Judicial
La Sala Constitucional y su controversial desestimación de demandas en contra de Roberto d’Abuisson
La tarde de este lunes, la Sala de lo Constitucional desestimó las demandas contra la candidatura a reelección del alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Abuisson, interpuestas por el ministro de trabajo Rolando Castro, luego de desobedecer la orden del reinstalo de más de 150 trabajadores de esa comuna.
El 31 de julio de 2018, un total de 154 trabajadores del Departamento de Recolección de Desechos Sólidos de dicha alcaldía, fueron despedidos luego de que el edil firmara un contrato con la empresa de extranjera INTERASEO SASESP para que recolectara los desechos sólidos de la cabecera departamental a través de TECLASEO.
En diciembre del año 2020, el Juzgado Segundo de lo Contencioso ordenó a d’Abuisson el reinstalo del personal, además de el pago de salarios no percibidos, sin embargo este hizo caso omiso.
Una de las peticiones del ministro de trabajo fue que emitiera de manera inmediata la medida cautelar para inhabilitar la reelección; sin embargo la sala señaló que «no impone el requisito de calidad notoria».
«El parámetro de control sugerido por el demandante no impone el requisito de moralidad notoria y la tesis principal del actor se centra en la aplicación de las disposiciones legales que exigen tal requisito», señaló la Sala.
«Penoso el papel en este proceso histórico de los firmantes, mañana daré mi reacción ante los medios de comunicación. Con sustento legal», adelantó Castro.
La administración d’Abuisson está llena de reveses, tal es el caso de el pago de sobresueldos a subalternos, a través del FODES, según la Corte de Cuentas de la República, el edil hizo uso de $869,505.47.
El Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Santa Tecla (SITRAMSAT), lamentó la situación y en una llamada a un medio radial, señalaron que continuarán haciendo presión para que el edil cancele las remuneraciones correspondientes y que se cumpla el reinstalo.
A 42 años y ocho meses de cárcel fue condenado José Alfredo Rodríguez Avilés por haber violado a una niña de nueve años en Santa Ana.
La víctima vivía con el hermano menor, la madre y Rodríguez Avilés, quien comenzó a agredirla sexualmente coaccionando a la menor para poder realizarle tocamientos y otras agresiones. Los hechos ocurrieron desde el año 2004 hasta 2006.
Al poco tiempo inició a abusarla sexualmente y pese a que la niña denunció estas acciones con su madre, no le creyó, informó la Fiscalía.
Fue en 2008 cuando las autoridades fueron alertadas por esta situación y sustrajeron a la menor de la vivienda.
El violador fue denunciado, pero huyó del país. «Fue hasta el año 2021 que fue localizado por la INTERPOL y posteriormente entregado a las autoridades salvadoreñas», explicó el ministerio público.
Elías Elíseo González Escobar, reo ausente, fue condenado a 16 años de prisión por haber extorsionado a un comerciante de Dulce Nombre de María en Chalatenango Centro.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, González y otros hombres identificados como pandilleros de la MS extorsionaron al comerciante desde junio hasta agosto del 2018.
«En ese lapso de tiempo los delincuentes le exigieron en nombre de la pandilla varias cantidades de dinero de manera mensual, asimismo, lo amenazaron manifestándole que si no cumplía con el pago lo matarían junto a su familia», informó el ministerio público.
La víctima denunció el caso y luego, por medio de entregas controladas de dinero, González y el resto de pandilleros fueron capturados.
La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Chalatenango.
Centros Judiciales El Salvador informó que Claudia Margarita Juárez, integrante de la clica Viroleños Locos Salvatruchos de la MS-13, fue condenada a 245 años de prisión por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
La sentencia fue impuesta por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. Según el reporte, Juárez cobraba extorsiones a empresarios del transporte público del distrito de Zacatecoluca, en La Paz Este.
Asimismo, Manuel Antonio Martínez Mena, alias “Yegua”, también miembro de la misma estructura, recibió una condena de 240 años de cárcel por extorsión agravada.
De acuerdo con CJES, el tribunal acreditó 24 casos de extorsión cometidos entre 2018 y 2019, en los que las víctimas entregaron dinero bajo amenazas.
