Judicial
Fiscalía logra condena de 20 años cárcel para abusador sexual en La libertad
La Fiscalía General de la República (FGR) informa que ha logrado 20 años de cárcel para Héctor Enrique Argueta Fuentes, quien abusó sexualmente y en reiteradas ocasiones, a una niña de once años.
De acuerdo con el registro de los hechos, el sujeto inició con tocamientos de índole sexual en varias partes de su cuerpo durante el 2019, posteriormente fue violada en el año 2020.
Las investigaciones de este caso determinaron que los abusos los cometió en el cantón Santa Lucía, municipio de Chiltiupán, La Libertad.
En la casa de habitación de una familiar de la víctima del referido lugra; cada vez que la menor visitaba a su prima se encontraba con Héctor, quien era amigo del esposo de su familiar, y siempre que la veía, se le insinuaba y le tocaba sus partes íntimas.
En abril del 2020, la niña se quedó a dormir en la casa de su familiar, y esa noche el abusador llegó a departir con su amigo, al estar pasado de copas, Fuentes salió a buscarla, ingresó al dormitorio y empezó a abusar de ella, detalló la FGR.
Tras la violación, la menor escapó de esa casa, pero por miedo a las amenazas del imputado, no comentó a nadie sobre las agresiones; de acuerdo a los relatos de la menor, en otro escenario volvió a coincidir con el imputado y este la violó nuevamente, esta vez no solo fue la agresión sexual sino también física.
El 30 de junio del 2020, la víctima y su madre se presentaron al Consejo Nacional de la Niñez (CONNA), por violencia intrafamiliar, y al ser entrevistadas se logró detectar los abusos sexuales de los que fue víctima la menor.
Dicha instancia dio aviso a la FGR, se intepruso la respectiva denuncia y luego se ordenó la captura de Fuentes.
La condena de prisión fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, donde el testimonio de la víctima en cámara Gessel, los peritajes realizados por el Instituto de Medicina Legal y la abundante prueba documental, fueron claves para que Fuentes sea enviado a la cárcel y pague por los abusos que cometió.
Óscar José Amaya Guevara fue condenado a 10 años de prisión por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego, informó la Fiscalía General de la República (FGR). La sentencia fue impuesta en un proceso sumario por el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad.
Según la acusación fiscal, Amaya Guevara fue detenido el pasado 8 de mayo de 2025 mientras ingería bebidas alcohólicas en un restaurante del Puerto de La Libertad. La Policía Nacional Civil (PNC) recibió una alerta sobre su comportamiento, ya que manipulaba un arma de fuego en evidente estado de ebriedad.
Al realizarle una prueba antidoping, el resultado arrojó 162 grados de alcohol. Además, no presentó documentos que acreditaran la portación legal del arma ni la matrícula correspondiente.
Durante la audiencia, el tribunal consideró suficientes las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la FGR para dictar la condena.
Amaya Guevara ya tenía antecedentes. En noviembre de 2023 fue detenido por amenazar con arma de fuego a trabajadores en un lugar público y por atentar contra conductores y un motociclista en la carretera al Puerto de La Libertad. En ese caso, fue procesado por homicidio tentado y disparo de arma de fuego, y se le decomisaron un arma, municiones y un vehículo.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal contra Julio Alonso Revelo Martínez y José Guillermo Arce Marín, señalados de traficar 114 kilogramos de cocaína. El proceso fue judicializado en el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad, donde la FGR solicitó la detención provisional mientras avanza el proceso penal.
Según la acusación fiscal, ambos imputados, residentes en San Luis La Herradura (La Paz), transportaban la droga oculta en una hielera acondicionada con un compartimiento secreto. La embarcación fue interceptada el pasado 18 de junio a tres millas y media náuticas de la playa Toluca, en aguas territoriales del departamento de La Libertad.
El operativo fue ejecutado por el Grupo Especial Antinarcóticos, en coordinación con la División Antinarcóticos y la División de la Policía Costera de la PNC.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó a través de redes sociales que los detenidos forman parte de una estructura de narcotráfico regional. «Salieron de Nicaragua y pretendían llevar la droga a Guatemala, pero su operación fue truncada gracias al trabajo coordinado entre nuestra Policía Costera y la División Antinarcóticos», publicó.
Durante la inspección de la embarcación se localizaron paquetes que, tras pruebas de campo, dieron positivo a cocaína. El cargamento fue valorado en aproximadamente $2.8 millones.
El fiscal del caso confirmó que se ha solicitado la instrucción formal con imposición de medidas cautelares de detención provisional.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
