Judicial
Ex primera dama Ana Ligia de Saca condenada a 10 años de prisión por lavado de dinero
El Tribunal 4° de Sentencia condenó a 10 años de cárcel a la exprimera Dama de la República, Ana Ligia de Saca y su hermano Oscar Edgardo Mixco Sol, por lavado de dinero y activos, asimismo impuso siete años de prisión al exauditor del Grupo Radial SAMIX; Milton Romeo Avilés Cruz, por casos especiales del delito de encubrimiento.
“Señaló por unanimidad se encuentran culpables a estas tres personas y se les decreta la detención provisional, para garantizar el cumplimiento de la pena, mientras queda en firme la sentencia”, argumentó.
Los condenados se quedarán en las bartolinas del Centro Judicial Isidro Menéndez a la espera de que la Dirección de Centros Penales tenga disponibilidad de espacios en las penitenciarías.
En la lectura del fallo el juez señalo que restaba credibilidad al dicho del expresidente Elías Antonio Saca quien declaró de testigo de descargo: “cómo es posible que lo pongan a declarar…es un testimonio viciado, ilegitimo, las declaraciones del señor”, dijo.
Mientras tanto, en este mismo caso fueron absueltos, por mayoría, es decir; dos jueces a uno, a Sonia Guadalupe Morales de Reyes, a María Emma Suazo Canjura, a Ángel José Montoya Morales, a Oswaldo Octavio Orantes Marenco y a Julio Roberto Zamora Bolaños, quienes eran acusados por el Ministerio Público Fiscal del delito de lavado de dinero y de activos.
El Juez presidente de dicho Tribunal, dio su voto razonado, argumentando que “para el todos los procesados eran culpables y que basaba su fallo en la prueba testimonial que desfiló en la vista pública… los testigos que gozaban de régimen de protección y en el testimonio del testigo Jorge Hernández”.
Argumento también que “la prueba testimonial fue suficiente para tener por establecida la autoría de los acusados”, señaló.
Asimismo, recalcó que restaba credibilidad en la prueba pericial y documental presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) refiriéndose a los peritos.
Para el juzgador “todos los procesados recibían fondos y luego hacían actividades de transferencias, según los testigo, no estoy tomando en cuenta la pericia, porque son ilegitimas porque son fotocopias”, refirió.
En el juicio se demostró que Milton Avilés conoció las irregularidades que estaban sucediendo, pero hizo caso omiso y firmó informes de auditorías donde se eliminaban estas observaciones contables.
Quedó establecido, mediante prueba testimonial que Avilés era el encargado de avalar; mediante el desarrollo de procedimiento de auditoría, las operaciones que desarrollaba el Grupo Radial Samix, dicha validación la ejercía directamente él o la delegaba a auxiliares de auditoría, bajo su supervisión.
La FGR demostró al Tribunal que la investigación se relacionó con las Sociedades del expresidente de la República, Elías Antonio Saca y su esposa; Ana Ligia Mixco Sol de Saca, en el que quedó establecido la participación de los hermanos Mixco Sol, debido a que ocultaron la verdadera naturaleza de los fondos depositados, en las cuentas de las Sociedades del Grupo Radial Samix, los que provenían del heraldo público.
En los próximos días, los ahora condenados serán trasladados a diferentes Centros Penitenciarios.
En cuanto a la responsabilidad civil los jueces manifestaron que se dará a conocer cuando se entregue el documento escrito de la condena, el próximo 21 de los corrientes.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
