Judicial
Fiscalía acusa a ex empleados de gestión de Sánchez Cerén de desviar $183.8 millones
La Fiscalía General de la República presentó la tarde del lunes ante los tribunales de Justicia el requerimiento fiscal contra 18 exfuncionarios y dos empresarios vinculados al desvío de $183,860,715, de las arcas del Estado, durante la gestión del expresidente prófugo Salvador Sánchez Cerén.
El jueves anterior la Fiscalía hizo efectivas las capturas de 15 personas todas ex empleados de la Presidencia de la República en el período de Sánchez Cerén (2014-2019) quienes son acusados de los delitos de peculado (apropiarse de fondos del Estado) y lavado de dinero. Otras tres personas ya son procesadas en el caso Saqueo Público, por lo cual el ministerio Público solicitó que sigan en arresto domiciliar.
#CombateALaImpunidad I Este día, la @FGR_SV ha presentado ante los tribunales el requerimiento fiscal contra 18 exfuncionarios y 2 empresarios vinculados al desvío de US$183,860,715.02. provenientes del Estado, durante la gestión del expresidente Salvador Sánchez Cerén. pic.twitter.com/KmsBjmb0JQ
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Según el fiscal asignado al caso, que será ventilado por el Juzgado 5o. de Paz, los principales involucrados en esta trama de corrupción son el ex presidente prófugo Sánchez Cerén, el ex secretario privado de la Presidencia, Manuel Melgar y Manuel Ayala, quien según la Fiscalía tenía «una función importante» en esa administración.
Otros de los procesados son: Manuel Arturo Ayala, exdirector ejecutivo de la Presidencia de Mauricio Funes y de Sánchez Cerén en los períodos 2009-2014 y 2014-2019; y Jorge Antonio Revelo Vega, exjefe del Estado Mayor Presidencial. Para el caso Revelo habría gestionado incrementos salariales para su equipo sin respetar los procedimientos de la gestión pública.
Además, la Fiscalía ha presentado acusaciones contra Daysi Armida Díaz, quien tenía la función de tesorera institucional de la Presidencia, período 2016-2019; y Alexander Benítez Peña, dueño de Box Car y Taller Frenos y Más, lugar donde se desviaron fondos sin cumplir los requisitos de ley.
#CombateALaImpunidad I Asimismo, Daysi Armida Díaz, extesorera institucional de la Presidencia, período 2016-2019; y Alexander Benítez Peña, Propietario de Box Car y Taller Frenos y Más, lugar donde se desviaron fondos sin cumplir los requisitos de ley. pic.twitter.com/0afSA08AsK
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En el caso de este taller que habría servido para lavar dinero, recibió fondos públicos supuestamente por prestar servicios a la presidencia pero no estaba inscrito entre los proveedores, de acuerdo con lo que ha hecho público la Fiscalía.
Según las investigaciones, estas personas participaron de una trama que facilitó la sustracción de esa millonaria cantidad de dinero para lo cual se abrieron seis cuentas de manera irregular y de esas se transfirió fondos a otras cuentas privadas, tratando con ello de despistar a las autoridades.
En este nuevo caso también están imputados 3 exempleados vinculados al caso de corrupción del expresidente Mauricio Funes, conocido como Saqueo Público en el que se sustrajeron $351 millones y que motivaron la huida de Funes a Nicaragua y también implicados o condenados en el caso Destape a la Corrupción, en el cual Saca admitió haber robado 301 millones de dólares del erario.
Ellos son Francisco Rodríguez Arteaga, exgerente financiero de la Presidencia, Pablo Gómez, exasistente financiero de la Presidencia y Jorge Alberto Herrera Castellanos, extesorero institucional de la Presidencia.
El proceso contra estas 18 personas ha sido presentado ante el Juzgado 5° de Paz de San Salvador.
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▶️Jorge Alberto Herrera Castellanos, extesorero institucional de la Presidencia.
El caso se ha presentado ante el Juzgado 5° de Paz de San Salvador.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
Judicial
Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador
Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
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Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
Judicial
Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.
La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.
El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.
El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.
