Judicial
Fiscalía imputa nuevo delito a Enrique Rais, pese a que Corte Suprema ya desestimó los señalamientos
Los tribunales de justicia dieron un nuevo revés a los ciudadanos canadienses Matteo Pascuale y Franco Pacetti, y es que el juzgado sexto de instrucción estableció para el próximo 21 de mayo la fecha fijada para notificarles formalmente de los delitos que pesan en su contra.
De no presentarse Pascuale y Pacetti serían declarados rebeldes y se girarían las órdenes de captura internacional en su contra.
Los abogados Rafael Hernán Cortez Saravia y José David Campos Ventura, apoderados legales del empresario Enrique Rais, denunciaron la semana pasada que la Fiscalía General de la República (FGR) en “su persecución personal contra nuestro representado” presentó una nueva imputación contra el empresario, pese a que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a inicios de este año falló a favor de Rais.
“Declárese improcedente la demanda de amparo firmada por los abogados René Alberto Medrano y Óscar Armando Rosales en calidad de apoderados legales de los señores Matteo Pasquale y Franco Pacetti contra la Fiscalía General de la República”, reza la sentencia emitida por la CSJ días atrás.
En este caso, en el año 2013 los apoderados legales de Enrique Rais demandaron a Pacetti y Pasquale por los delitos de apropiación o retención indebida de las acciones y por extorsión.
Los canadienses no comparecieron ante la justicia y por tal razón el juzgado que conoció el caso ordenó que se emitiera una difusión roja con fines de captura y extradición para Matteo Pasquale y Franco Pacetti, quienes desde esa fecha han interpuesto un amparo, un hábeas corpus y la casación para dilatar el proceso en su contra.
“Uno a uno las diferentes instancias judiciales han desestimado los recursos presentados por los señores Matteo Pasquale y Franco Pacetti, dando la razón a nuestro representado”, acentuaron los abogados Cortez Saravia y Campos Ventura.
Se les pidió a los Canadienses que presentaran las acciones que dicen ser dueños de MIDES y estos no pudieron demostrar su calidad de accionistas, añadieron los abogados de Enrique Rais.
Basados en los reiterados fallos de las diferentes instancias judiciales contra Matteo Pasquale y Franco Pacetti los abogados del empresario subrayaron que “los canadienses no son ni accionistas ni jamás pueden tener la calidad de victima para iniciar ninguna accion pues el propio Matteo Pasquale ante la Camara 2° de lo penal reconoció de su puño y letra que él lo que tiene es una deuda porque vendió la totalidad de las acciones en el año 2005 y esa deuda ya fue pagada en su totalidad como lo demostró la auditoria internacional de Crowe Horwath Audit LLP. Por lo tanto no existe razón para que la Fiscalia intentare nueva imputación contra Rais porque instancias superiores ya resolvieron el tema, si lo hacen seria una doble persecusion penal ‘NEBIS IN IDEMD’”.
VER ANEXO DE CASACIÓN
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
