Judicial
FGR dice que Mecafé y su familia, cercana al prófugo Mauricio Funes, se enriquecieron ilícitamente con $3 millones
El empresario Miguel Menéndez Avelar, «Mecafé», expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco.) y amigo personal del prófugo Mauricio Funes, enfrenta junto a su esposa y dos hijas, la última audiencia del juicio civil por enriquecimiento ilícito de $3,035,337.41.
Fiscales de la Unidad Anticorrupción en los alegatos finales han pedido a los magistrados de la Cámara Primera de lo Civil que los condene al finalizar la audiencia probatoria.
La Fiscalía General de la República ha solicitado que «Mecafé» regrese al Estado $2,823,281.11 que es la cantidad con la que se enriqueció ilícitamente y que fue detectada a través de 16 irregularidades consistentes en depósitos por medio de cheques y efectivo, inversiones, adquisición de cuatro vehículos, pago de tarjetas de crédito, adquisición de inmuebles y pago de préstamos.
Su esposa, Fátima Yanira Henríquez de Menéndez, debe regresar $59,760.95, por tres irregularidades y sus hijas, Fátima Yanira Menéndez de Baires, $128,833.43, mientras que Andrea Vanessa Menéndez Henríquez, $23,461.92.
Uno de los fiscales dijo a los magistrados que «el peritaje financiero hecho por los dos peritos acredita que el señor Menéndez Avelar y su grupo familiar han tenido un incremento patrimonial no justificado».
Según los fiscales «Mecafé» y su grupo familiar gastaban más de lo que generaban de ingresos. «El total de ingresos no era suficiente para cubrir su estilo de vida», dijo el fiscal en su exposición final.
Han presentado como prueba la declaración jurada de patrimonio que Menéndez Avelar presentó en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), certificación de la resolución de Corte Plena cuando ordenó iniciar el juicio civil, documentación bancaria sobre productos financieros de los demandados, documentación sobre los vehículos obtenidos y los peritajes financieros.
El juicio civil fue iniciado el 7 de enero de 2020, cuando Menéndez Avelar y su grupo familiar fueron demandados inicialmente por supuesto enriquecimiento ilícito de $2,366,950.18, pero con el peritaje financiero contable el monto se incrementó a $3,035,337.18.
La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia les encontrara 29 irregularidades que no pudieron desvanecer y ese monto de dinero es señalado por la Fiscalía como un incremento patrimonial no justificado que no pudieron desvirtuar, según expuso un fiscal a los magistrados.
La Fiscalía ha solicitado que a los demandados se les aplique la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos vigente desde el año 1959 que señala un régimen sancionatorio de multas para restituir al Estado lo que se ha adquirido indebidamente.
Los fiscales de la Unidad Anticorrupción han pedido que se tome en cuenta el artículo 20 de la normativa para que cuando la sentencia sea condenatoria, los responsables sin causa justa sean sancionados a restituir al Estado lo que hubieren adquirido indebidamente.
Además, debe hacerse valer el artículo 21 de dicha ley, para que el funcionario o empleado que sea encontrado culpable quedara inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante diez años.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
