Judicial
Mecánico utilizó Facebook para engañar a dos mujeres y posteriormente abusar de ellas en Nejapa
Puestos de trabajos fijos, tatuajes y dinero en efectivo, eso ofrecía un empleado de un taller mecánico que se hacía pasar como un tatuador profesional en redes sociales en las que buscaba mujeres atractivas para tener relaciones sexuales. Dos de las engañadas ahora lo acusan de violación mientras que él alega que todo fue bajo mutuo consentimiento.
Javier Adalberto Mancía es acusado por Girasol y Estrella (nombres modificados por seguridad) de haberlas violado en una residencia en Nejapa a las que ambas llegaron con engaños que le pueden valer para más de 10 años en prisión.
La madre del joven salió en su defensa y alegó que era ilógico pensar que su hijo abusó sexualmente de las dos mujeres en el lugar donde vivía y en el que estaban más personas que lo pudieron haber descubierto.
Luego de salir de bachillerato, el imputado de 21 años de edad comenzó a trabajar en un taller cercano a su casa en el que ganaba $300 que le servían para llevar al hogar que había formado con otra joven que al ver las acusaciones en contra de su pareja decidió terminar la relación.
En su tiempo libre, Mancia interactuaba en redes sociales en las que realizaba publicaciones sobre el consumo de marihuana, música urbana e insultos de manera indirecta a mujeres. Sus amistades ascienden a 2,604 y en su mayoría son mujeres jóvenes y atractivas.
En la vista pública que se desarrolla en contra del joven se reveló que sus víctimas fueron atraídas a través de una publicación colocada en el perfil de Facebook del acusado quien las habría agredido en dos fechas diferentes.
Tatuajes gratis y modelaje
Estrella aseguró, ante un juez, que se sintió atraída por una publicación en la que solicitaba una modelo para tatuajes a la que iba a pagar $200 en efectivo. Y pese a no conocer al imputado coordinó un encuentro.
El trabajo consistía en ser modelo de tatuajes temporales los cuales supuestamente serían expuestos en un evento a realizarse en la Universidad Francisco Gavidia (UFG) en San Salvador.
El 21 de febrero del 2018, Mancía se encontró con la ofendida a quien le explicó iban para la exposición, pero los planes cambiaron repentinamente ya que había olvidado en su casa los materiales a utilizar.
Confiada en el hombre que acababa de conocer, la mujer aceptó y fue a la casa del sujeto que en lugar de buscar los materiales se puso a consumir marihuana y le pidió que se vistiera con una calzoneta ya que el tatuaje se lo iba a hacer en una de sus piernas.
La joven se acostó en un sillón de la sala, así como él se lo sugirió, pero luego le pidió que pasara a su cama en la que comenzó a tocar sus partes íntimas, algo que molestó a la mujer que dice haber sido amenazada por el imputado que en caso de no acceder iba a llamar a otros sujetos para violarla y asesinarla.
Luego de la agresión sexual, la mujer en estado de shock fue al baño donde notó que sangraba y le exigió a su agresor que la dejara ir, pero este le planteó que le tenía que dar dinero o dejarle su celular, la víctima optó por la segunda opción.
Pasadas dos horas, Javier obligó a Estrella a dejar de llorar para dejarla ir, no sin antes amenazarla con su hijo.
Según un fuente cercana al caso, ambos salieron de la vivienda y mientras caminaban otro sujeto armado los acompañó hasta la parada de buses donde la joven abordó un microbús que la sacó del lugar. La denuncia fue interpuesta cinco días después de los hechos..
La promesa de un empleo
Girasol era otra de las miles de “amigas” de Facebook que tenía Mancía quien un mes después de haber abusado de Estrella ideó un plan que terminaría de manera similar.
“Alguien interesada en trabajar, buena paga y empleo formal”, fue la publicación que ilusionó a la joven quien se comunicó de manera inmediata con el supuesto violador.
Mediante mensajes de WhatsApp, Mancía le explicó que la plaza era una recepcionista en un bufete jurídico ubicado en un centro comercial con un salario de $350 mensuales.
El 19 de marzo de 2018, la segunda víctima y el agresor se reunieron en la alameda Juan Pablo, Mancía llegó en un vehículo con el que se puso en marcha hasta la Universidad Modular Abierta de San Salvador, donde dejó el carro.
Víctima y victimario buscaron un bus de la ruta 30B y posteriormente una 109, recorrido que a la mujer le pareció extraño y pese a que le generaba desconfianza siguió ya que al preguntar por el recorrido recibió como respuesta un “no digas nada”.
Girasol terminó llegando hasta la vivienda de Mancía quien no respondía a los cuestionamientos de la mujer por la entrevista. El hombre puso música a todo volumen y comenzó a fumar marihuana.
Pasados varios minutos, ambos comenzaron una discusión que terminó cuando él le propuso que la iba a dejar ir si le practicaba sexo oral, algo que la mujer dice que aceptó para no enfrentar una situación más grave.
Según la víctima, el hombre terminó violándola y posteriormente la obligó a bañarse para ir a dejarla a la parada de buses donde la amenazó y le exigió el celular para borrar todas las conversaciones que había tenido con él.
Con lo sucedido decidió contarle a su hermana quien inmediatamente fue a una delegación a interponer la denuncia en contra del hombre. En ese entonces ya contaba con dos denuncias de presunta violación.
El proceso en tribunales
El 24 de marzo de 2018, Javier Mancía fue detenido por las autoridades bajo los delitos de violación agravada y robo. Esto llenó de consternación a su familia quienes defendieron su inocencia y desde ese día él se mantiene bajo arresto.
Miembros de la Fiscalía junto con los de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron un allanamiento en la vivienda para lograr tener pruebas que apunten a la participación del imputado.
El 2 de mayo se realizó la vista pública en su contra en la cual una de las víctimas declaró lo sucedido; debido a la ausencia de la otra víctima esta fue reprogramada para el 8 de mayo el cual es precedido por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador.
La madre del joven explicó que en un primer momento este aceptó haber tenido relaciones sexuales con las dos supuestas víctimas y que no se trató de una violación, sino de algo de mutuo consentimiento.
Mientras tanto la defensa señaló en la audiencia que el ministerio público no tiene las suficientes pruebas para llevarlo a prisión y confía en que su cliente saldrá en libertad.
Tras conocerse la detención muchas de las personas que lo tiene como amigo en Facebook lanzaron su repudio por las supuestas acciones del hombre.
Por: El Salvador Times.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
