Judicial
Exmagistrado Escalante es condenado a 10 años de cárcel por agredir sexualmente a niña de 10 años
A 10 años de prisión fue condenado el magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, por el delito de agresión sexual en menor e incapaz, según han resuelto los magistrados de la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador.
El funcionario quien estaba suspendido mientras duraba el proceso penal y con medidas fue detenido para ser enviado a un centro penitenciario.
«El señor Eduardo Escalante Díaz ha quedado inmediatamente detenido, se ha pedido detener el principio de inocencia por tanto ha quedado en detención provisional, claro, la ley le da los recursos que le establecen a la defensa técnica, pero este día se ha logrado la condena», dijo una de las fiscales.
En esta vista pública que fue ordenada por la Sala de Lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Fiscalía General de la República presentó peritos y testigos con quienes probó ante los magistrados la participación del hecho.
Escalante Díaz, quien había fungido como segundo magistrado propietario de la Cámara Tercera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, cometió el delito agresión sexual en perjuicio de una niña de 10 años, el 18 de febrero de 2019, en la residencial Altavista, de Tonacatepeque.
El ministerio público inició el caso como una agresión sexual en menor e incapaz agravada, pero en la audiencia inicial, la Cámara Primera de lo Penal quitó la agravante y le otorgó al magistrado medidas alternas a la detención las cuales cesaron con la condena impuesta este lunes.
En la audiencia preliminar Escalante Díaz fue exonerado porque según la cámara había delito sino que se trataba de una falta sancionada con multa de diez a 30 días.
La Fiscalía General de la República apeló ante la Sala de lo Penal y los magistrados de esa instancia cambiaron la resolución y se ordenó que el proceso pasara a juicio.
Cuando el caso se comenzó a conocer en la Cámara Primera de lo Penal, el imputado dijo que cuando andaba en Altavista buscando unos libros, con su carro atropelló a la menor y que unos pandilleros lo iban siguiendo pero que logró escapar, pero la Fiscalía sostuvo en ese momento, que en la zona ninguna unidad policial reportó un accidente.
En la audiencia inicial los abogados de Escalante Díaz, pidieron que si expediente llegaba a vista pública se les admitiera como prueba el testimonio de un vendedor de libros del centro de San Salvador para probar que le recomendó a Escalante Díaz, que fuera a dicha residencial a buscar la literatura que andaba buscando.
El procesado dijo habría llamado a su compañera magistrada de la Cámara Tercera de lo Civil para informarle que cuando andaba buscando los libros en Altavista tuvo un problema al golpear a una niña y que pandilleros le habían dado persecución.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
