Judicial
Exmagistrado Escalante es condenado a 10 años de cárcel por agredir sexualmente a niña de 10 años
A 10 años de prisión fue condenado el magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, por el delito de agresión sexual en menor e incapaz, según han resuelto los magistrados de la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador.
El funcionario quien estaba suspendido mientras duraba el proceso penal y con medidas fue detenido para ser enviado a un centro penitenciario.
«El señor Eduardo Escalante Díaz ha quedado inmediatamente detenido, se ha pedido detener el principio de inocencia por tanto ha quedado en detención provisional, claro, la ley le da los recursos que le establecen a la defensa técnica, pero este día se ha logrado la condena», dijo una de las fiscales.
En esta vista pública que fue ordenada por la Sala de Lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Fiscalía General de la República presentó peritos y testigos con quienes probó ante los magistrados la participación del hecho.
Escalante Díaz, quien había fungido como segundo magistrado propietario de la Cámara Tercera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, cometió el delito agresión sexual en perjuicio de una niña de 10 años, el 18 de febrero de 2019, en la residencial Altavista, de Tonacatepeque.
El ministerio público inició el caso como una agresión sexual en menor e incapaz agravada, pero en la audiencia inicial, la Cámara Primera de lo Penal quitó la agravante y le otorgó al magistrado medidas alternas a la detención las cuales cesaron con la condena impuesta este lunes.
En la audiencia preliminar Escalante Díaz fue exonerado porque según la cámara había delito sino que se trataba de una falta sancionada con multa de diez a 30 días.
La Fiscalía General de la República apeló ante la Sala de lo Penal y los magistrados de esa instancia cambiaron la resolución y se ordenó que el proceso pasara a juicio.
Cuando el caso se comenzó a conocer en la Cámara Primera de lo Penal, el imputado dijo que cuando andaba en Altavista buscando unos libros, con su carro atropelló a la menor y que unos pandilleros lo iban siguiendo pero que logró escapar, pero la Fiscalía sostuvo en ese momento, que en la zona ninguna unidad policial reportó un accidente.
En la audiencia inicial los abogados de Escalante Díaz, pidieron que si expediente llegaba a vista pública se les admitiera como prueba el testimonio de un vendedor de libros del centro de San Salvador para probar que le recomendó a Escalante Díaz, que fuera a dicha residencial a buscar la literatura que andaba buscando.
El procesado dijo habría llamado a su compañera magistrada de la Cámara Tercera de lo Civil para informarle que cuando andaba buscando los libros en Altavista tuvo un problema al golpear a una niña y que pandilleros le habían dado persecución.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
El Juzgado Primero de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Silvia Cecilia Orellana, de 41 años, quien es acusada por dos personas de lanzar piedras a los parabrisas de sus vehículos mientras circulaban por distintos puntos de San Salvador. La imputada es procesada por el delito de daños en perjuicio patrimonial.
De acuerdo con la investigación fiscal, Orellana fue detenida el pasado 21 de junio de 2026 en San Salvador, luego de ser denunciada por presentar un comportamiento agresivo.
Según el expediente judicial, el primer hecho ocurrió cerca del puente de la colonia El Bosque, donde la mujer lanzó una piedra que impactó el vehículo de una de las víctimas, provocando rayones en el capó y daños en el parabrisas delantero, el cual quedó astillado.
El segundo caso se registró cuando otra víctima transitaba por la avenida Cuscatancingo, en la intersección con la calle Buenos Aires. En ese lugar, Orellana también lanzó piedras contra el automóvil, ocasionando que el parabrisas delantero quedara totalmente destruido.
Durante la audiencia inicial, el tribunal determinó que los indicios presentados acreditan la existencia del delito y la probable participación de la imputada, por lo que el proceso continuará en la fase de instrucción con la acusada en detención provisional.
