Judicial
Ministro de Trabajo cuestiona si aún hay injerencia del exfiscal Douglas Meléndez al interior de la FGR que aún sigue sin proceder en contra del alcalde Roberto d’Aubuisson
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, denunció que pese a tener resoluciones judiciales, la fiscalía aún sigue sin proceder en contra del alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, sobre quien afirma tiene dos expedientes abiertos por los delitos de desobediencia y actos arbitrarios.
¿Será que aún existe alguna injerencia por parte del exfiscal general de la República, Douglas Meléndez, que no permite al actual titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Raúl Melara, a actuar de manera más diligente?
Al menos eso fue lo que expuso Castro, acusando que el exfiscal Meléndez, respondía a “las grandes chequeras” del país y que al parecer, aún mantiene una estructura enquistada en el ministerio público.
Antecedentes: si Douglas Meléndez respondía a las chequeras fuertes del país, ¿sigue incrustada esa estructura en la fiscalía y no permiten que el fiscal Raúl Melara actué?
En el pasado ya han existido denuncias en contra de varios fiscales, que estarían enquistado en el ministerio público actuando bajo órdenes del exfiscal Meléndez, entre ellos: Wil Walter Ruiz (primo hermano de Meléndez), Jorge Cortez, Froilán Coto y Neftalí Ábrego, entre otros. Según se conoció, sobre ellos existen denuncias.
Según expuso Castro, los fallos judiciales favorecen a los trabajadores de la comuna tecleña; sin embargo, el edil y su concejo municipal han decidido no acatar los fallos.
“Violentó el debido proceso, ha irrespetado al Órgano Judicial, no ha acatado las resoluciones de los tribunales competentes, acá hay resoluciones donde ha incumplido por qué no actúa (la FGR)”, cuestionó el ministro Castro.
“Yo respeto mucho al fiscal general pero quizá ese entorno de la fiscalía aún responde a Douglas Meléndez, quien respondía a las chequeras fuertes del país y que muchas cosas las hizo para apoyar esas chequeras, que manejaba, a lo mejor sigue incrustada esa estructura en la fiscalía y no permiten que el señor fiscal actual, pero si no lo hace voy a presionar para que el estado de derecho prevalezca en el país”, recalcó Rolando Castro.
El titular de Trabajo previno al fiscal Raúl Melara que de no actuar lo denunciará ante la Organización Mundial del Trabajo. “Si no lo hace voy a denunciar ante la comunidad internacional, que el estado de derecho en El Salvador es atentatorio porque solo tiene un ojo abierto y el otro cerrado.
También me queda toda la comunidad internacional, la ley debe ser parejo para todos”, subrayó.
“La única explicación que puedo entender de la fiscalía es que el exfiscal Meléndez sigue con sus estructuras maquiavélicas dentro de la fiscalía que no le permiten actuar, pero tengo fe en el actual fiscal general, que pueda actuar en un tiempo dado. Si no lo hace, aplicaré como ministro todo lo que me corresponde a nivel nacional e internacional”, señaló Castro.
El ministro de Trabajo también adelantó que acudirá a la Sección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia para conocer las razones del por qué no se mueve nada relacionado a los expedientes
en contra del alcalde de Santa Tecla y su concejo municipal.
Entre las acusaciones en contra del exfiscal Meléndez esta la que interpusieron algunos empleados de la fiscalía, quienes han denunciado torturas y amenazas por parte de un grupo del entorno a Meléndez, con el
fin de declararse testigos criteriados en procesos judiciales.
Judicial
El Salvador impone condenas históricas: más de 10 pandilleros sentenciados a 100 años o más de prisión
En el marco de la política de combate frontal a las estructuras criminales, autoridades salvadoreñas han logrado en el último año la condena ejemplar de al menos diez pandilleros y criminales a penas que superan los 100 años de prisión. Los delitos incluyen homicidios, feminicidios, extorsión, privación de libertad y tráfico ilícito, según informes del sistema judicial y la Fiscalía General de la República.
Entre los casos más destacados en los primeros cuatro meses de 2025 se encuentran tres miembros de la pandilla MS-13: Gerardo Josué García, condenado a 1,071 años; Exequiel Anastasio Maradiaga Flores, con una pena de 600 años; y José Aníbal Moreira Bernal, sentenciado a 524 años. Los tres delinquieron entre 2014 y 2018 en la zona oriental del país, siendo encontrados culpables de 28 homicidios agravados, un feminicidio, 50 conspiraciones para cometer asesinatos, 38 extorsiones y otros cargos relacionados con crimen organizado.
Otros casos recientes incluyen a Pablo Edgar López y David Antonio Martínez, condenados a 155 y 120 años respectivamente, por su participación en varios homicidios y delitos cometidos en conjunto con otros miembros de la MS-13.
También se reporta la condena de Cristian Giovanni Miranda Muller, sentenciado a 100 años de cárcel por el asesinato de su excompañera de vida y su hija en Tonacatepeque, en mayo de 2021. Ronald Antonio Hernández Gómez, cómplice en el crimen, recibió 60 años de prisión.
En Ahuachapán, Jonathan Alexander Armas Patriz fue condenado a 110 años tras ser hallado culpable de feminicidio agravado, homicidio agravado y aborto sin consentimiento. El sujeto asesinó a su expareja embarazada y a un menor.
Por su parte, Jonathan Barrera Ruano, alias «Sangriento», líder de una red criminal, recibió 218 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos el asesinato de Ruth Nohemy A. S. y su hijo de seis meses en Ciudad Delgado en noviembre de 2020. En esa misma estructura delictiva participaba Luis Alonso Zelada Ramírez, alias «Silent», quien fue sentenciado a 236 años.
En octubre del año pasado, Marvin Alberto Maldonado Arias fue condenado a 100 años por el asesinato de cuatro mujeres entre 2014 y 2017 en San José Villanueva. Dos de las víctimas fueron ejecutadas por sospechas de ser informantes, y las otras dos por haber presenciado el homicidio de un agente policial.
Finalmente, seis integrantes de la pandilla 18 fueron condenados el año pasado a penas de entre 75 y 100 años de prisión por su responsabilidad en tres homicidios y una desaparición forzada ocurridos en Ciudad Delgado entre 2021 y 2022.
Estas condenas forman parte de la ofensiva penal y judicial contra las estructuras criminales, impulsada por el Gobierno bajo el régimen de excepción. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces, con el objetivo de consolidar un país libre de violencia.
El Juzgado Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a 17 años de cárcel a Josué Eduardo Platero Mina, acusado de asesinar a su pareja, José Antonio Hernández Paz, en medio de una discusión por supuestas infidelidades.
El crimen ocurrió a inicios de enero de 2024 en el cantón El Matazano, distrito de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad. Platero Mina, quien tenía 20 años al momento de los hechos, atacó a la víctima con golpes y un arma blanca, según determinó la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las autoridades señalaron que la noche del 31 de diciembre de 2023, Platero Mina llegó a la vivienda de Hernández Paz alrededor de las 11:00 p. m., pero se retiró sin previo aviso. Luego, Hernández Paz le comunicó que llegaría a su casa más tarde. Testigos afirmaron que ambos discutieron en al menos dos ocasiones antes del homicidio.
Según la FGR, Platero Mina golpeó e hirió con arma blanca a Hernández Paz y posteriormente arrojó su cuerpo cerca de la quebrada conocida como cuesta Los Conacastes, en el mismo cantón. El cadáver fue localizado el 2 de enero por un ciudadano que recolectaba leña en la zona.
Tras ser identificado como principal sospechoso, Platero Mina fue detenido por el delito de resistencia, mientras las investigaciones continuaban. Durante un registro en su vivienda, las autoridades encontraron en una fosa séptica el teléfono, la cartera y los documentos personales de la víctima, además del arma utilizada en el crimen.
Con base en estas evidencias, la Fiscalía formalizó la acusación por homicidio simple. El tribunal validó los elementos presentados y emitió la condena contra el imputado.
Judicial
Motorista que condujo en sentido contrario y amenazó con un corvo es condenado a trabajo comunitario
Hugo Antonio Flores Rivas, motorista de la ruta 106, fue condenado a un año de prisión por el delito de conducción peligrosa de vehículos automotores, luego de ser captado en video manejando en sentido contrario sobre una carretera en el departamento de La Libertad Oeste.
El hecho ocurrió el pasado 27 de abril en la vía que conduce hacia Quezaltepeque. En las imágenes que circularon en redes sociales, se observa a Flores Rivas conduciendo de forma temeraria. Al notar que estaba siendo grabado, el imputado sacó un arma blanca tipo corvo y amenazó al ciudadano que lo filmaba.
Tras la difusión del video, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal ante el tribunal correspondiente. Durante la audiencia preliminar, el procesado aceptó los hechos y se sometió a un procedimiento abreviado, lo que permitió al juez imponer una pena alternativa.
En lugar de cumplir el año de cárcel, la pena fue sustituida por trabajo de utilidad pública, medida contemplada en la legislación salvadoreña para ciertos delitos y bajo condiciones específicas. Las autoridades no precisaron en qué consistirán las labores comunitarias que deberá realizar el condenado.
