Judicial
Fiscalía imputa nuevo delito a Enrique Rais, pese a que Corte Suprema ya desestimó los señalamientos
Los tribunales de justicia dieron un nuevo revés a los ciudadanos canadienses Matteo Pascuale y Franco Pacetti, y es que el juzgado sexto de instrucción estableció para el próximo 21 de mayo la fecha fijada para notificarles formalmente de los delitos que pesan en su contra.
De no presentarse Pascuale y Pacetti serían declarados rebeldes y se girarían las órdenes de captura internacional en su contra.
Los abogados Rafael Hernán Cortez Saravia y José David Campos Ventura, apoderados legales del empresario Enrique Rais, denunciaron la semana pasada que la Fiscalía General de la República (FGR) en “su persecución personal contra nuestro representado” presentó una nueva imputación contra el empresario, pese a que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a inicios de este año falló a favor de Rais.
“Declárese improcedente la demanda de amparo firmada por los abogados René Alberto Medrano y Óscar Armando Rosales en calidad de apoderados legales de los señores Matteo Pasquale y Franco Pacetti contra la Fiscalía General de la República”, reza la sentencia emitida por la CSJ días atrás.
En este caso, en el año 2013 los apoderados legales de Enrique Rais demandaron a Pacetti y Pasquale por los delitos de apropiación o retención indebida de las acciones y por extorsión.
Los canadienses no comparecieron ante la justicia y por tal razón el juzgado que conoció el caso ordenó que se emitiera una difusión roja con fines de captura y extradición para Matteo Pasquale y Franco Pacetti, quienes desde esa fecha han interpuesto un amparo, un hábeas corpus y la casación para dilatar el proceso en su contra.
“Uno a uno las diferentes instancias judiciales han desestimado los recursos presentados por los señores Matteo Pasquale y Franco Pacetti, dando la razón a nuestro representado”, acentuaron los abogados Cortez Saravia y Campos Ventura.
Se les pidió a los Canadienses que presentaran las acciones que dicen ser dueños de MIDES y estos no pudieron demostrar su calidad de accionistas, añadieron los abogados de Enrique Rais.
Basados en los reiterados fallos de las diferentes instancias judiciales contra Matteo Pasquale y Franco Pacetti los abogados del empresario subrayaron que “los canadienses no son ni accionistas ni jamás pueden tener la calidad de victima para iniciar ninguna accion pues el propio Matteo Pasquale ante la Camara 2° de lo penal reconoció de su puño y letra que él lo que tiene es una deuda porque vendió la totalidad de las acciones en el año 2005 y esa deuda ya fue pagada en su totalidad como lo demostró la auditoria internacional de Crowe Horwath Audit LLP. Por lo tanto no existe razón para que la Fiscalia intentare nueva imputación contra Rais porque instancias superiores ya resolvieron el tema, si lo hacen seria una doble persecusion penal ‘NEBIS IN IDEMD’”.
VER ANEXO DE CASACIÓN
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
