Judicial
Empleado de alcaldía de Jocoaitique es condenado por el delito de violencia contra la mujer y amenazas
El Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impuso una condena de un pago de tres salarios mínimos ($900 dólares) a Jorge Mauricio Vásquez Nolasco, de 25 años de edad, luego de haber sido procesado por denigrar a una de sus compañeras de trabajo de la alcaldía de Jocoaitique, en el departamento de Morazán.
El delito por el que fue instalada la audiencia en contra del joven fue por el de expresiones de violencia contra las mujeres. A la vez, fue condenando a dos años más de prisión por el delito de amenazas y como responsabilidad civil cancelará $500 a la víctima.
De acuerdo a la denuncia, desde enero de 2017 la víctima comenzó a recibir actitudes de hostigamiento, acompañados de frases denigrantes, que la obligaron a denunciar a Vásquez Nolasco en la Unidad de la Mujer de la alcaldía, donde le impusieron una multa administrativa.
Sin embargo, el incriminado continuó con sus acciones, por lo que obligaron a la ofendida a buscar ayuda médica en el Hospital Nacional de San Francisco Gotera, pues resultó afectada emocional y psicológicamente.
La víctima lo denunció ante las autoridades respectivas cuando en horas de la tarde del 12 de enero de este año el incriminado la amenazó con hacerle daño a su hija, por lo que la Policía Nacional Civil (PNC) lo capturó en flagrancia.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
