Judicial
Jueza determina que no se girará la sexta orden de captura contra Mauricio Funes hasta que que no sea notificado legalmente
La jueza especializada de Instrucción «A» de San Salvador, determinó este viernes que el expresidente de la República, Mauricio Funes, no recibirá la sexta orden de captura en su contra hasta que no sea notificado legalmente.
La jueza convocó a la audiencia de imposición de medidas para este viernes pero Funes no envió a sus abogados, lo que obligó a la jueza a seguir el trámite de notificarlo por edicto como lo señala el artículo 163 del Código Procesal Penal y de esa forma garantizar el derecho de audiencia.
«Previo a la decisión de una medida cautelar de detención provisional se le notificará por edictos, si un imputado no ha podido ser citado formalmente se debe hacer por este medio, se van a publicar los edictos y una vez terminado ese trámite se va fijar nueva fecha para realizar audiencia y decidir sobre la medida cautelar que a la fecha solicitada será la detención provisional», explicó el fiscal Álvaro Rodríguez.
Una vez se le notifique por edictos, se convocará a la audiencia y si tampoco manda abogado, la jueza podrá evaluar la petición fiscal de girar orden de captura con miras a tramitar con la Policía Internacional (Interpol) una difusión roja.
La Fiscalía General de la República (FGR), acusa a Funes de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes por el caso Tregua entre Pandillas durante los años 2012 y 2013.
Junto a Funes fue acusado el exministro de Defensa, general David Munguía Payés quien fue capturado el pasado jueves 23 de julio y liberado este miércoles para que continúe el proceso en libertad.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador llevó a cabo una vista pública contra Raúl Arturo Alegría Centeno, acusado de los delitos de homicidio, hurto y robo agravado, en perjuicio de más de diez víctimas.
Según la investigación fiscal, entre 2011 y 2013, Raúl Alegría se asoció con un grupo que se dedicaba a cometer robos, utilizando armas de fuego para irrumpir en establecimientos comerciales. En algunos casos, las víctimas fueron sometidas por los delincuentes.
Entre los lugares asaltados se encuentran restaurantes, tiendas de misceláneos, tiendas de juegos, bares y una institución educativa, de la cual sustrajeron máquinas tragamonedas, televisores LED, computadoras, celulares, dinero en efectivo, entre otros bienes.
Tras valorar la prueba testimonial, pericial y documental que acreditó la participación de Raúl Alegría en un homicidio, dos casos de hurto agravado y seis casos de robo agravado, el Tribunal lo condenó a 93 años de prisión y a pagar más de $8,000 en concepto de responsabilidad civil por sus delitos.
Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador, fue sentenciado a una pena de cuatro años de prisión tras ser hallado culpable de incumplir con sus obligaciones laborales.
Muyshondt era también acusado por la Fiscalía por apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias, delito por el que fue absuelto por el juez de sentencia.
En el caso de Heriberto Portillo, extesorero de la alcaldía, que estaba siendo acusado junto a Muyshondt, se impuso una condena de 4 años por retenciones de cuotas laborales.
El exalcalde fue capturado el 4 de junio de 2021 y acusado pocas horas después por la retención de cuotas. Durante su gestión entre 2018 y 2021, se le acusó de no efectuar el pago correspondiente de las cuotas laborales a los trabajadores del municipio.
El exalcalde sigue siendo procesado por el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, acusado por fraude electoral y agrupaciones ilícitas. La Fiscalía lo acusó en 2020 junto con otras personas de otorgar dádivas a las principales pandillas del país a cambio de apoyo electoral.
Judicial
50 años de cárcel para exmilitar que mató a su pareja luego que ella decidiera terminar la relación
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador llevó a cabo una vista pública contra Álvaro Antonio Rodríguez Velásquez, acusado del delito de feminicidio, ocurrido en un mercado municipal de Chalatenango.
Según la investigación, el acusado, un militar que sirvió en Irak, mantenía una relación sentimental con la víctima, Blanca Iris Rivera; sin embargo, ella decidió terminar la convivencia debido a los constantes maltratos, episodios de celos y el control que Rodríguez Velásquez ejercía sobre ella. Ante la negativa de continuar la relación, el acusado comenzó a acosarla, hostigarla y amenazarla con atentar contra su vida y la de sus familiares.
El 16 de julio de 2018, el acusado llegó al lugar de trabajo de su expareja. Testigos que lo reconocieron declararon que Álvaro Rodríguez se dirigió directamente hacia ella y le disparó, provocándole heridas en el cráneo y tórax que causaron su muerte.
Tras valorar la prueba testimonial, pericial y documental, la jueza encontró a Álvaro Antonio Rodríguez Velásquez culpable del delito de feminicidio y lo condenó a 50 años de prisión. El hombre se encuentra prófugo desde el día que cometió el feminicidio.
