Judicial
Exfiscal general Douglas Meléndez es denunciado por “sometimiento y tortura” a testigo de casos contra Saca y Funes
“Fue un hecho que se dio a inicios del período del exfiscal general, en la que trataron a una persona de la misma forma que se ha conocido que han tratado a algunos fiscales, sometiéndolos, torturándolos básicamente, para obligarlos a dar información o decir cosas que no les constan y utilizarlos dentro de procesos como testigos criteriosos”, señaló el lunes uno de los abogados del señor Roberto Rodríguez, quien acusa al ex fiscal general Douglas Meléndez de “tortura” y “sometimiento” para declarar en los casos Destape a la Corrupción y Saqueo Público.
Roberto Rodríguez fue uno de los testigos en ambos casos que involucran a dos expresidentes de la República, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes. El demandante a través de sus apoderados legales señala a Meléndez de obligarlos a testificar, diciendo cosas que no le constaban él pero que servirían para incriminar a Saca y Funes, así lo dijo uno de sus abogados.
Pero la demanda no es solo contra Douglas Meléndez ya que el ahora demandante señala además al exjefe de la unidad Financiera, Jorge Cortez y otros fiscales auxiliares por delitos como actos arbitrarios, coacción, atentados relativos al derecho de defensa, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica, falsedad documental agravada.
Ante este hecho, Roberto Rodríguez habría presentado en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) una demanda contra Meléndez y el resto de señalados, pero se enteraron que la PDDH estaba siendo sometida por el exfiscal general en su momento.
Los abogados dijeron que no se había presentado con anterioridad la demanda debido al temor por la manare de actual de Douglas Meléndez.
Internacionales
Guatemala extradita a El Salvador al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes por hurto agravado
La Policía Nacional de Guatemala, con apoyo de INTERPOL, entregó a las autoridades salvadoreñas al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, requerido por el delito de hurto agravado.
La extradición se realizó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, emitida el 5 de marzo, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Gaitán Paredes había estado recluido en la cárcel Mariscal Zavala y, una vez resuelta su situación legal en Guatemala, fue trasladado a través de la frontera de Valle Nuevo, donde fue recibido por agentes de INTERPOL de El Salvador.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.
De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.
Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.
Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.
Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.
El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
