Judicial
Exfiscal general Douglas Meléndez es denunciado por “sometimiento y tortura” a testigo de casos contra Saca y Funes
“Fue un hecho que se dio a inicios del período del exfiscal general, en la que trataron a una persona de la misma forma que se ha conocido que han tratado a algunos fiscales, sometiéndolos, torturándolos básicamente, para obligarlos a dar información o decir cosas que no les constan y utilizarlos dentro de procesos como testigos criteriosos”, señaló el lunes uno de los abogados del señor Roberto Rodríguez, quien acusa al ex fiscal general Douglas Meléndez de “tortura” y “sometimiento” para declarar en los casos Destape a la Corrupción y Saqueo Público.
Roberto Rodríguez fue uno de los testigos en ambos casos que involucran a dos expresidentes de la República, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes. El demandante a través de sus apoderados legales señala a Meléndez de obligarlos a testificar, diciendo cosas que no le constaban él pero que servirían para incriminar a Saca y Funes, así lo dijo uno de sus abogados.
Pero la demanda no es solo contra Douglas Meléndez ya que el ahora demandante señala además al exjefe de la unidad Financiera, Jorge Cortez y otros fiscales auxiliares por delitos como actos arbitrarios, coacción, atentados relativos al derecho de defensa, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica, falsedad documental agravada.
Ante este hecho, Roberto Rodríguez habría presentado en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) una demanda contra Meléndez y el resto de señalados, pero se enteraron que la PDDH estaba siendo sometida por el exfiscal general en su momento.
Los abogados dijeron que no se había presentado con anterioridad la demanda debido al temor por la manare de actual de Douglas Meléndez.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
