Judicial
La Sala Constitucional y su controversial desestimación de demandas en contra de Roberto d’Abuisson
La tarde de este lunes, la Sala de lo Constitucional desestimó las demandas contra la candidatura a reelección del alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Abuisson, interpuestas por el ministro de trabajo Rolando Castro, luego de desobedecer la orden del reinstalo de más de 150 trabajadores de esa comuna.
El 31 de julio de 2018, un total de 154 trabajadores del Departamento de Recolección de Desechos Sólidos de dicha alcaldía, fueron despedidos luego de que el edil firmara un contrato con la empresa de extranjera INTERASEO SASESP para que recolectara los desechos sólidos de la cabecera departamental a través de TECLASEO.
En diciembre del año 2020, el Juzgado Segundo de lo Contencioso ordenó a d’Abuisson el reinstalo del personal, además de el pago de salarios no percibidos, sin embargo este hizo caso omiso.
Una de las peticiones del ministro de trabajo fue que emitiera de manera inmediata la medida cautelar para inhabilitar la reelección; sin embargo la sala señaló que «no impone el requisito de calidad notoria».
«El parámetro de control sugerido por el demandante no impone el requisito de moralidad notoria y la tesis principal del actor se centra en la aplicación de las disposiciones legales que exigen tal requisito», señaló la Sala.
«Penoso el papel en este proceso histórico de los firmantes, mañana daré mi reacción ante los medios de comunicación. Con sustento legal», adelantó Castro.
La administración d’Abuisson está llena de reveses, tal es el caso de el pago de sobresueldos a subalternos, a través del FODES, según la Corte de Cuentas de la República, el edil hizo uso de $869,505.47.
El Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Santa Tecla (SITRAMSAT), lamentó la situación y en una llamada a un medio radial, señalaron que continuarán haciendo presión para que el edil cancele las remuneraciones correspondientes y que se cumpla el reinstalo.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Miguel Ángel Mejía Orellana fue condenado a 30 años de cárcel por el delito de violación.
De acuerdo con el ministerio público, Mejía Orellana se aprovechó del vínculo cercano que tenía con la familia de la menor, de nueve años, para abusarla sexualmente en momentos que se encontraba sola.
«Mejía la amenazó para que no dijera nada. La mamá de la víctima se enteró de lo sucedido e inmediatamente interpuso la denuncia», detalló la FGR en su cuenta oficial de X.
Según información oficial, los hechos ocurrieron en julio 2024 en Nueva Concepción, Chalatenango.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, en La Libertad, condenó a 12 años de prisión a un profesor de matemáticas por agredir sexualmente a una de sus alumnas.
«Los hechos sucedieron el 23 de mayo de 2024. El imputado, identificado con las siglas M. J. R. R., fungía como profesor de matemáticas cuando agredió a la víctima, según se demostró en el desfile probatorio durante la vista pública», indicó la fiscal del caso.
La fuente detalló que el docente se aprovechó, en los momentos que se encontraba a solas con la estudiante de primaria.
«El imputado aprovechaba para tocarle el cuerpo, y a pesar del miedo que le tenía al profesor, la menor le confesó a la madre lo que ocurría», señaló la fiscal.
Por esos hechos, el Tribunal condenó al imputado a 12 años de prisión por el delito de agresión sexual en menor e incapaz, en su modalidad continuada.
A tres años de cárcel fue condenada una mujer que estafó a otra con la venta de 100 gallinas de postura que nunca entregó, informó Centros Judiciales El Salvador (CJES), la tarde del viernes.
Se trata de Jennifer del Carmen Rivera fue condenada a la pena de tres años de prisión al ser declarada responsable penal y civilmente del delito de estafa por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla.
CJES detalló que, el 26 de octubre de 2023, en el distrito de Jicalapa, en La Libertad Costa, la víctima contactó a la imputada a través de Marketplace de la plataforma de Facebook, para gestionar la entrega de las gallinas, y la ahora condenada le exigió un depósito a su cuenta bancaria por $256. La víctima realizó el depósito y, tras varios días de espera, nunca recibió el producto.
“Basándose en engaños, le hizo creer que era dueña de una granja y le prometió la venta de 100 gallinas de postura que nunca entregó”, añadió Centros.
Finalmente, el Tribunal valoró todas las pruebas y concluyó que había suficiente evidencia del delito y por ello la condenó a tres años tras las rejas.
