Judicial
Ex primera dama Ana Ligia de Saca condenada a 10 años de prisión por lavado de dinero
El Tribunal 4° de Sentencia condenó a 10 años de cárcel a la exprimera Dama de la República, Ana Ligia de Saca y su hermano Oscar Edgardo Mixco Sol, por lavado de dinero y activos, asimismo impuso siete años de prisión al exauditor del Grupo Radial SAMIX; Milton Romeo Avilés Cruz, por casos especiales del delito de encubrimiento.
“Señaló por unanimidad se encuentran culpables a estas tres personas y se les decreta la detención provisional, para garantizar el cumplimiento de la pena, mientras queda en firme la sentencia”, argumentó.
Los condenados se quedarán en las bartolinas del Centro Judicial Isidro Menéndez a la espera de que la Dirección de Centros Penales tenga disponibilidad de espacios en las penitenciarías.
En la lectura del fallo el juez señalo que restaba credibilidad al dicho del expresidente Elías Antonio Saca quien declaró de testigo de descargo: “cómo es posible que lo pongan a declarar…es un testimonio viciado, ilegitimo, las declaraciones del señor”, dijo.
Mientras tanto, en este mismo caso fueron absueltos, por mayoría, es decir; dos jueces a uno, a Sonia Guadalupe Morales de Reyes, a María Emma Suazo Canjura, a Ángel José Montoya Morales, a Oswaldo Octavio Orantes Marenco y a Julio Roberto Zamora Bolaños, quienes eran acusados por el Ministerio Público Fiscal del delito de lavado de dinero y de activos.
El Juez presidente de dicho Tribunal, dio su voto razonado, argumentando que “para el todos los procesados eran culpables y que basaba su fallo en la prueba testimonial que desfiló en la vista pública… los testigos que gozaban de régimen de protección y en el testimonio del testigo Jorge Hernández”.
Argumento también que “la prueba testimonial fue suficiente para tener por establecida la autoría de los acusados”, señaló.
Asimismo, recalcó que restaba credibilidad en la prueba pericial y documental presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) refiriéndose a los peritos.
Para el juzgador “todos los procesados recibían fondos y luego hacían actividades de transferencias, según los testigo, no estoy tomando en cuenta la pericia, porque son ilegitimas porque son fotocopias”, refirió.
En el juicio se demostró que Milton Avilés conoció las irregularidades que estaban sucediendo, pero hizo caso omiso y firmó informes de auditorías donde se eliminaban estas observaciones contables.
Quedó establecido, mediante prueba testimonial que Avilés era el encargado de avalar; mediante el desarrollo de procedimiento de auditoría, las operaciones que desarrollaba el Grupo Radial Samix, dicha validación la ejercía directamente él o la delegaba a auxiliares de auditoría, bajo su supervisión.
La FGR demostró al Tribunal que la investigación se relacionó con las Sociedades del expresidente de la República, Elías Antonio Saca y su esposa; Ana Ligia Mixco Sol de Saca, en el que quedó establecido la participación de los hermanos Mixco Sol, debido a que ocultaron la verdadera naturaleza de los fondos depositados, en las cuentas de las Sociedades del Grupo Radial Samix, los que provenían del heraldo público.
En los próximos días, los ahora condenados serán trasladados a diferentes Centros Penitenciarios.
En cuanto a la responsabilidad civil los jueces manifestaron que se dará a conocer cuando se entregue el documento escrito de la condena, el próximo 21 de los corrientes.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
