Judicial
Jurado deja en libertad a mujer acusada de casi arrancarle la mano a su vecina con una pala
POR: El Salvador Times.
La mañana del domingo del 22 de enero de 2017, la familia Mejía Granados se disponía a desayunar a eso de las 7:30, por lo que Agripina, la madre de familia de ese hogar, se dirigió a una tienda cercana a su vivienda, ubicada en el cantón Veracruz, de Tonacatepeque, en San Salvador.
Mientras transitaba por la calle, su vecina Rosa Rivera, de 46 años de edad, le salió al paso. Ella se encontraba barriendo una acera, pero cuando vio a Agripina tomó una pala y le arrojó lodo a esta, por lo que su vestuario quedó sucio y empapado.
Tras esta acción, Rivera procedió a golpear con el filo de la pala la mano derecha de Agripina y el golpe fue tal que casi se la mutila.
“Agripina llegó a la casa con la mano destrozada. La tenía casi cortada y estaba bien fregada, con mucha sangre”, comentó José Mejía, su compañero de vida, quien fue citado por la Fiscalía General de la República (FGR) debido a que Agripina interpuso una denuncia y se originó un proceso judicial.
Según relató la pareja afectada ante el Tribunal 5° de Sentencia, la víctima lesionada tuvo que ser trasladada hacia la unidad del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) de Ilopango, en donde Mejía fue notificado que su compañera de vida perdería la mano. Tendría que ser amputada por el daño que obtuvo en sus nervios tras el golpe.
“El pleito de todo es por una calle. Ella cree que la calle le pertenece y hasta la alcaldía le ha dicho que es el paso de todos”, argumentó la afectada, quien ha tenido problemas de convivencia con la mujer desde hace años.
Para tratar de auxiliar de la mejor manera posible a la afectada, Agripina fue trasladada hacia la Unidad de Especialidades del ISSS, en donde estuvo cuatro días ingresada –según relató-, pues tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por la afectación que obtuvo.
Después de la cirugía, la víctima recibió al menos 20 terapias para poder recuperar el movimiento de su miembro superior, pero aún faltaría una operación más y otras 20 terapias, contó tras expresar que el dolor aún persiste.
De acuerdo al peritaje hecho por el Instituto de Medicina Legal, la lesión de Agripina se recuperaría en 90 días, pero tendría una limitación en el movimiento de la mano. Además, explicó en un documento escrito -incluido como prueba en el expediente judicial- que tendría dificultad para sostener objetos pesados.
Hasta la fecha, la afectada debe ingerir diversas pastillas para poder controlar el dolor que la afecta, pero los médicos lograron evitar una amputación.
Dictan fallo absolutorio contra atacante
Trece días después, la FGR giró una orden de detención en contra de Rosa Rivera, por lo que un día después –el 10 de febrero de 2017- fue detenida por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en su vivienda, ubicada frente a la casa de la víctima, en Tonacatepeque.
En un primer momento a Rivera se le acusó por el delito de homicidio agravado tentado, pero en el transcurso del proceso la tipificación del delito cambio a lesiones graves, por ello el fallo estuvo a cargo de un jurado integrado por cinco personas civiles, quienes debían escuchar los relatos de los testigos, ver las pruebas y luego deliberar sobre si era o no culpable la imputada.
Como pruebas presentadas en la audiencia de vista pública, desarrollada en el Centro Judicial Isidro Menéndez, se detalló que la hija de la pareja afectada denunció el hecho a la Unidad de Emergencias del 911 de la Policía Nacional Civil (PNC), por lo que la fiscal del caso agregó una bitácora de llamadas.
Además, la joven de 18 años de edad testificó en contra de la vecina que había atacado a su madre, tal como lo hicieron sus padres.
Luego de finalizada las intervenciones, tanto de la parte fiscal como de la parte defensora, se obtuvo dos votos a favor de un fallo condenatorio y tres en contra, por lo que Rivera recobró su libertad, pues el fallo debe ser unánime, es decir, los cinco miembros deben estar en total acuerdo.
“Aquí el Tribunal (el jurado instalado) la ha dejado en libertad, pero mi vida corre peligro con ella porque siempre me amenaza con que me va a matar”, comentó con rostro de decepción Agripina, luego de saber el resultado del proceso.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
