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Judicial

Interponen aviso ante la FGR para investigar a Rodolfo Parker por posible tráfico de influencias

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El diputado Rodolfo Parker podría ser investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) tras presentarse un aviso por parte de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD).

Este documento fue interpuesto ante el Ministerio Público por el posible cometimiento de delitos, así como por utilizar su posición en la Asamblea Legislativa para el tráfico de influencias.

Esto surge luego de los señalamientos contra Parker por recibir información de la Corte de Cuentas de la República (CCR) sobre líneas de auditoría al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), tal como se dio a conocer en fotografías captadas el pasado 11 de agosto en la Comisión de Hacienda.

En dicha ocasión, los diputados citaron a los Ministros de Hacienda, Salud y Agricultura para que explicaran ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa el destino de los $250 millones de un préstamo.

Por su parte, el diputado aseguró que los contenidos de esas fotografías habían sido arreglados y no eran “sus textos”. Ante ello, se ha solicitado que la FGR pueda esclarecer dicho punto y verificar la posible comisión de delito al filtrar dicha información.

Según el ISD, Parker podría haber cometido el delito de tráfico de influencias y el delito de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial.

Sobre el primero, el Código Penal se refiere a que “el que simulando o valiéndose de su influencia con un funcionario o empleado público, recibiera o hiciere que le prometieran para sí o para otro, dinero u ventajas como estímulo o recompensa de su mediación con aquella persona o a pretexto de comprar favores, prisión de uno a tres años y multa de 110 días. Si fuera funcionario se impondrá la inhabilitación especial”.

Sobre el segundo, se establece: “funcionario o empleado público que revelare o divulgare hechos, actuaciones, información o documentación que debieren permanecer en reserva o facilitare el conocimiento de los mismos, será sancionado con cuatro a seis años”.

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Judicial

314 años de cárcel para estructura que asesinó a profesora y policía

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Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.

De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.

A Luis Alonso Mejía Hernández, quien se encargaba de transportar a los miembros de la estructura hacia los lugares donde se cometerían los hechos, fue sentenciado a 192 años, por robo agravado y agrupaciones ilícitas.

Mientras que a Moisés Antonio Rivera y Aurelio Wilfredo Vásquez, el juez los condenó a 177 y 166 años de prisión, respectivamente, los otros 34 recibieron diversas penas por los mismos delitos.

La red de asaltantes y homicidas fue desarticulada la madrugada del 25 de octubre de 2022, tras una investigación de varios meses que fiscales y policías realizaron a la compleja banda que tenía una logística en todo el país para ejecutar los atracos entre enero de 2019 a mayo de 2021.

Los imputados tenían estrategias criminales hasta para descifrar los montos de dinero que los usuarios de los bancos retiraban de los cajeros automáticos (ATM).

Lograban determinar cuando una persona retiraba considerables sumas de dinero, se apostaban cerca de los ATM y según el sonido que se generaba al momento de procesarse el retiro los integrantes de la banda perfilaban a ese usuario y tras darle vigilancia y seguimiento, lo interceptaban y despojaban de los fondos, si la víctima se oponía, era asesinada.

A un agente de la PNC, lo asesinaron el 19 de mayo de 2019, en San Juan Nonualco, departamento de La Paz. Había retirado $1,500 de una agencia bancaria de ese distrito, producto de préstamo bancario.

También el 22 de mayo de 2021, asesinaron a una profesora que había salido de una agencia bancaria en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, la siguieron para robarle $2,600 y como se opuso al asalto, le dieron un disparo en la cabeza.

Testimonios de víctimas fueron parte de la prueba que la Fiscalía General de la República presentó para probar los robos y casos de homicidio, mientras que en las agrupaciones ilícitas se acreditó que los miembros tenían asignada una función específica para consumar los hechos.

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22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.

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José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.

Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.

Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.

La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.

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Sujeto acusado de violación es condenado a 14 años de cárcel

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Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.

Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.

Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.

La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.

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