Judicial
FGR advierte que cualquier funcionario involucrado en delito será perseguido
El fiscal general, Rodolfo Delgado, ha advertido que, «Quien sea que haya cometido delito, será perseguido y punto». Esta reacción surge en respuesta a la petición del presidente de la república, Nayib Bukele, de solicitarle que investigue a todos los miembros de su Gabinete.
La noche del martes, en cadena nacional, el mandatario hizo saber a sus ministros, directores y presidentes de instituciones gubernamentales que será incrementada la fiscalización del quehacer de las carteras de Estado. En tal sentido, solicitó el apoyo del titular de la Fiscalía General de la República (FGR).
«Los que estamos aquí reunidos son parte del Órgano Ejecutivo, a excepción de una persona, el fiscal general. Está acá por una razón sencilla, es porque le quiero pedir en público que investiguemos a todos los que están acá, para atrás y para adelante. Imagino que no hay ningún problema», expresó el gobernante durante la reunión que sostuvo con sus funcionarios en Casa Presidencial.
A través de su cuenta oficial de X, Delgado ha expuesto que: «Cuando el fiscal general era un simple títere de los que buscaban mantener sometido al país a sus antojos, las investigaciones de los funcionarios de turno se retrasaban, manipulaban o, incluso, se ´engavetaban´».
El jefe de la Fiscalía añadió: «Si pensaron que seguiríamos actuando igual, se equivocaron».
Finalmente, a lo solicitado por el presidente Bukele de investigar a sus funcionarios advirtió: «Quien sea que haya cometido delito, será perseguido y punto».
Por su parte, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, destacó la decisión del mandatario de solicitar a la Fiscalía investigar a sus funcionarios. «Decisión correcta y valiente del Presidente Nayib Bukele pedir al Sr. fiscal investigar», publicó.
Acto seguido escribió en sus redes sociales: «Sr. Fiscal General no estará muy difícil!!! Solo basta sumar los ingresos de cada funcionario público y cruzar su crecimiento económico, su nivel de vida, propiedades. Incluyendo compras suntuosas como adquirir Maserati entre otras cosas».
El ministro Castro felicitó al gobernante, al tiempo que advirtió sobre las consecuencias de robar el aporte de los salvadoreños. «Felicidades Presidente, un funcionario que roba erario público roba el futuro de las actuales y nuevas generaciones».
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
