Judicial
Fiscalía busca recuperar $481.3 millones en 12 procesos de corrupción y crimen organizado
En al menos 12 procesos judiciales que actualmente se encuentran en los juzgados, el Estado salvadoreño espera recuperar $481,363,11.18, que fueron sustraídos ilícitamente, malversados y obtenidos con fraudes cometidos en perjuicio de ministerios y autónomas por ex funcionarios de los partidos ARENA y FMLN.
La Fiscalía General de la República (FGR), desde que judicializó los 12 expedientes en los últimos cinco años, también se pronunció antes los jueces para que se diera por iniciada la acción civil y que a los acusados se les condena a devolver al Estado las millonarias cantidades de dinero con las que han causado perjuicios económicos al Estado.
De los 12 expedientes, solo dos han avanzado a la etapa final de proceso, pero los tribunales de sentencia no han podido realizar las vistas públicas por recursos interpuestos. Los otros 10 casos están en diversos juzgados de instrucción, algunos ya con etapa de investigación finalizada y con todas las pruebas presentadas, pero con peritajes claves pendiente de ser anexados.
Pero cuatro expedientes que pasaron a la fase de instrucción, aún están con la etapa de investigación vigente. Uno de esos es el caso Centrum, referente a un contrato de permuta de armas, los acusados son los exministros de Defensa, David Munguía Payés y Atilio Benítez, quienes supuestamente favorecieron al expresidente de ARENA, Gustavo López Davidson, entregando armas en buen estado a cambio de dos obuses (cañones antiaéreos) que no funcionaban, ocasionando un perjuicio económico de $2,706,472 al Estado.
De igual forma, otro de los procesos judiciales pendiente de finalizar la fase de instrucción es el que está activo contra del expresidente Mauricio Funes, José Miguel Antonio Menéndez Avelar, «Mecafé» y el guatemalteco Jaime Ramón Aparicio Mejía, representante legal de la empresa Serdelco S.A.
Estos son los casos que están activos en los diferentes tribunales:
Sigfrido Reyes y 13 acusados
Juzgado: Sexto de Instrucción
Estado: En etapa de investigación
El expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes y 13 acusados más, enfrentan el proceso penal por lavado de dinero y activos, peculado, estafa agravada e incumplimiento de deberes. En este expediente se detectó una venta irregular de cinco lotes propiedad del Instituto de Previsional de la Fuerza Armada (IPSFA), hay varias pericias pendientes de presentar.
Expediente Corruptela
Juzgado: Cuarto de Instrucción
Estado: Pendiente de audiencia preliminar
En el Juzgado Cuarto de Instrucción son procesadas 30 personas, entre ellos el exfiscal general Luis Martínez, quien según la Fiscalía General de la República recibió sobornos del expresidente Mauricio Funes y varios empresarios, entre ellos Enrique Rais. Se desconoce fecha de audiencia preliminar debido a que aún faltan algunas pericias.
Proceso penal El Chaparral
Juzgado: Cuarto de Instrucción
Estado: Pendiente de audiencia preliminar
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, diligencia la causa penal del caso conocido como El Chaparral, donde supuestamente Mauricio Funes, Miguel Menéndez Avelar y José Leopoldo Samour, favorecieron a la empresa Astaldi pagando $108.5 millones por obras no ejecutadas. Ya se presentó toda la investigación, pero falta definir audiencia preliminar.
Exdirectores de Centros Penales
Juzgado: Tribunal Quinto de Sentencia
Estado: Esperando vista pública
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, tiene pendiente desarrollar la vista pública en contra de los exdirectores de Centros Penales, Nelson Rauda y Rodil Hernández, acusados de actos arbitrarios y administración fraudulenta. Este proceso tiene que ver con un supuesto manejo inapropiado de los fondos de las tiendas institucionales que funcionan en las cárceles.
Fabricación de casos penales
Juzgado: Tribunal Tercero de Sentencia
Estado: Esperando vista pública
El exfiscal general Luis Martínez, el abogado Héctor Grimaldi y el exdirector de Intereses del Estado de la Fiscalía, Julio Arriaza, son acusados de fabricar pruebas y judicializar casos para favorecer supuestamente al prófugo Enrique Rais. Los imputados enfrentan delitos de omisión en la investigación, revelación de hechos, actos arbitrarios y fraude procesal. Está pendiente la vista pública.
Expediente caso Centrum
Juzgado: Quinto de Instrucción
Estado: En etapa de investigación
En el Juzgado Quinto de Instrucción, está el proceso penal contra el expresidente de ARENA, Gustavo López Davidson, los exministros de Defensa, David Munguía Payés y Atilio Benítez. Este expediente tiene que ver con una permuta de armas donde se favoreció a Centrum entregando armas en buen estado a cambio de dos obuses (cañones antiaéreos) que no funcionaban.
Fraude fiscal de Muyshondt
Juzgado: Octavo de Instrucción
Estado: En etapa de investigación
El Juzgado Octavo de Instrucción, tiene en la etapa de investigación el proceso contra el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, por apropiación indebida de retenciones tributarias e incumplimiento de deberes. La Fiscalía lo acusa de apropiarse de $275,145, entre junio y diciembre del año 2020, con la multa e intereses el monto asciende a $571,258.
Norman Quijano y las pandillas
Juzgado: Quinto de Instrucción
Estado: En etapa de investigación
El exdiputado Norman Quijano, del partido ARENA, tiene orden de captura que le giró el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. La Fiscalía lo acusa de agrupaciones ilícitas y fraude electoral ya que supuestamente se reunió con pandillas para negociar votos a cambio de dinero y privilegios. El Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador ha solicitado a la Interpol que se emita difusión roja.
Tregua con las pandillas
Juzgado: Especializado de Instrucción A
Estado: En etapa de investigación
El exministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés y el expresidente prófugo, Mauricio Funes, son procesados en Juzgado Especializado de Instrucción “A” por supuesta negociación con pandillas para reducir homicidios. Esta causa penal está pendiente de que se señale fecha de audiencia preliminar donde se determinará si el caso pasa a vista pública.
Caso del puente San Isidro
Juzgado: Tercero de Instrucción
Estado: En etapa de investigación
En la construcción del puente San Isidro, que une San Pablo Tacachico, La Libertad y Nueva Concepción, Chalatenango, la Fiscalía General de la República, dice que Mauricio Funes y Miguel Menéndez Avelar recibieron un avión de guatemalteco Jaime Aparicio Mejía, a cambio de adjudicarle el 10 de octubre del año 2013, la referida obra que costó $8.4 millones.
Negociación con pandillas
Juzgado: Segundo de Instrucción
Estado: Pendiente de audiencia preliminar
El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, los exministros de Gobernación y de Justicia, Arístides Valencia y Benito Lara y tres imputados más, están esperando que juzgado les programe la audiencia preliminar, el expediente es porque supuestamente negociaron con pandillas para obtener beneficios electorales en 2014. Según la Fiscalía, entregaron más de $600,000 a las maras.
Proceso «Saqueo Público»
Juzgado: Octavo de Instrucción
Estado: Pendiente de audiencia preliminar
El Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador, tiene pendiente programar la fecha de audiencia preliminar de este caso donde es procesado el expresidente Mauricio Funes y 31 imputados a quienes la Fiscalía General de la República acusa de sustraer de Casa Presidencial $351,035,400.49, están pendientes de entregarse varias pericias.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
