Judicial
Fiscalía imputa nuevo delito a Enrique Rais, pese a que Corte Suprema ya desestimó los señalamientos
Los tribunales de justicia dieron un nuevo revés a los ciudadanos canadienses Matteo Pascuale y Franco Pacetti, y es que el juzgado sexto de instrucción estableció para el próximo 21 de mayo la fecha fijada para notificarles formalmente de los delitos que pesan en su contra.
De no presentarse Pascuale y Pacetti serían declarados rebeldes y se girarían las órdenes de captura internacional en su contra.
Los abogados Rafael Hernán Cortez Saravia y José David Campos Ventura, apoderados legales del empresario Enrique Rais, denunciaron la semana pasada que la Fiscalía General de la República (FGR) en “su persecución personal contra nuestro representado” presentó una nueva imputación contra el empresario, pese a que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a inicios de este año falló a favor de Rais.
“Declárese improcedente la demanda de amparo firmada por los abogados René Alberto Medrano y Óscar Armando Rosales en calidad de apoderados legales de los señores Matteo Pasquale y Franco Pacetti contra la Fiscalía General de la República”, reza la sentencia emitida por la CSJ días atrás.
En este caso, en el año 2013 los apoderados legales de Enrique Rais demandaron a Pacetti y Pasquale por los delitos de apropiación o retención indebida de las acciones y por extorsión.
Los canadienses no comparecieron ante la justicia y por tal razón el juzgado que conoció el caso ordenó que se emitiera una difusión roja con fines de captura y extradición para Matteo Pasquale y Franco Pacetti, quienes desde esa fecha han interpuesto un amparo, un hábeas corpus y la casación para dilatar el proceso en su contra.
“Uno a uno las diferentes instancias judiciales han desestimado los recursos presentados por los señores Matteo Pasquale y Franco Pacetti, dando la razón a nuestro representado”, acentuaron los abogados Cortez Saravia y Campos Ventura.
Se les pidió a los Canadienses que presentaran las acciones que dicen ser dueños de MIDES y estos no pudieron demostrar su calidad de accionistas, añadieron los abogados de Enrique Rais.
Basados en los reiterados fallos de las diferentes instancias judiciales contra Matteo Pasquale y Franco Pacetti los abogados del empresario subrayaron que “los canadienses no son ni accionistas ni jamás pueden tener la calidad de victima para iniciar ninguna accion pues el propio Matteo Pasquale ante la Camara 2° de lo penal reconoció de su puño y letra que él lo que tiene es una deuda porque vendió la totalidad de las acciones en el año 2005 y esa deuda ya fue pagada en su totalidad como lo demostró la auditoria internacional de Crowe Horwath Audit LLP. Por lo tanto no existe razón para que la Fiscalia intentare nueva imputación contra Rais porque instancias superiores ya resolvieron el tema, si lo hacen seria una doble persecusion penal ‘NEBIS IN IDEMD’”.
VER ANEXO DE CASACIÓN
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
