigue con sus estructuras maquiavélicas dentro de la fiscalía que no le permiten actuar, pero tengo fe en el actual fiscal general, que pueda actuar en un tiempo dado. Si no lo hace, aplicaré como ministro todo lo que me corresponde a nivel nacional e internacional”, señaló Castro.
El ministro de Trabajo también adelantó que acudirá a la Sección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia para conocer las razones del por qué no se mueve nada relacionado a los expedientes
en contra del alcalde de Santa Tecla y su concejo municipal.
Entre las acusaciones en contra del exfiscal Meléndez esta la que interpusieron algunos empleados de la fiscalía, quienes han denunciado torturas y amenazas por parte de un grupo del entorno a Meléndez, con el
fin de declararse testigos criteriados en procesos judiciales.
Judicial
Condenan a 90 años de prisión a seis pandilleros por el asesinato de un agente policial en Sonsonate
El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana impuso una condena de 90 años de prisión a seis miembros de la clica San Cocos Salvatruchos, perteneciente a la MS-13, tras ser encontrados culpables de la desaparición y homicidio agravado de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrido en enero de 2022 en Sonsonate.
Los condenados fueron identificados como Eduardo José Cruz Hernández, David Eduardo Hernández Zeledón y Marco Daniel Cruz Hernández, quienes estuvieron presentes durante la vista pública. En tanto, Roberto Benjamín Rodríguez Padilla, Miguel Ángel Cortez Lozano y Nelson Alexánder Chacón Rivas fueron condenados en ausencia y deberán cumplir la pena una vez sean capturados.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el agente Nahúm Elías Hernández Escobar fue privado de libertad el 2 de enero de 2022 en la colonia Sensunapán, cuando se disponía a visitar a unos familiares. En ese momento fue interceptado por los pandilleros, quienes lo obligaron a bajar de su vehículo y lo trasladaron por la fuerza en otro automóvil.
Posteriormente, fue llevado a las orillas del río Sensunapán, donde fue asesinado y enterrado en una fosa clandestina. Su cuerpo fue localizado seis días después, el 8 de enero, e identificado mediante una prueba de ADN debido al avanzado estado de descomposición.
Los seis implicados fueron encontrados culpables de los delitos de homicidio agravado, desaparición de personas y agrupaciones ilícitas. Según la resolución judicial, cada uno recibió 60 años por homicidio agravado, 25 por desaparición y 5 por pertenecer a estructuras criminales.
La FGR reiteró su compromiso de llevar ante la justicia a quienes atenten contra la vida de servidores públicos y la seguridad de los salvadoreños.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
