Judicial
Hombre se salva de morir a manos de pandilleros que lo raptaron y lo golpearon brutalmente, hasta que escapó de un mesón
Un inquilino de un mesón en el centro de San Salvador fue privado de libertad y golpeado brutalmente por un grupo de pandilleros luego de ser sorprendido intentando escapar del lugar sin su permiso. El hombre fue rescatado por policías y un pariente que dio aviso.
Miguel (nombre modificado por seguridad) era un inquilino de un mesón ubicado sobre el bulevar Venezuela, cerca del centro de San Salvador. Su vida era complicada, ya que todos los días tenía que aguantar el desorden y la violencia ocasionada por los delincuentes que llegaban a consumir bebidas alcohólicas y drogas en el lugar.
Ya estaba cansado de vivir esa situación, por lo que a toda costa necesitaba salir de ese lugar, pero nadie lo podía hacer sin que los pandilleros que asechaban la zona lo autorizaran. Sin embargo, un día decidió armarse de valor y cambiar su vida aun sabiendo que esto podría llevarlo a la muerte.
El 29 de agosto de 2018 fue el día en el que decidió hacer sus maletas y escapar de los estrechos cuartos del mesón. Temprano por la mañana, llamó a un familiar para que fuera con un vehículo a traerlo junto con el resto de sus cosas.
Se llegó la hora de partir. Comenzó a sacar poco a poco sus pertenencias pero Sandra S., una habitante del mesón y cómplice de los pandilleros, comenzó a gritar en los pasillos alertando sobre el escape de Miguel, quien al percatarse de esto intentó sacar el resto de sus cosas. Sin embargo, en cuestión de segundos estaba rodeado de al menos siete hombres.
Los criminales lo introdujeron a su cuarto donde lo retuvieron. Afuera su pariente seguía esperando a que este bajara, pero esto nunca pasó. Según la relación de los hechos, estos comenzaron a buscar una varilla de metal para golpearlo, pero al no encontrarla comenzaron a golpearlo brutalmente durante 20 minutos con una tabla de madera, hasta lograr romperla en su espalda.
Sus verdugos advirtieron la presencia de su familiar, quien al escuchar lo que estaba pasando en el cuarto decidió subirse al vehículo para buscar ayuda. Al darse cuenta de esto, los pandilleros le exigieron que debía llamarlo para que regresara al mesón o de lo contrario terminarían con su vida.
Salvado de milagro
Herido y angustiado, Miguel esperaba su muerte a manos de pandilleros jóvenes y famélicos. Sin embargo, sintió un aire de alivio cuando escuchó los sonidos de sirenas policiales que se aproximaban cada vez más.
Sandra, quien vigilaba la entrada del mesón, avisó velozmente a los hombres quienes para no ser detenidos dejaron al hombre y comenzaron a correr hacia una comunidad cercana, donde lograron escapar. Los agentes policiales entraron al pequeño cuarto donde Miguel yacía tirado. Minutos después, fue ingresado en el hospital donde estuvo por varios días hasta su recuperación.
El familiar y agentes policiales ayudaron a sacar todas sus pertenencias de la zona, pero luego de hacer un recuento de estas señaló que le habían hurtado algunas pertenencias. Notó que le faltaban dos anillos, un reloj y $15.
En la audiencia preliminar, la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que meses antes se había registrado el éxodo de varias familias debido a las constantes amenazas de grupos delincuenciales dentro del mesón y que, en muchos de los casos, si los habitantes quería dejar de vivir en dicho lugar debían de solicitar permiso a los pandilleros para que autorizaran la salida.
Fuentes judiciales señalaron a El Salvador Times que las capturas de los implicados se fueron dando de manera paulatina hasta dar con todos. La víctima logró reconocerlos y los procesó por los delitos de privación de libertad, robo e intento de homicidio.
Luis A., Antonio D., Daniel O., Susana C., Armando N., Omar T., Ernesto A., y otros, son algunos de los que participaron en el hecho. El pasado 18 de diciembre, el juez del Juzgado Primero de Instrucción aprobó las pruebas y envió el caso a juicio, donde se le impondrá o no una pena en perjuicio de la víctima.
Foto Referencia.
Por: El Salvador Times.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
