Judicial
Exdirector FOSOFAMILIA y su cónyugue enfrentan demanda en la FGR por presunto enriquecimiento ilícito de $284,949.94
Yuri Rodolfo Jenkins Lorenzana, exdirector del Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (FOSOFAMILIA), y su cónyuge Violeta Yanira de Jenkins, enfrentan una demanda en la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
A los señalados se les acusa de incremento patrimonial por un total de $284,949.94 de los cuáles no presentaron respaldo sobre su origen.
La demanda presentada, ayer, martes por la Fiscalía ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla, que también conoce los casos de tipo civil, fue producto de las investigaciones financieras de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.
Probidad le presentó los hallazgos del supuesto enriquecimiento ilícito de Jenkins Lorenzana, y su esposa, al pleno de la Corte Suprema de Justicia, tras analizar el patrimonio familiar del exfuncionario durante su gestión.
Jenkins Lorenzana fue director ejecutivo del FOSOFAMILIA del 2 de enero de 2006 al 16 de marzo de 2010.
Sin embargo, fue hasta el pasado 10 de marzo que la Corte Plena encontró que hay suficientes indicios de riqueza ilícita en las cuentas del exdirector de FOSOFAMILIA y le certificó a la Fiscalía para que presente la demanda ante la cámara correspondiente.
La Cámara deberá programar las audiencias preparatoria y probatoria, donde ambas partes deben presentar las pruebas del caso.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
