Judicial
Interponen aviso ante la FGR para investigar a Rodolfo Parker por posible tráfico de influencias
El diputado Rodolfo Parker podría ser investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) tras presentarse un aviso por parte de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD).
Este documento fue interpuesto ante el Ministerio Público por el posible cometimiento de delitos, así como por utilizar su posición en la Asamblea Legislativa para el tráfico de influencias.
Esto surge luego de los señalamientos contra Parker por recibir información de la Corte de Cuentas de la República (CCR) sobre líneas de auditoría al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), tal como se dio a conocer en fotografías captadas el pasado 11 de agosto en la Comisión de Hacienda.
En dicha ocasión, los diputados citaron a los Ministros de Hacienda, Salud y Agricultura para que explicaran ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa el destino de los $250 millones de un préstamo.
Por su parte, el diputado aseguró que los contenidos de esas fotografías habían sido arreglados y no eran “sus textos”. Ante ello, se ha solicitado que la FGR pueda esclarecer dicho punto y verificar la posible comisión de delito al filtrar dicha información.
Según el ISD, Parker podría haber cometido el delito de tráfico de influencias y el delito de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial.
Sobre el primero, el Código Penal se refiere a que “el que simulando o valiéndose de su influencia con un funcionario o empleado público, recibiera o hiciere que le prometieran para sí o para otro, dinero u ventajas como estímulo o recompensa de su mediación con aquella persona o a pretexto de comprar favores, prisión de uno a tres años y multa de 110 días. Si fuera funcionario se impondrá la inhabilitación especial”.
Sobre el segundo, se establece: “funcionario o empleado público que revelare o divulgare hechos, actuaciones, información o documentación que debieren permanecer en reserva o facilitare el conocimiento de los mismos, será sancionado con cuatro a seis años”.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
