Judicial
Médico pagará 6 años tras las rejas por tocamientos indebidos contra dos niñas

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, condenó a seis años de cárcel al médico Samuel Moisés Gálvez, por haber tocado a dos niñas, según confirmó la Fiscalía General de la República.
En la vista pública la Fiscalía Adjunta de la Mujer, Niñez y Adolescencia, le probó al tribunal la agresión que cometió el imputado y al estar frente a un delito grave le impuso la condena que deberá purgar en un centro penal.
Según la acusación que el ministerio público expuso en el juicio, Gálvez, aprovechó que las menores habían llegado a pasar consulta por síntomas gripales y malestar estomacal para hacerles el tocamiento.
La representación fiscal presentó en la vista pública prueba testimonial y pericial que al ser valoradas por el tribunal de una forma íntegra y bajo la sana crítica se le dio total credibilidad para dar por acreditada la conducta delictiva y reprochable del médico.
«Este pseudo médico aprovechó su profesión para tocar a 2 niñas y ahora, deberá pagar las consecuencias», publicó el fiscal general de la República Rodolfo Delgado, tras conocer el veredicto condenatorio dictado.
Agregó que «Nuestro objetivo siempre será proteger a las víctimas y darles la atención necesaria. Muy bien por la Fiscalía Adjunta de la Mujer, Niñez y Adolescencia».
El tocamiento a niñas es un delito sancionada severamente por el Código Penal calificado como una agresión sexual en menor e incapaz.
En menos de 15 días, esta es la segunda condena que la Fiscalía obtiene en los tribunales de San Salvador por este tipo de delito. El pasado 14 de marzo ls Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador, condenó a 10 años de prisión al magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, por haber tocado a una niña de 10 años.
El imputado quien había ejercido como segundo magistrado propietario de la Cámara Tercera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, cometió el delito agresión sexual, el 18 de febrero de 2019, en la residencial Altavista, de Tonacatepeque.
Judicial
Demandarán a Manuel Flores por $250,000

El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
Judicial
Tribunal condena a dos personas por vender una propiedad que no les pertenecía

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.