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Judicial

Ministerio de la Defensa confirma que empresa Centrum, propiedad de Gustavo López, devaluó armas de $480 a $42

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El viceministro de Defensa, Ennio Rivera y el asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) varios documentos donde se demuestra una serie de irregularidades que cometió la empresa Centrum, propiedad del presidente del Coena, Gustavo López Davidson, con una permuta de armas de la Fuerza Armada en el año 2013.

«Hemos presentado a la FGR documentos de registros que nos confirman que se devaluaron las armas de un valor inicial de $480, luego llegaron a $280 y finalmente a $42. Hay una clara manipulación de la comisión de posibles delitos de estafa, falsedad material y de tráfico de armas», explicó a medios de prensa Javier Argueta.

En esa misma línea detalló, que desde el inicio no se configuraron elementos suficientes para hablar de permuta, «los contratos son irregulares y por casualidad las empresas que participaron en ese proceso tenían el mismo representante legal y poco a poco se fueron apartando a fin de favorecer a la empresa Centrum».

«Con esta permuta, la empresa Centrum también habría cometido el delito de evasión de impuestos», detalló el profesional en derecho, al tiempo que dijo todas esas ilegalidades están debidamente documentadas y que deben ser investigadas por la Fiscalía, ya que hay contratos irregulares para favorecer la empresa de Gustavo López.

El viernes 8 de noviembre el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, interpuso una demanda en la FGR contra el empresario Gustavo López Davidson, por supuestamente haber estafado a la Fuerza Armada por un millón de dólares, al vender armas en mal estado.

Judicial

10 años de prisión para sujeto que portaba irresponsablemente un arma de fuego

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Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.

Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.

Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.

Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.

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Judicial

Prisión para sujetos que cometieron el delito de robo agravado

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Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.

El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.

Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.

Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.

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Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad

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En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.

La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.

De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.

Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.

Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.

A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.

El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.

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