Judicial
Instalan audiencia contra Norman Quijano, acusado de negociar con pandillas
La Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, ha iniciado este martes el proceso penal en contra de Norman Quijano, acusado por la Fiscalía General de la República por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
El diputado desaforado del Parlamento Centroamericano y excandidato a la presidencia por el partido ARENA en el año 2014, enfrenta la audiencia inicial por haber negociado con pandillas beneficios penitenciarios y entregado dinero a cambio que votaran para ser electo presidente de la República de El Salvador, pero esas elecciones las perdió frente al candidato del FMLN, Salvador Sánchez Cerén, prófugo asilado en Nicaragua.
Los magistrados de la cámara han comenzado a procesar a Quijano, luego que el ministerio público presentara la acusación formal con el aval de la Asamblea Legislativa que el pasado 15 de diciembre le retiró la inmunidad.
Fiscales del Grupo contra la Impunidad, están solicitando que se decrete la detención provisional y se gire orden de captura para garantizar la comparecencia en el proceso.
La audiencia inicial puede llevarse a cabo sin la presencia del imputado, no así la preliminar ya que el Código Procesal Penal exige que esté presente para que ejerza su defensa material y hasta controvertir la acusación fiscal. En el caso que se venza el plazo de instrucción y Quijano no esté a la orden de la Cámara, se archivarán las actuaciones.
Los nombres de Norman Quijano y otros cinco políticos de ARENA y del FMLN, aparecieron en la causa penal conocida judicialmente como «Operación Cuscatlán».
El testigo criteriado Noé, al declarar en una vista pública contra 425 miembros de la Mara Salvatrucha, que fueron condenados, dijo que él y otros cabecillas de las pandillas habían sostenido reuniones con Quijano, el exalcalde del partido ARENA, Ernesto Muyshondt y Salvador Ruano (ya fallecido), el expresidente de dicho instituto político, Jorge Velado (ya fallecido), así como los exministros de Gobernación y Justicia, Arístides Valencia y Benito Lara (ambos prófugos).
Cuando el Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador emitió el fallo contra los 425 mareros, divulgó los videos donde se observa a los políticos reunidos con las pandilleros negociando beneficios para esas estructuras a cambio de votos.
Quijano es acusado de fraude electoral por haber entregado $100,000 a las pandillas, según ha dicho el testigo criteriado y las agrupaciones ilícitas es por las reuniones sostenidas para obtener beneficios electorales en la contienda presidencial del año 2014.
La Fiscalía dispone de videos en los que hace constar las reuniones que Quijano tuvo con los cabecillas de pandillas, esas negociaciones se dieron en la iglesia de una red de pastores.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
