Judicial
Médico pagará 6 años tras las rejas por tocamientos indebidos contra dos niñas
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, condenó a seis años de cárcel al médico Samuel Moisés Gálvez, por haber tocado a dos niñas, según confirmó la Fiscalía General de la República.
En la vista pública la Fiscalía Adjunta de la Mujer, Niñez y Adolescencia, le probó al tribunal la agresión que cometió el imputado y al estar frente a un delito grave le impuso la condena que deberá purgar en un centro penal.
Según la acusación que el ministerio público expuso en el juicio, Gálvez, aprovechó que las menores habían llegado a pasar consulta por síntomas gripales y malestar estomacal para hacerles el tocamiento.
La representación fiscal presentó en la vista pública prueba testimonial y pericial que al ser valoradas por el tribunal de una forma íntegra y bajo la sana crítica se le dio total credibilidad para dar por acreditada la conducta delictiva y reprochable del médico.
«Este pseudo médico aprovechó su profesión para tocar a 2 niñas y ahora, deberá pagar las consecuencias», publicó el fiscal general de la República Rodolfo Delgado, tras conocer el veredicto condenatorio dictado.
Agregó que «Nuestro objetivo siempre será proteger a las víctimas y darles la atención necesaria. Muy bien por la Fiscalía Adjunta de la Mujer, Niñez y Adolescencia».
El tocamiento a niñas es un delito sancionada severamente por el Código Penal calificado como una agresión sexual en menor e incapaz.
En menos de 15 días, esta es la segunda condena que la Fiscalía obtiene en los tribunales de San Salvador por este tipo de delito. El pasado 14 de marzo ls Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador, condenó a 10 años de prisión al magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, por haber tocado a una niña de 10 años.
El imputado quien había ejercido como segundo magistrado propietario de la Cámara Tercera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, cometió el delito agresión sexual, el 18 de febrero de 2019, en la residencial Altavista, de Tonacatepeque.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
