Judicial
Fiscalía acusa a ex empleados de gestión de Sánchez Cerén de desviar $183.8 millones
La Fiscalía General de la República presentó la tarde del lunes ante los tribunales de Justicia el requerimiento fiscal contra 18 exfuncionarios y dos empresarios vinculados al desvío de $183,860,715, de las arcas del Estado, durante la gestión del expresidente prófugo Salvador Sánchez Cerén.
El jueves anterior la Fiscalía hizo efectivas las capturas de 15 personas todas ex empleados de la Presidencia de la República en el período de Sánchez Cerén (2014-2019) quienes son acusados de los delitos de peculado (apropiarse de fondos del Estado) y lavado de dinero. Otras tres personas ya son procesadas en el caso Saqueo Público, por lo cual el ministerio Público solicitó que sigan en arresto domiciliar.
#CombateALaImpunidad I Este día, la @FGR_SV ha presentado ante los tribunales el requerimiento fiscal contra 18 exfuncionarios y 2 empresarios vinculados al desvío de US$183,860,715.02. provenientes del Estado, durante la gestión del expresidente Salvador Sánchez Cerén. pic.twitter.com/KmsBjmb0JQ
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Según el fiscal asignado al caso, que será ventilado por el Juzgado 5o. de Paz, los principales involucrados en esta trama de corrupción son el ex presidente prófugo Sánchez Cerén, el ex secretario privado de la Presidencia, Manuel Melgar y Manuel Ayala, quien según la Fiscalía tenía «una función importante» en esa administración.
Otros de los procesados son: Manuel Arturo Ayala, exdirector ejecutivo de la Presidencia de Mauricio Funes y de Sánchez Cerén en los períodos 2009-2014 y 2014-2019; y Jorge Antonio Revelo Vega, exjefe del Estado Mayor Presidencial. Para el caso Revelo habría gestionado incrementos salariales para su equipo sin respetar los procedimientos de la gestión pública.
Además, la Fiscalía ha presentado acusaciones contra Daysi Armida Díaz, quien tenía la función de tesorera institucional de la Presidencia, período 2016-2019; y Alexander Benítez Peña, dueño de Box Car y Taller Frenos y Más, lugar donde se desviaron fondos sin cumplir los requisitos de ley.
#CombateALaImpunidad I Asimismo, Daysi Armida Díaz, extesorera institucional de la Presidencia, período 2016-2019; y Alexander Benítez Peña, Propietario de Box Car y Taller Frenos y Más, lugar donde se desviaron fondos sin cumplir los requisitos de ley. pic.twitter.com/0afSA08AsK
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En el caso de este taller que habría servido para lavar dinero, recibió fondos públicos supuestamente por prestar servicios a la presidencia pero no estaba inscrito entre los proveedores, de acuerdo con lo que ha hecho público la Fiscalía.
Según las investigaciones, estas personas participaron de una trama que facilitó la sustracción de esa millonaria cantidad de dinero para lo cual se abrieron seis cuentas de manera irregular y de esas se transfirió fondos a otras cuentas privadas, tratando con ello de despistar a las autoridades.
En este nuevo caso también están imputados 3 exempleados vinculados al caso de corrupción del expresidente Mauricio Funes, conocido como Saqueo Público en el que se sustrajeron $351 millones y que motivaron la huida de Funes a Nicaragua y también implicados o condenados en el caso Destape a la Corrupción, en el cual Saca admitió haber robado 301 millones de dólares del erario.
Ellos son Francisco Rodríguez Arteaga, exgerente financiero de la Presidencia, Pablo Gómez, exasistente financiero de la Presidencia y Jorge Alberto Herrera Castellanos, extesorero institucional de la Presidencia.
El proceso contra estas 18 personas ha sido presentado ante el Juzgado 5° de Paz de San Salvador.
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▶️Jorge Alberto Herrera Castellanos, extesorero institucional de la Presidencia.
El caso se ha presentado ante el Juzgado 5° de Paz de San Salvador.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
