Judicial
La Sala Constitucional y su controversial desestimación de demandas en contra de Roberto d’Abuisson
La tarde de este lunes, la Sala de lo Constitucional desestimó las demandas contra la candidatura a reelección del alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Abuisson, interpuestas por el ministro de trabajo Rolando Castro, luego de desobedecer la orden del reinstalo de más de 150 trabajadores de esa comuna.
El 31 de julio de 2018, un total de 154 trabajadores del Departamento de Recolección de Desechos Sólidos de dicha alcaldía, fueron despedidos luego de que el edil firmara un contrato con la empresa de extranjera INTERASEO SASESP para que recolectara los desechos sólidos de la cabecera departamental a través de TECLASEO.
En diciembre del año 2020, el Juzgado Segundo de lo Contencioso ordenó a d’Abuisson el reinstalo del personal, además de el pago de salarios no percibidos, sin embargo este hizo caso omiso.
Una de las peticiones del ministro de trabajo fue que emitiera de manera inmediata la medida cautelar para inhabilitar la reelección; sin embargo la sala señaló que «no impone el requisito de calidad notoria».
«El parámetro de control sugerido por el demandante no impone el requisito de moralidad notoria y la tesis principal del actor se centra en la aplicación de las disposiciones legales que exigen tal requisito», señaló la Sala.
«Penoso el papel en este proceso histórico de los firmantes, mañana daré mi reacción ante los medios de comunicación. Con sustento legal», adelantó Castro.
La administración d’Abuisson está llena de reveses, tal es el caso de el pago de sobresueldos a subalternos, a través del FODES, según la Corte de Cuentas de la República, el edil hizo uso de $869,505.47.
El Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Santa Tecla (SITRAMSAT), lamentó la situación y en una llamada a un medio radial, señalaron que continuarán haciendo presión para que el edil cancele las remuneraciones correspondientes y que se cumpla el reinstalo.
Judicial
Acusados de estafar con paquetes turísticos seguirán en prisión mientras avanza investigación
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que David Antonio Rugamas Leiva, Juan Carlos Henríquez López, Lised Cristina Posada Cuadros, Gregorio Andrés García Echeverry, Jonathan David Torres Builes y Natalia Paniagüa Jaramillo se mantengan en prisión mientras sigue la investigación en su contra por el delito de estafa.
A los imputados se les acusa de promover paquetes vacacionales a través de una falsa agencia de viajes, Trópico Travel. En este nuevo proceso se han registrado las denuncias de 51 víctimas
De acuerdo a la investigación y testimonios de las víctimas, los imputados vendían membresías turísticas con un amplio portafolio de beneficios, logrando que les pagaran con tarjetas de crédito, pero cuando las víctimas querían hacer uso de lo que habían adquirido, no pudieron.
El monto que se reclama en calidad de responsabilidad civil a favor de las víctimas es de $77,042.00 dólares.
La primera audiencia en contra de los imputados se realizó en el Juzgado Primero de Paz de San Salvador, el caso pasa a la etapa de instrucción.
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador decretó, en audiencia inicial, la detención provisional en contra de Gerardo Quijada Orellana, mejor conocido como “Mr. Miyagui”, por el delito de estafa en perjuicio de una víctima.
De acuerdo con las investigaciones, en abril de 2024, la víctima decidió llevar su vehículo al taller “GQ Racing”, propiedad de Quijada, para realizar una reparación.
Tras hacerle un scáner, le dijeron que la reparación por el cambio de árbol de llaves y cárter tendría un costo de $1,000, a lo que la víctima accedió y canceló.
El día de la entrega del vehículo, la víctima reportó el mismo fallo mecánico, razón por la que volvió a llevar el vehículo al taller, donde Quijada Orellana asumió el costo de la supuesta reparación por problemas en la bomba de gasolina. La víctima pidió que le entregaran la pieza dañada, pero el ahora procesado se negó.
El problema en el vehículo continúo, la víctima decidió llevar su vehículo a otro taller donde le diagnosticaron que el problema era con la caja de velocidades, con un costo de $1,200.
La víctima intentó contactar a Gerardo Quijada Orellana para que asumiera los costos, pero nunca le respondió
A 26 años de prisión fue condenada Flor Arely Molina tras ser hallada culpable de arrebatarle la vida a un pequeño de solo dos años y medio de edad, informó la Fiscalía General de la República (FGR), la tarde del viernes.
La FGR explicó que el menor perdió la vida tras ser golpeado. “Este lamentable hecho ocurrió en noviembre de 2023, en Santa Tecla, La Libertad”, añadieron autoridades.
Según el reporte, Molina era la cuidadora o niñera del menor, y fue valiéndose de esa situación que sucedieron los hechos.
Tras el desfile de pruebas el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla impuso la sentencia ante la contundencia de las mismas. Por su parte, la Fiscalía dijo sentirse satisfecha con la condena.
