Judicial
Hombre es condenado a 20 años de prisión por abusa de una adolescente en Sonsonate
La Unidad de Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y la Mujer de la Fiscalía General de la República con sede en Sonsonate, logro la condena de 20 años de prisión, más de $360.00, en concepto de responsabilidad civil; en contra Manuel de Jesús Villalta Catalán, de 23 años de edad; acusado del delito de Violación en Menor o Incapaz, en perjuicio de una adolescente de 13 años de edad, ocurrido entre los meses de noviembre de 2016 y febrero de 2017; en el municipio de Juayúa, Sonsonate.
En la Vista Pública desarrollada en el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate, el 10 se septiembre de 2018; donde después del desfile probatorio y la reproducción del CD que contenía la declaración de la víctima a través de Cámara Gessell; peritajes Psicológicos, entre otras; el imputado Manuel de Jesús Villalta Catalán, fue encontrado culpable y condenado a la pena de 20 años de prisión, más la responsabilidad civil de $360.00.
El jefe de esta oficina fiscal, manifestó que la investigación da inicio mediante denuncia interpuesta por la madre de la víctima, el 12 de marzo de 2017, en la oficina de investigaciones de la PNC de Juayúa, en la cual manifestó que su hija desde de noviembre del año 2016, mantenía una relación a escondidas de noviazgo con Manuel de Jesús Villalta Catalán, y que el sujeto en ese mismo mes, le habló por teléfono diciéndole que si no le daba a la hija para que se fuera con él, que no se fuera arrepentir.
Sigue manifestando la disidente que el 3 de diciembre de2016, su hija andaba por la iglesia, y que eran las 8:00 de la noche y su hija no llegaba, que ella se fue a buscar a su hija y unas personas le dijeron que el sujeto antes en mención se la había llevado; dirigiéndose a la casa del sujeto y ahí encontró a la hija juntamente con él, y les dijo a ambos que fueran a arreglar ese problema a la casa de la denunciante, y fue así que llegaron a la casa de la dicente; el sujeto les dijo que se había llevado a su hija porque estaba embarazada, manifestándole la madre al sujeto; que si estaba embarazada que se hiciera responsable de ella.
Resultando que a los 20 días de estar acompañada con el sujeto, la hija se fue hacer una prueba de embarazo pero salió negativa; la dicente al ver tal situación en enero del 2017, les dio un cuarto donde vivir en la casa de ella; pero el 8 de febrero de 2017, dicho sujeto dejó a su hija y se fue a vivir a la casa de él, porque ya no quería estar con ella, les dijo que no alcanzaba a mantenerla.
Revela la disidente que no había denunciado este hecho, por temor porque este sujeto tiene familia mareros, que su hija hoy que el sujeto la dejó, le comento que desde que andaba de novia, en noviembre 2016, tuvo por primera vez relaciones sexuales con dicho sujeto, y que todo ese tiempo que han estado acompañada con él ha mantenido relaciones sexuales; que cuando el sujeto se la llevó de la iglesia para la casa de él, ella se fue con el porque la amenazó que si no se iba con él la iba a matar y que también este tiempo que estuvo acompañada con él siempre la maltrataba físicamente.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
