Judicial
Jurado deja en libertad a mujer acusada de casi arrancarle la mano a su vecina con una pala
POR: El Salvador Times.
La mañana del domingo del 22 de enero de 2017, la familia Mejía Granados se disponía a desayunar a eso de las 7:30, por lo que Agripina, la madre de familia de ese hogar, se dirigió a una tienda cercana a su vivienda, ubicada en el cantón Veracruz, de Tonacatepeque, en San Salvador.
Mientras transitaba por la calle, su vecina Rosa Rivera, de 46 años de edad, le salió al paso. Ella se encontraba barriendo una acera, pero cuando vio a Agripina tomó una pala y le arrojó lodo a esta, por lo que su vestuario quedó sucio y empapado.
Tras esta acción, Rivera procedió a golpear con el filo de la pala la mano derecha de Agripina y el golpe fue tal que casi se la mutila.
“Agripina llegó a la casa con la mano destrozada. La tenía casi cortada y estaba bien fregada, con mucha sangre”, comentó José Mejía, su compañero de vida, quien fue citado por la Fiscalía General de la República (FGR) debido a que Agripina interpuso una denuncia y se originó un proceso judicial.
Según relató la pareja afectada ante el Tribunal 5° de Sentencia, la víctima lesionada tuvo que ser trasladada hacia la unidad del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) de Ilopango, en donde Mejía fue notificado que su compañera de vida perdería la mano. Tendría que ser amputada por el daño que obtuvo en sus nervios tras el golpe.
“El pleito de todo es por una calle. Ella cree que la calle le pertenece y hasta la alcaldía le ha dicho que es el paso de todos”, argumentó la afectada, quien ha tenido problemas de convivencia con la mujer desde hace años.
Para tratar de auxiliar de la mejor manera posible a la afectada, Agripina fue trasladada hacia la Unidad de Especialidades del ISSS, en donde estuvo cuatro días ingresada –según relató-, pues tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por la afectación que obtuvo.
Después de la cirugía, la víctima recibió al menos 20 terapias para poder recuperar el movimiento de su miembro superior, pero aún faltaría una operación más y otras 20 terapias, contó tras expresar que el dolor aún persiste.
De acuerdo al peritaje hecho por el Instituto de Medicina Legal, la lesión de Agripina se recuperaría en 90 días, pero tendría una limitación en el movimiento de la mano. Además, explicó en un documento escrito -incluido como prueba en el expediente judicial- que tendría dificultad para sostener objetos pesados.
Hasta la fecha, la afectada debe ingerir diversas pastillas para poder controlar el dolor que la afecta, pero los médicos lograron evitar una amputación.
Dictan fallo absolutorio contra atacante
Trece días después, la FGR giró una orden de detención en contra de Rosa Rivera, por lo que un día después –el 10 de febrero de 2017- fue detenida por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en su vivienda, ubicada frente a la casa de la víctima, en Tonacatepeque.
En un primer momento a Rivera se le acusó por el delito de homicidio agravado tentado, pero en el transcurso del proceso la tipificación del delito cambio a lesiones graves, por ello el fallo estuvo a cargo de un jurado integrado por cinco personas civiles, quienes debían escuchar los relatos de los testigos, ver las pruebas y luego deliberar sobre si era o no culpable la imputada.
Como pruebas presentadas en la audiencia de vista pública, desarrollada en el Centro Judicial Isidro Menéndez, se detalló que la hija de la pareja afectada denunció el hecho a la Unidad de Emergencias del 911 de la Policía Nacional Civil (PNC), por lo que la fiscal del caso agregó una bitácora de llamadas.
Además, la joven de 18 años de edad testificó en contra de la vecina que había atacado a su madre, tal como lo hicieron sus padres.
Luego de finalizada las intervenciones, tanto de la parte fiscal como de la parte defensora, se obtuvo dos votos a favor de un fallo condenatorio y tres en contra, por lo que Rivera recobró su libertad, pues el fallo debe ser unánime, es decir, los cinco miembros deben estar en total acuerdo.
“Aquí el Tribunal (el jurado instalado) la ha dejado en libertad, pero mi vida corre peligro con ella porque siempre me amenaza con que me va a matar”, comentó con rostro de decepción Agripina, luego de saber el resultado del proceso.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
