Judicial
Hombre es condenado a 20 años de prisión por abusa de una adolescente en Sonsonate
La Unidad de Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y la Mujer de la Fiscalía General de la República con sede en Sonsonate, logro la condena de 20 años de prisión, más de $360.00, en concepto de responsabilidad civil; en contra Manuel de Jesús Villalta Catalán, de 23 años de edad; acusado del delito de Violación en Menor o Incapaz, en perjuicio de una adolescente de 13 años de edad, ocurrido entre los meses de noviembre de 2016 y febrero de 2017; en el municipio de Juayúa, Sonsonate.
En la Vista Pública desarrollada en el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate, el 10 se septiembre de 2018; donde después del desfile probatorio y la reproducción del CD que contenía la declaración de la víctima a través de Cámara Gessell; peritajes Psicológicos, entre otras; el imputado Manuel de Jesús Villalta Catalán, fue encontrado culpable y condenado a la pena de 20 años de prisión, más la responsabilidad civil de $360.00.
El jefe de esta oficina fiscal, manifestó que la investigación da inicio mediante denuncia interpuesta por la madre de la víctima, el 12 de marzo de 2017, en la oficina de investigaciones de la PNC de Juayúa, en la cual manifestó que su hija desde de noviembre del año 2016, mantenía una relación a escondidas de noviazgo con Manuel de Jesús Villalta Catalán, y que el sujeto en ese mismo mes, le habló por teléfono diciéndole que si no le daba a la hija para que se fuera con él, que no se fuera arrepentir.
Sigue manifestando la disidente que el 3 de diciembre de2016, su hija andaba por la iglesia, y que eran las 8:00 de la noche y su hija no llegaba, que ella se fue a buscar a su hija y unas personas le dijeron que el sujeto antes en mención se la había llevado; dirigiéndose a la casa del sujeto y ahí encontró a la hija juntamente con él, y les dijo a ambos que fueran a arreglar ese problema a la casa de la denunciante, y fue así que llegaron a la casa de la dicente; el sujeto les dijo que se había llevado a su hija porque estaba embarazada, manifestándole la madre al sujeto; que si estaba embarazada que se hiciera responsable de ella.
Resultando que a los 20 días de estar acompañada con el sujeto, la hija se fue hacer una prueba de embarazo pero salió negativa; la dicente al ver tal situación en enero del 2017, les dio un cuarto donde vivir en la casa de ella; pero el 8 de febrero de 2017, dicho sujeto dejó a su hija y se fue a vivir a la casa de él, porque ya no quería estar con ella, les dijo que no alcanzaba a mantenerla.
Revela la disidente que no había denunciado este hecho, por temor porque este sujeto tiene familia mareros, que su hija hoy que el sujeto la dejó, le comento que desde que andaba de novia, en noviembre 2016, tuvo por primera vez relaciones sexuales con dicho sujeto, y que todo ese tiempo que han estado acompañada con él ha mantenido relaciones sexuales; que cuando el sujeto se la llevó de la iglesia para la casa de él, ella se fue con el porque la amenazó que si no se iba con él la iba a matar y que también este tiempo que estuvo acompañada con él siempre la maltrataba físicamente.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
