Judicial
Fiscalía acusa a ex empleados de gestión de Sánchez Cerén de desviar $183.8 millones
La Fiscalía General de la República presentó la tarde del lunes ante los tribunales de Justicia el requerimiento fiscal contra 18 exfuncionarios y dos empresarios vinculados al desvío de $183,860,715, de las arcas del Estado, durante la gestión del expresidente prófugo Salvador Sánchez Cerén.
El jueves anterior la Fiscalía hizo efectivas las capturas de 15 personas todas ex empleados de la Presidencia de la República en el período de Sánchez Cerén (2014-2019) quienes son acusados de los delitos de peculado (apropiarse de fondos del Estado) y lavado de dinero. Otras tres personas ya son procesadas en el caso Saqueo Público, por lo cual el ministerio Público solicitó que sigan en arresto domiciliar.
#CombateALaImpunidad I Este día, la @FGR_SV ha presentado ante los tribunales el requerimiento fiscal contra 18 exfuncionarios y 2 empresarios vinculados al desvío de US$183,860,715.02. provenientes del Estado, durante la gestión del expresidente Salvador Sánchez Cerén. pic.twitter.com/KmsBjmb0JQ
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Según el fiscal asignado al caso, que será ventilado por el Juzgado 5o. de Paz, los principales involucrados en esta trama de corrupción son el ex presidente prófugo Sánchez Cerén, el ex secretario privado de la Presidencia, Manuel Melgar y Manuel Ayala, quien según la Fiscalía tenía «una función importante» en esa administración.
Otros de los procesados son: Manuel Arturo Ayala, exdirector ejecutivo de la Presidencia de Mauricio Funes y de Sánchez Cerén en los períodos 2009-2014 y 2014-2019; y Jorge Antonio Revelo Vega, exjefe del Estado Mayor Presidencial. Para el caso Revelo habría gestionado incrementos salariales para su equipo sin respetar los procedimientos de la gestión pública.
Además, la Fiscalía ha presentado acusaciones contra Daysi Armida Díaz, quien tenía la función de tesorera institucional de la Presidencia, período 2016-2019; y Alexander Benítez Peña, dueño de Box Car y Taller Frenos y Más, lugar donde se desviaron fondos sin cumplir los requisitos de ley.
#CombateALaImpunidad I Asimismo, Daysi Armida Díaz, extesorera institucional de la Presidencia, período 2016-2019; y Alexander Benítez Peña, Propietario de Box Car y Taller Frenos y Más, lugar donde se desviaron fondos sin cumplir los requisitos de ley. pic.twitter.com/0afSA08AsK
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En el caso de este taller que habría servido para lavar dinero, recibió fondos públicos supuestamente por prestar servicios a la presidencia pero no estaba inscrito entre los proveedores, de acuerdo con lo que ha hecho público la Fiscalía.
Según las investigaciones, estas personas participaron de una trama que facilitó la sustracción de esa millonaria cantidad de dinero para lo cual se abrieron seis cuentas de manera irregular y de esas se transfirió fondos a otras cuentas privadas, tratando con ello de despistar a las autoridades.
En este nuevo caso también están imputados 3 exempleados vinculados al caso de corrupción del expresidente Mauricio Funes, conocido como Saqueo Público en el que se sustrajeron $351 millones y que motivaron la huida de Funes a Nicaragua y también implicados o condenados en el caso Destape a la Corrupción, en el cual Saca admitió haber robado 301 millones de dólares del erario.
Ellos son Francisco Rodríguez Arteaga, exgerente financiero de la Presidencia, Pablo Gómez, exasistente financiero de la Presidencia y Jorge Alberto Herrera Castellanos, extesorero institucional de la Presidencia.
El proceso contra estas 18 personas ha sido presentado ante el Juzgado 5° de Paz de San Salvador.
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▶️Jorge Alberto Herrera Castellanos, extesorero institucional de la Presidencia.
El caso se ha presentado ante el Juzgado 5° de Paz de San Salvador.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
