Judicial
Jueza determina que no se girará la sexta orden de captura contra Mauricio Funes hasta que que no sea notificado legalmente
La jueza especializada de Instrucción «A» de San Salvador, determinó este viernes que el expresidente de la República, Mauricio Funes, no recibirá la sexta orden de captura en su contra hasta que no sea notificado legalmente.
La jueza convocó a la audiencia de imposición de medidas para este viernes pero Funes no envió a sus abogados, lo que obligó a la jueza a seguir el trámite de notificarlo por edicto como lo señala el artículo 163 del Código Procesal Penal y de esa forma garantizar el derecho de audiencia.
«Previo a la decisión de una medida cautelar de detención provisional se le notificará por edictos, si un imputado no ha podido ser citado formalmente se debe hacer por este medio, se van a publicar los edictos y una vez terminado ese trámite se va fijar nueva fecha para realizar audiencia y decidir sobre la medida cautelar que a la fecha solicitada será la detención provisional», explicó el fiscal Álvaro Rodríguez.
Una vez se le notifique por edictos, se convocará a la audiencia y si tampoco manda abogado, la jueza podrá evaluar la petición fiscal de girar orden de captura con miras a tramitar con la Policía Internacional (Interpol) una difusión roja.
La Fiscalía General de la República (FGR), acusa a Funes de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes por el caso Tregua entre Pandillas durante los años 2012 y 2013.
Junto a Funes fue acusado el exministro de Defensa, general David Munguía Payés quien fue capturado el pasado jueves 23 de julio y liberado este miércoles para que continúe el proceso en libertad.
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El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
