Judicial
Fiscalía acusa a ex empleados de gestión de Sánchez Cerén de desviar $183.8 millones
La Fiscalía General de la República presentó la tarde del lunes ante los tribunales de Justicia el requerimiento fiscal contra 18 exfuncionarios y dos empresarios vinculados al desvío de $183,860,715, de las arcas del Estado, durante la gestión del expresidente prófugo Salvador Sánchez Cerén.
El jueves anterior la Fiscalía hizo efectivas las capturas de 15 personas todas ex empleados de la Presidencia de la República en el período de Sánchez Cerén (2014-2019) quienes son acusados de los delitos de peculado (apropiarse de fondos del Estado) y lavado de dinero. Otras tres personas ya son procesadas en el caso Saqueo Público, por lo cual el ministerio Público solicitó que sigan en arresto domiciliar.
#CombateALaImpunidad I Este día, la @FGR_SV ha presentado ante los tribunales el requerimiento fiscal contra 18 exfuncionarios y 2 empresarios vinculados al desvío de US$183,860,715.02. provenientes del Estado, durante la gestión del expresidente Salvador Sánchez Cerén. pic.twitter.com/KmsBjmb0JQ
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Según el fiscal asignado al caso, que será ventilado por el Juzgado 5o. de Paz, los principales involucrados en esta trama de corrupción son el ex presidente prófugo Sánchez Cerén, el ex secretario privado de la Presidencia, Manuel Melgar y Manuel Ayala, quien según la Fiscalía tenía «una función importante» en esa administración.
Otros de los procesados son: Manuel Arturo Ayala, exdirector ejecutivo de la Presidencia de Mauricio Funes y de Sánchez Cerén en los períodos 2009-2014 y 2014-2019; y Jorge Antonio Revelo Vega, exjefe del Estado Mayor Presidencial. Para el caso Revelo habría gestionado incrementos salariales para su equipo sin respetar los procedimientos de la gestión pública.
Además, la Fiscalía ha presentado acusaciones contra Daysi Armida Díaz, quien tenía la función de tesorera institucional de la Presidencia, período 2016-2019; y Alexander Benítez Peña, dueño de Box Car y Taller Frenos y Más, lugar donde se desviaron fondos sin cumplir los requisitos de ley.
#CombateALaImpunidad I Asimismo, Daysi Armida Díaz, extesorera institucional de la Presidencia, período 2016-2019; y Alexander Benítez Peña, Propietario de Box Car y Taller Frenos y Más, lugar donde se desviaron fondos sin cumplir los requisitos de ley. pic.twitter.com/0afSA08AsK
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En el caso de este taller que habría servido para lavar dinero, recibió fondos públicos supuestamente por prestar servicios a la presidencia pero no estaba inscrito entre los proveedores, de acuerdo con lo que ha hecho público la Fiscalía.
Según las investigaciones, estas personas participaron de una trama que facilitó la sustracción de esa millonaria cantidad de dinero para lo cual se abrieron seis cuentas de manera irregular y de esas se transfirió fondos a otras cuentas privadas, tratando con ello de despistar a las autoridades.
En este nuevo caso también están imputados 3 exempleados vinculados al caso de corrupción del expresidente Mauricio Funes, conocido como Saqueo Público en el que se sustrajeron $351 millones y que motivaron la huida de Funes a Nicaragua y también implicados o condenados en el caso Destape a la Corrupción, en el cual Saca admitió haber robado 301 millones de dólares del erario.
Ellos son Francisco Rodríguez Arteaga, exgerente financiero de la Presidencia, Pablo Gómez, exasistente financiero de la Presidencia y Jorge Alberto Herrera Castellanos, extesorero institucional de la Presidencia.
El proceso contra estas 18 personas ha sido presentado ante el Juzgado 5° de Paz de San Salvador.
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▶️Jorge Alberto Herrera Castellanos, extesorero institucional de la Presidencia.
El caso se ha presentado ante el Juzgado 5° de Paz de San Salvador.
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Judicial
Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
